Ley de Vivienda

Quedan 20 días para las elecciones generales y se va conociendo el programa electoral de las formaciones políticas. El Partido Popular plantea un plan de choque en materia de vivienda basado en aumentar de forma acelerada la oferta, movilizar suelo público y privado y reducir trabas administrativas, entre ellas derogar la Ley de Vivienda. Su principal compromiso se centrará en iniciar y finalizar un millón de viviendas en cuatro años para facilitar la emancipación de los jóvenes antes de los 30 años. Las competencias en materia de vivienda dependerán directamente del presidente del Gobierno.

España lidera el crecimiento económico en la zona del euro. El Gobierno lo celebra, pero hay algo que no cuadra: el precio de la vivienda en venta sigue en máximos históricos, el alquiler sigue asfixiando a las familias y muchos españoles tienen la sensación de que, por mucho que trabajen, les cuesta llegar a final de mes. Hoy tenemos con nosotros a uno de los economistas más directos del país, Carlos Rodríguez Braun, que nos recuerda que la mayoría de los pisos en alquiler en España son de "la clase media con ingresos muy modestos" y que en la época de Franco ya se controló el precio del alquiler con la conocida "renta antigua". También advierte de que el Gobierno ha subido los impuestos sobre la gran masa de la población española a través de no deflactar el IRPF.

El centro político tiene un nuevo actor en España de cara a las generales del 29N, Democracia21, la formación política liderada por la abogada Miriam González, esposa del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg. Esta nueva organización ha presentado su plan de vivienda, que incluye topar el precio de los alquileres, rebajas fiscales, medidas contra la okupación y facilidades para que los jóvenes puedan pagar su alquiler. También propone soluciones en el corto y el medio y largo plazo para alcanzar un "pacto de reconciliación entre propietarios e inquilinos".

El real decreto de vivienda que prepara el Gobierno encara su fase final de negociación con más incógnitas que certezas. PSOE y Sumar mantienen conversaciones contra reloj para aunar un texto que pueda conjugar las exigencias divergentes de sus socios de investidura, desde Junts a Podemos, para que la iniciativa no vuelva a estrellarse en su convalidación en el Congreso. El borrador del paquete de medidas que esperan llevar al Consejo de Ministros de este martes incluye, entre otras, la prórroga de los alquileres, prohibir a los fondos de inversión la compra de vivienda o bonificaciones fiscales para los caseros que bajen el precio del alquiler.

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Xunta de Galicia contra la Ley por el Derecho a la Vivienda.

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno vasco contra diversos preceptos de la Ley estatal de Vivienda al considerar que vulneraba sus competencias autonómicas. En concreto, recurrió un total de siete artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales. Sin embargo, el recurso ha sido desestimado en una sentencia que sostiene que elementos de la norma como el índice estatal de precios no impide a las comunidades definir sus propios índices de referencias.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha prometido este lunes que su partido, cuando llegue al Gobierno, aprobará en su primer Consejo de Ministros un plan que liberalice suelo para "desbloquear un millón de viviendas". En una rueda de prensa, Sémper se ha pronunciado sobre el que es uno de los principales problemas de la sociedad y, además de criticar la acción del Gobierno en lo relativo a la vivienda, también ha trasladado alguno de los compromisos asumidos por su partido: bajar los impuestos a la compra, garantizar avales públicos para que los jóvenes puedan dar la entrada de su vivienda y derogar la Ley de Vivienda.

El Congreso ha aprobado una moción presentada por el PP que reclama al Gobierno permitir el desalojo de okupas en un plazo de 24 a 48 horas como máximo, derogar la Ley de Vivienda de 2023 ante los "efectos negativos" que ha generado desde su entrada en vigor y rebajar el IVA de adquisición de primera vivienda nueva del 10% al 4%. La iniciativa, que no es vinculante para el Ejecutivo aunque sí un toque de atención parlamentario, ha dividido a los socios de la coalición. Mientras el PSOE se abstuvo en la votación, Sumar votó en contra.

La Comisión Europea ha presentado el borrador de 'Affordable Housing Act', un nuevo Plan de Vivienda Asequible que, entre otras medidas, dotará a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para limitar el alquiler turístico y la compra de segundas residencias en zonas con alta presión habitacional, siempre que quede demostrada su necesidad proporcional y temporal. Además, dicha normal excluye los topes a los precios del alquiler y obliga a los Estados miembros a presentar medidas para incrementen la oferta de viviendas. El Ejecutivo Comunitario deberá presentar el documento para su aprobación en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula los aspectos legales del derecho inmobiliario. A lo largo del tiempo, ha sufrido modificaciones que han cambiado cuestiones tan importantes como la duración de los contratos de alquiler o la subida de las rentas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado durante una entrevista en la cadena SER que el Gobierno sigue trabajando con los grupos parlamentarios en el Real Decreto-ley de vivienda cuya aprobación en Consejo de Ministros estaba prevista para antes del verano y que se retrasó a septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios. Sánchez ha remarcado que existen discrepancias con algunos elementos que está proponiendo el Gobierno, sobre todo con Junts y con los partidos a la izquierda del PSOE (como Sumar o Podemos). "Lo que pediría a los grupos parlamentarios es que hagamos un ejercicio de responsabilidad máxima", ha remarcado.

El Gobierno prepara un nuevo Real Decreto-ley de Vivienda que introduce una profunda reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y modifica algunas de las principales reglas que rigen el mercado del alquiler. Aunque el texto todavía se encuentra en fase de borrador y podría sufrir cambios antes de su aprobación definitiva, varias de sus medidas ya han generado un intenso debate por el impacto que podrían tener tanto para propietarios como para inquilinos. Desde el alquiler de habitaciones hasta los desahucios, pasando por las reparaciones de la vivienda o la venta de inmuebles arrendados, estas son algunas de las propuestas más controvertidas del nuevo decreto.

El informe del Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda obtuvo en marzo un insólito respaldo por parte del grupo popular, el socialdemócrata y los liberales. 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones, valieron para aprobar un diagnóstico que señala la falta de oferta de casas como uno de los principales motivos que dificultan el acceso a la vivienda en todo el continente, desde Varsovia a Lisboa. El eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez (Zaragoza, 1985), fue el ponente y uno de los redactores de este documento. En esta entrevista para idealista/news, se muestra convencido de que "todas las políticas" tienen que ir dirigidas a ese objetivo: aumentar el número de inmuebles para mitigar el problema.

La Ley de Vivienda trajo consigo el concepto de zona tensionada. Se trata de espacios en los que, debido a las particulares condiciones del mercado de la vivienda, existe riesgo de oferta insuficiente para la población.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Ley de Vivienda, al considerar que no priva de capacidad de decisión a las comunidades autónomas. Se trata de la sexta sentencia en la que el tribunal se pronuncia a favor de la normativa estatal que entró en vigor hace tres años. En este caso, la sentencia abordaba la impugnación de los preceptos relativos a la actividad planificadora del Estado en materia de subvenciones de vivienda y ha determinado que no se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia.

La Generalitat de Cataluña ha impuesto tres multas de 30.000 euros a tres grandes tenedores por incumplimientos de la Ley de Vivienda. Además, existen otras tres sanciones que tienen el expediente cerrado, pero que aún no han sido notificadas, y hay 654 expedientes en tramitación, según han explicado fuentes de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este viernes. Las multas previstas por incumplir la Ley de Vivienda van de 3.000 a 900.000 euros, en función de la gravedad del incumplimiento.

La aplicación de límites a los precios del alquiler en las zonas declaradas de mercado tensionado, como muchos municipios de Cataluña, País Vasco o Navarra, ha provocado una moderación de sus valores medios, según un estudio de Fedea, pero tiene una contrapartida allí donde se aplica la Ley de Vivienda: se ha reducido drásticamente la oferta, lo que deja menos opciones para una demanda que no ha dejado de subir. Los expertos alertan también de que los nuevos inquilinos no es que estén pagando menos por los arrendamientos, si no que lo que se está reduciendo es el tamaño de la vivienda alquilada.

El supervisor financiero ha dedicado un apartado especial a la situación crítica de la vivienda en su Informe Anual de 2025. Además de elevar el déficit residencial hasta las 750.000 unidades, el organismo encabezado por el exministro José Luis Escrivá pone sobre la mesa los efectos negativos o limitados que pueden tener algunas de las medidas que han tomado tanto el Gobierno como las CCAA en los últimos tiempos si no van acompañadas de un aumento de la oferta. Por ejemplo, afirma que el tope de los alquileres en zonas tensionadas puede provocar “efectos no deseados”, como la disminución de la renta real de los propietarios, menores incentivos para invertir o la subida de rentas en el mercado no regulado. También menciona los escasos efectos de los avales públicos para comprar vivienda o el impacto negativo de limitar los pisos turísticos en el comercio local.

Con PP y Vox compartiendo asientos en el Gobierno aragonés tras las elecciones del 8 de febrero tras el pacto de coalición, se incorporarán en el periodo de enmiendas los acuerdos que facilitaron la investidura de Jorge Azcón como presidente, entre ellos, la polémica 'prioridad nacional', en este caso, parar primar el acceso a los pisos públicos a las personas con arraigo en el territorio. El proyecto también incluirá el blindaje de la VPO de por vida.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un estudio sobre el impacto de la aplicación de la Ley de Vivienda. Una normativa que está ayudando a moderar los precios del alquiler allí donde se ha puesto en marcha, pero que no ha cumplido su objetivo de mejorar el acceso a la vivienda. ¿El motivo? Desde su entrada en vigor, la oferta se ha reducido con fuerza y se ha multiplicado la competencia por cada vivienda, limitando las opciones de quienes buscan un piso en arrendamiento. El documento también achaca la subida de los precios al déficit residencial que existe en el mercado.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Laura Díez Bueso, confirma la plena validez constitucional de todos los preceptos impugnados de la conocida como Ley de Vivienda. Se trata de la quinta resolución del TC sobre esta misma ley. La sentencia no ha sido unánime y ha contado con cinco votos particulares.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que es posible construir un millón de viviendas nuevas en España en una legislatura y crear más de 500.000 puestos de trabajo, mientras que ha denunciado el desastre sin paliativos de la política "intervencionista" del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la vivienda. ara Feijóo, también es posible que los jóvenes tengan una política específica para que puedan ser propietarios de una vivienda como generaciones anteriores lo eran ya a la edad de 35-40 años. "Que todos los datos de acceso a la vivienda hayan empeorado no es una casualidad", ha destacado.

Un año después de la declaración de 21 municipios navarros como zonas de mercado residencial tensionado, y ocho meses en funcionamiento, el precio medio del alquiler ha descendido un 2% anual en las áreas intervenidas en el primer trimestre de 2026, situándose en 778 euros mensuales de media en Navarra, según el propio Gobierno foral. El mismo estudio confirma también una caída en los contratos de alquiler habitual (-19,1%), aunque suponen nueve de cada 10 acuerdos formalizados, con los arrendamientos de temporada subiendo más de un 30% en el último año.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha denunciado este jueves que la Ley de Vivienda sigue sin resolver los problemas de acceso a la vivienda en alquiler tras tres años en vigor. La organización ha insistido en que, tal y como fue articulada la Ley, ésta resulta "ineficiente, inaplicable y contraproducente". "El balance tras este periodo de vigencia dibuja un escenario nacional en el que las medidas aplicadas no han logrado solucionar el grave problema del mercado del alquiler. Al contrario, han acentuado las dificultades de acceso a la vivienda en todo el territorio", advierte en un comunicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado claro en una sentencia que no todo conflicto entre casero e inquilino es acoso inmobiliario, anulando una importante sanción económica impuesta a unos propietarios y fijando una idea clave: el mal estado de una vivienda o los retrasos en reparaciones no bastan, por sí solos, para hablar de esta infracción. Así, uno de los mensajes más contundentes de la sentencia es que un casero puede ser negligente con sus obligaciones de mantenimiento de la casa, pero eso no lo convierte en un acosador.