Ley de Vivienda

El Gobierno prepara un nuevo Real Decreto-ley de Vivienda que introduce una profunda reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y modifica algunas de las principales reglas que rigen el mercado del alquiler. Aunque el texto todavía se encuentra en fase de borrador y podría sufrir cambios antes de su aprobación definitiva, varias de sus medidas ya han generado un intenso debate por el impacto que podrían tener tanto para propietarios como para inquilinos. Desde el alquiler de habitaciones hasta los desahucios, pasando por las reparaciones de la vivienda o la venta de inmuebles arrendados, estas son algunas de las propuestas más controvertidas del nuevo decreto.

El informe del Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda obtuvo en marzo un insólito respaldo por parte del grupo popular, el socialdemócrata y los liberales. 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones, valieron para aprobar un diagnóstico que señala la falta de oferta de casas como uno de los principales motivos que dificultan el acceso a la vivienda en todo el continente, desde Varsovia a Lisboa. El eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez (Zaragoza, 1985), fue el ponente y uno de los redactores de este documento. En esta entrevista para idealista/news, se muestra convencido de que "todas las políticas" tienen que ir dirigidas a ese objetivo: aumentar el número de inmuebles para mitigar el problema.

La Ley de Vivienda trajo consigo el concepto de zona tensionada. Se trata de espacios en los que, debido a las particulares condiciones del mercado de la vivienda, existe riesgo de oferta insuficiente para la población.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Ley de Vivienda, al considerar que no priva de capacidad de decisión a las comunidades autónomas. Se trata de la sexta sentencia en la que el tribunal se pronuncia a favor de la normativa estatal que entró en vigor hace tres años. En este caso, la sentencia abordaba la impugnación de los preceptos relativos a la actividad planificadora del Estado en materia de subvenciones de vivienda y ha determinado que no se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia.

La Generalitat de Cataluña ha impuesto tres multas de 30.000 euros a tres grandes tenedores por incumplimientos de la Ley de Vivienda. Además, existen otras tres sanciones que tienen el expediente cerrado, pero que aún no han sido notificadas, y hay 654 expedientes en tramitación, según han explicado fuentes de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este viernes. Las multas previstas por incumplir la Ley de Vivienda van de 3.000 a 900.000 euros, en función de la gravedad del incumplimiento.

La aplicación de límites a los precios del alquiler en las zonas declaradas de mercado tensionado, como muchos municipios de Cataluña, País Vasco o Navarra, ha provocado una moderación de sus valores medios, según un estudio de Fedea, pero tiene una contrapartida allí donde se aplica la Ley de Vivienda: se ha reducido drásticamente la oferta, lo que deja menos opciones para una demanda que no ha dejado de subir. Los expertos alertan también de que los nuevos inquilinos no es que estén pagando menos por los arrendamientos, si no que lo que se está reduciendo es el tamaño de la vivienda alquilada.

El supervisor financiero ha dedicado un apartado especial a la situación crítica de la vivienda en su Informe Anual de 2025. Además de elevar el déficit residencial hasta las 750.000 unidades, el organismo encabezado por el exministro José Luis Escrivá pone sobre la mesa los efectos negativos o limitados que pueden tener algunas de las medidas que han tomado tanto el Gobierno como las CCAA en los últimos tiempos si no van acompañadas de un aumento de la oferta. Por ejemplo, afirma que el tope de los alquileres en zonas tensionadas puede provocar “efectos no deseados”, como la disminución de la renta real de los propietarios, menores incentivos para invertir o la subida de rentas en el mercado no regulado. También menciona los escasos efectos de los avales públicos para comprar vivienda o el impacto negativo de limitar los pisos turísticos en el comercio local.

Con PP y Vox compartiendo asientos en el Gobierno aragonés tras las elecciones del 8 de febrero tras el pacto de coalición, se incorporarán en el periodo de enmiendas los acuerdos que facilitaron la investidura de Jorge Azcón como presidente, entre ellos, la polémica 'prioridad nacional', en este caso, parar primar el acceso a los pisos públicos a las personas con arraigo en el territorio. El proyecto también incluirá el blindaje de la VPO de por vida.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un estudio sobre el impacto de la aplicación de la Ley de Vivienda. Una normativa que está ayudando a moderar los precios del alquiler allí donde se ha puesto en marcha, pero que no ha cumplido su objetivo de mejorar el acceso a la vivienda. ¿El motivo? Desde su entrada en vigor, la oferta se ha reducido con fuerza y se ha multiplicado la competencia por cada vivienda, limitando las opciones de quienes buscan un piso en arrendamiento. El documento también achaca la subida de los precios al déficit residencial que existe en el mercado.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Laura Díez Bueso, confirma la plena validez constitucional de todos los preceptos impugnados de la conocida como Ley de Vivienda. Se trata de la quinta resolución del TC sobre esta misma ley. La sentencia no ha sido unánime y ha contado con cinco votos particulares.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que es posible construir un millón de viviendas nuevas en España en una legislatura y crear más de 500.000 puestos de trabajo, mientras que ha denunciado el desastre sin paliativos de la política "intervencionista" del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la vivienda. ara Feijóo, también es posible que los jóvenes tengan una política específica para que puedan ser propietarios de una vivienda como generaciones anteriores lo eran ya a la edad de 35-40 años. "Que todos los datos de acceso a la vivienda hayan empeorado no es una casualidad", ha destacado.

Un año después de la declaración de 21 municipios navarros como zonas de mercado residencial tensionado, y ocho meses en funcionamiento, el precio medio del alquiler ha descendido un 2% anual en las áreas intervenidas en el primer trimestre de 2026, situándose en 778 euros mensuales de media en Navarra, según el propio Gobierno foral. El mismo estudio confirma también una caída en los contratos de alquiler habitual (-19,1%), aunque suponen nueve de cada 10 acuerdos formalizados, con los arrendamientos de temporada subiendo más de un 30% en el último año.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha denunciado este jueves que la Ley de Vivienda sigue sin resolver los problemas de acceso a la vivienda en alquiler tras tres años en vigor. La organización ha insistido en que, tal y como fue articulada la Ley, ésta resulta "ineficiente, inaplicable y contraproducente". "El balance tras este periodo de vigencia dibuja un escenario nacional en el que las medidas aplicadas no han logrado solucionar el grave problema del mercado del alquiler. Al contrario, han acentuado las dificultades de acceso a la vivienda en todo el territorio", advierte en un comunicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado claro en una sentencia que no todo conflicto entre casero e inquilino es acoso inmobiliario, anulando una importante sanción económica impuesta a unos propietarios y fijando una idea clave: el mal estado de una vivienda o los retrasos en reparaciones no bastan, por sí solos, para hablar de esta infracción. Así, uno de los mensajes más contundentes de la sentencia es que un casero puede ser negligente con sus obligaciones de mantenimiento de la casa, pero eso no lo convierte en un acosador.

La asociación Atenea, el laboratorio de ideas impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, cofundador de Vox, ha presentado un informe en colaboración con la presidenta de Asprima, Carolina Roca, y el consejero delegado de Colliers, Mikel Echavarren, que afirma que el actual problema de la vivienda no responde únicamente a un desequilibrio entre oferta y demanda, sino también a un "estrangulamiento normativo" que "impide al mercado responder a las necesidades reales de la población". Entre sus propuestas para revertir la actual situación destacan promover una nueva Ley del Suelo má flexible, reformar la legislación hipotecaria y del alquiler, impulsar medidas fiscales para promover más viviendas, luchar contra la okupación ilegal y crear un marco regulatorio "estable, previsible y atractivo para la inversión".

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este 27 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de los municipios vascos de Arrasate/Mondragón, Pasaia y Zestoa, todos ubicados en la provincia de Guipúzcoa, como zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá a

El Pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de vivienda del PP on el apoyo de Junts, Vox y UPN, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el voto en contra del resto del hemiciclo, incluidos los partidos del Gobierno. La normativa, que ya había sido aprobada por el Senado, incluye una reforma de la Ley del Suelo para dar más seguridad jurídica a los procedimientos urbanísticos, deroga las zonas tensionadas en vivienda y el índice de precios de referencia de los alquileres, y promueve una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que bancos y fondos de inversión puedan acudir a un juicio verbal y acelerar así la recuperación de la posesión de sus inmuebles en caso de okupación. Ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

El problema de la vivienda en España se está acelerando. Los precios crecieron en 2025 al mayor ritmo de la serie histórica y el acceso al mercado residencial se ha consolidado como la primera preocupación de los ciudadanos. Según el economista Santiago Calvo, lo que sucede con la vivienda en España no es un misterio económico, sino una crisis de oferta cuyas causas están perfectamente identificadas. Sin embargo, está proliferando el populismo inmobiliario, que ofrece justo lo contrario de lo que se necesita: "Más intervención donde se requiere menos regulación, más control de precios donde hace falta más oferta, y más confrontación territorial donde se precisan reformas estructurales".

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles que la Ley de Vivienda aprobada en 2023 "ha fracasado" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervenir el mercado inmobiliario obviando que las competencias en este asunto residen en las comunidades autónomas.

El ‘think tank’ ha publicado un informe sobre los efectos que han tenido los años del tope a los arrendamientos en Cataluña. Además de cuestionar que la regulación esté conteniendo las rentas y de señalar la abrupta caída de la firma de nuevos contratos, el instituto asegura que los controles “han incentivado vías de escape regulatorias”, lo que ha provocado una “explosión del alquiler de temporada” y ha desembocado en una nueva regulación para contener este fenómeno. “Es la dinámica clásica del intervencionismo en precios: el control genera distorsiones, las distorsiones justifican nuevos controles, y los nuevos controles generan distorsiones adicionales”, explica.

Responder a la pregunta aparentemente sencilla de cuánto puede durar un contrato de arrendamiento de vivienda se ha convertido en un auténtico ejercicio de ingeniería jurídica. La respuesta ya no es simple, ni lineal, ni intuitiva. La normativa actual, especialmente tras la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introducido tal cantidad de variables que determinar la duración real de un alquiler exige analizar previamente múltiples factores, como si el arrendador es persona física o jurídica, o si la vivienda está en zona tensionada. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, explica toda la casuística legal.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes focos de tensión social y política en España. Precios disparados, escasez de oferta y una generación joven prácticamente expulsada del mercado dibujan un escenario crítico. En este episodio de En Primera Persona, conversamos con Mikel Echavarren, ex-CEO de Colliers España y Portugal y recientemente nombrado presidente de la consultora en Iberia, que aporta una mirada experta y sin concesiones tras casi cuatro décadas en el sector inmobiliario. Lejos de hablar de burbuja, Echavarren señala los fallos estructurales del sistema y advierte de una idea clave: “insultar al inversor no suma”.

Los últimos datos del Servicio de Estudios de la Generalitat de Cataluña, basados en las fianzas de los alquileres depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl), confirman que los topes a los alquileres no están logrando el efecto positivo al que prometieron el Govern y el Ejecutivo central. En verano de 2025, un año y medio después de que entraran en vigor las zonas tensionadas, la renta por m2 marcó máximos históricos en Barcelona, mientras que Lleida, Mataró, Girona, Sant Boi de Llobregat y Rubí registraron rentas mensuales récord, al igual que el conjunto de la autonomía. Mientras tanto, las principales ciudades de la región registran una caída considerable de nuevos contratos firmados respecto a 2024.

El próximo 16 marzo se cumplen dos años de la entrada en vigor de las primeras zonas tensionadas en Cataluña, la autonomía pionera en España en imponer topes a los alquileres. Con este aniversario como telón de fondo, idealista/news entrevista a Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en la Universidad de las Hespérides, quien asegura la medida está hundiendo la firma de nuevos contratos en las diferentes CCAA donde se aplica. El economista critica que el debate sobre el mercado residencial esté “contaminado por la confrontación territorial y partidista”, e incide en que la Administración no puede reconocer públicamente que la medida estrella de la Ley de Vivienda esté fracasando, porque sería “un suicidio político”. Su apuesta pasa por acelerar el desarrollo de nuevas viviendas y alerta de que, mientras la construcción no sea rentable y los propietarios no tengan más seguridad jurídica, la tensión de precios irá a más.

El Pleno del Tribunal Constitucional debatirá el martes 24 de febrero sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2023 por la Comunidad de Madrid contra la Ley de Vivienda. Este recurso se centra en varios preceptos de dicha normativa que el Gobierno de Ayuso considera que invaden competencias autonómicas. Se trata del cuarto recurso contra esta norma. Los otros tres recursos han sido ya resueltos por el Constitucional que ha avalado varios conceptos cuestionados, como la construcción de vivienda pública como un uso compatible del suelo dotacional y obtener suelo para destinarlo a vivienda social; o que las CCAA suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda.