El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.
La propuesta ha sido respaldada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. De su lado, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra; mientras que el PNV se ha abstenido como el PSOE.
Durante el debate de la iniciativa del pasado martes, Sumar defendió la propuesta porque la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja del 2008. Sin embargo, el diputado que impulsó la iniciativa y la defendió desde tribuna fue el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien viene mostrándose crítico con la ministra Rodríguez por iniciativas como la de habilitar el número de teléfono 047 para resolver dudas en materia de vivienda.
En el turno del PSOE, Gabriel Blanco apuntó que su grupo parlamentario no se iba a oponer a debatir cualquier medida que busque contribuir a poner solución al problema de la vivienda, pero aseveró que siempre lo hará "desde el reconocimiento más profundo al trabajo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda".
En esta línea, Blanco subrayó que el Gobierno está haciendo un esfuerzo "inmenso" para poner fin a la crisis habitacional e invitó a Sumar a que "respete" ese trabajo y no incida en "desgastarlo", tal y como buscan "precisamente quienes quieren tumbar este Gobierno.
Sin encaje jurídico ni una limitación excepcional limitada en el tiempo
En el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, indicó en su intervención que la propuesta que se plantea no supone una limitación excepcional limitada en el tiempo y en un ámbito territorial con el objetivo de lograr el fin social que pretende, sino que es una medida ilimitada, lo que en su opinión "dificulta" entender su encaje en el ordenamiento jurídico actual.
En lo que respecta a Junts, Marta Madrenas dijo que la iniciativa de Sumar "no resuelve ningún problema", sino que implica una "restricción más" que acabará bajando la oferta, pondrá en riesgo promociones de vivienda en curso y "distorsionará todavía más el mercado".
Supresión de la Ley de Vivienda
El diputado del PP, Carlos Gil, censuró que la propuesta de Sumar "empeora y aún más" la Ley de Vivienda, a la que tachó como una de las "más nocivas" que ha llevado a cabo el Gobierno. "Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir vivienda no es una solución, es un disparate y una medida diseñada para poder señalar culpables", criticó el 'popular'.
Por último, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, esgrimió que la reforma propuesta por Alberto Ibáñez implicaría "el fin" del parque inmobiliario porque las cláusulas que impone supondrían "de facto" acabar con la inversión en este sector. "Viendo los resultados en dos años de Ley de vivienda, lo cierto es que la única modificación que cabría esperar de esta ley es aquella que rece en su artículo único su supresión", criticó.
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