La Generalitat de Catalunya ha aprobado la ampliación del cuerpo de inspectores regional con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre el tope a las rentas de los alquileres, una medida que el Govern pactó con Catalunya en Comú en primavera.
Según ha anunciado Silvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalidad de Cataluña y portavoz del Govern, la plantilla del Departamento de Territorio aumentará con 100 nuevas plazas de inspectores de vivienda, para lo que destinará una partida presupuestaria de 5,9 millones de euros. Está previsto que los refuerzos en el cuerpo se produzcan antes de final de año.
Paneque ha insistido en que "el acceso a la vivienda digna es uno de los retos prioritarios y es voluntad del Govern dotarse de los recursos suficientes para poder garantizar la aplicación del régimen de contención de rentas en zonas tensionadas", como marca la Ley de Vivienda. Y ha añadido que "este control de la contención de rentas implica que debemos tener un cuerpo de funcionarios inspectores que puedan detectar cuándo hay un incumplimiento de la normativa e instruir los expedientes que se puedan derivar".
En este sentido, la portavoz del Ejecutivo catalán ha añadido que "es absolutamente imprescindible que sean personal funcionario y que se incorporen a la plantilla de la Agencia de la Vivienda de Cataluña de manera estructural".
El Govern también ha insistido en que la ampliación del cuerpo de inspectores "no tiene un afán recaudatorio, sino el afán de garantizar la aplicación efectiva de las medidas de contención de rentas".
Las 100 nuevas plazas de inspectores se van a distribuir por veguerías. La de Barcelona dispondrá de 50, mientras que en la de Girona habrá 13 y la del Camp de Tarragona contará con otros 12. También habrá cuatro en el Alt Pirineu, una en el Aran y cinco en el resto de veguerías.
Además, el Govern ha aprobado la ampliación de 19 plazas de la Agencia Catalana de Consumo para cumplir las funciones de protección de las personas usuarias y consumidoras en el ámbito de la vivienda de Cataluña.
Sanciones de hasta 900.000 euros
A principios de año, el Govern y los Comuns alcanzaron un acuerdo sobre el régimen sancionador de la Ley de vivienda catalana del 2007, que contemplará multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves. Se consideran como tales poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia, no hacer constar la finalidad del contrato o que sea fraudulento, así como cargar los gastos de gestión al inquilino. Esas infracciones muy graves que supondrán multas de entre 90.001 euros a 900.000 euros.
El acuerdo también contemplaba tres nuevas sanciones tipificadas como graves, con importes de entre 9.001 y 30.000 euros. Por ejemplo, poner un precio de alquiler superior al Índice de Precios de Referencia hasta el 30%, no hacer constar en el contrato o en la oferta el Índice de Precios de Referencia, y no hacer constar el importe de la renta del contrato anterior.
El acuerdo prevé además modificar la Ley del Código de consumo de Catalunya e incorporar una nueva infracción grave por la realización de prácticas abusivas a la hora de establecer un contrato de alquiler de tipo temporal cuando quede acreditada la finalidad permanente o habitual con multas de hasta 100.000 euros.
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