Sanciones

La obligación de las sociedades mercantiles de aprobar y depositar sus cuentas anuales y depositarlas en el Registro Mercantil está prevista en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Además, dicha norma prevé la imposición de sanciones de hasta 60.000 euros, (e incluso de hasta 300.000 euros, según el volumen de facturación), en el caso de falta de depósito de las cuentas anuales. Sin embargo, son muchas las sociedades que tienen por norma no depositar sus cuentas anuales porque el régimen sancionador no se ha venido aplicando. Pero esta tendencia está poco a poco cambiando.

El Govern ha dado luz verde a la ampliación del cuerpo de inspectores para reforzar la vigilancia sobre el tope a las rentas de los alquileres en las zonas tensionadas. Según ha anunciado Silvia Paneque, portavoz del Ejecutivo catalán y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la plantilla aumentará en 100 plazas, para lo que se destinarán 5,9 millones de euros. Estos funcionarios serán los encargados de detectar cuándo hay un incumplimiento de la normativa y de instruir los expedientes correspondientes, con sanciones que pueden alcanzar los 900.000 euros en los casos más graves.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados. La Cartera que dirige Pablo Bustinduy, que no ha facilitado el nombre de la agencia implicada, ha abierto expedientes a compañías como Alquiler Seguro por casos similares y ha obligado a Airbnb a retirar miles de anuncios ilegales de pisos turísticos, y afirma que está investigando a más compañías del sector inmobiliario.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a una inmobiliaria con una multa de 20.000 euros por fotografiar buzones de las comunidades de propietarios que visitaba, vulnerando los artículos 6 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Los hechos se remontan a abril de 2023, según manifiesta el reclamante, que en ese momento era un trabajador, cuando sus jefes reunieron a los empleados de la inmobiliaria instándoles a que realizaran fotos y videos de los buzones de las comunidades de propietarios de los inmuebles que visitaran para elaborar una base de datos.

El Parlament ha aprobado el decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas, que establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la contención de las rentas de alquiler, con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP y los votos en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC), y no se tramitará como proyecto de ley. La normativa contempla multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves por incumplir el tope de rentas en zonas tensionadas o fraude en alquiler de temporada.

El Govern del PSC de Salvador Illa y los Comuns han cerrado un acuerdo sobre el régimen sancionador de la Ley de Vivienda catalana de 2007, que contemplará multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves. El texto se aprobará en el Consell Executiu y entrará en vigor el miércoles pero tendrá que refrendarlo el Parlament en 30 días, donde necesitan a ERC. Se considerarán infracciones muy graves poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia, no hacer constar la finalidad del contrato en los alquileres de temporada, por lo que sería fraudulento, así como cargar los gastos de gestión al inquilino.

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha impuesto siete sanciones por valor de 80.000 euros cada una a siete pisos de alquiler turístico ilegal en un edificio de Palma. El importe total de las multas por dedicarse a esta actividad sin disponer de licencia asciende a 560.000 euros. Según el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, el régimen sancionador tiene como objetivo impulsar el cese de actividades ilegales, proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.

Basta un despiste o un descuido a la hora de hacer una declaración impositiva para que la Administración imponga una sanción tributaria al contribuyente. De hecho, las sanciones suelen ser prácticamente automáticas, por lo que el derecho al error cobra gran relevancia: permite al ciudadano que ha actuado de buena fe rectificar el error cometido al declarar un impuesto. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que se trata de un derecho a poder rectificar el error sin ser sancionado por Hacienda. Todavía no está contemplado en la normativa española, pero ya hay algún tribunal que lo ha avalado.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a una comunidad de propietarios por colgar en el tablón de anuncios documentos privados. La cuestión no es baladí, pues ha supuesto para la comunidad una sanción de 1.500 euros, ya que ha publicado datos personales de la propietaria reclamante en el tablón, lo que provoca que dicha información haya sido accesible por cualquier persona, no solo por los vecinos, sino también por cualquier tercero que acceda al edificio.

La Generalitat, a través de la Agencia Catalana del Consum, (ACC) ha impuesto 57 sanciones a grandes propietarios por no ofrecer un alquiler social a personas vulnerables que iban a ser desahuciadas, tal y como contempla la ley de vivienda de Cataluña. El importe de las sanciones es de 30.000 euros, aunque la ley catalana prevé un máximo de 100.000 euros. En total, el conjunto de sanciones asciende a 1,7 millones de euros.

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado ha informado de más de 100 vínculos en España pertenecientes a 14 oligarcas rusos sancionados al Sepblac y a la Secretaría de la Comisión de Prevención para que actúen conforme a las medidas impuestas por la UE por la invasión de Rusia a Ucrania. Entre ellos 29 inmuebles, de los que 11 son propiedad directa o a través de sociedades de los sancionados y otros 18 son de familiares.

Las sanciones del Reino Unido al grupo de oligarcas rusos en el entorno del presidente ruso, Vladimir Putin, pueden tener un serio impacto en el mercado inmobiliario británico, sobre todo en la vivienda de lujo en Londres. Según Transparencia Internacional, los ciudadanos rusos con vínculos con el Kremlin han comprado propiedades valoradas en 1.500 millones de libras, algo más de 1.800 millones de euros al cambio actual.

Cuando un contribuyente ha cometido alguna infracción tributaria, Hacienda exige el pago de la deuda tributaria, pero también suele imponer una sanción. Sin embargo, no siempre esa sanción es legal. De hecho, hay cinco situaciones en las que Hacienda tiene toda las de perder si te impone una sanción tributaria.

La Abogacía General del Estado asegura en un informe que el incumplimiento de las restricciones derivadas del estado de alarma no puede sancionarse, siempre que no exista una desobediencia a la autoridad cuando el ciudadano sea advertido. Helena Pascual, abogada en Versus Estudio Jurídico, asegura que las multas se pueden recurrir por vía administrativa e incluso judicial si fuera necesario.

Un asunto tan recurrente como cerrar el balcón, la terraza o el bajo se ha convertido en tema de debate en Salamanca. La denuncia de un vecino a otro por el cerramiento produjo que el sancionado ‘revelara’ al Ayuntamiento más de 300 obras ilegales por toda la ciudad.

Ajuste fino de radares, más guardia civil en las carreteras y prácticamente nula permisividad. Este año, unos 900.000 conductores sufrirán retirada de puntos, un 70% más que hace un año.