Generalitat de Cataluña

El Govern ha dado luz verde a la ampliación del cuerpo de inspectores para reforzar la vigilancia sobre el tope a las rentas de los alquileres en las zonas tensionadas. Según ha anunciado Silvia Paneque, portavoz del Ejecutivo catalán y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la plantilla aumentará en 100 plazas, para lo que se destinarán 5,9 millones de euros. Estos funcionarios serán los encargados de detectar cuándo hay un incumplimiento de la normativa y de instruir los expedientes correspondientes, con sanciones que pueden alcanzar los 900.000 euros en los casos más graves.

La semana pasada, el Govern de la Generalitat de Cataluña aprobó una subida en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), con nuevos tramos para las transacciones de más de 600.000 euros y un tipo de hasta el 20% para los grandes tenedores de viviendas, que entrarán en vigor a finales de junio, siempre que sean respaldados por el Parlament. Economistas, constructores y expertos inmobiliarios critican que las modificaciones tienen un mero carácter recaudatorio, que podrían provocar un mayor encarecimiento del precio de las viviendas y lastrar las inversiones inmobiliarias en la región.

La Generalitat de Cataluña ha aprobado varias medidas fiscales que ha pactado en los últimos días con partidos como ERC y los Comunes. En concreto, ha dado luz verde a la rebaja del IRPF de un punto para el tramo más bajo del IRPF (rentas inferiores a 33.000 euros), hasta el 9,5%; y a la subida de la tarifa del impuesto turístico en todas las modalidades. En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ha anunciado tipos reducidos para determinados colectivos y una subida del gravamen de las compraventas de inmuebles superiores a los 600.000 euros. En el caso de grandes tenedores, el tipo se duplica, hasta situarse en el 20%. Los dos decretos ley deben ser convalidados por el Parlament regional.

Cataluña sigue sumando partidas presupuestarias a sus políticas de vivienda. El Institut Català de Finances (ICF) contará con un presupuesto récord de 1.326 millones de euros en 2025, una cifra que refleja el refuerzo del apoyo financiero a iniciativas estratégicas, con especial foco en el acceso a la vivienda. Dentro de este marco, la institución dedicará 600 millones a promover la construcción y rehabilitación de viviendas sociales, un compromiso para responder a las crecientes necesidades habitacionales en Cataluña.

"¿Qué progreso es aquel que obliga a los trabajadores a dejarse el sueldo para pagar la vivienda?", preguntó Salvador Illa, presidente de Generalitat de Cataluña, hace poco en un evento público. Para dar respuesta a esta pregunta, el gobierno catalán está dando pasos adelante a golpe de talonario, y su último movimiento ha sido comprar 452 pisos a InmoCaixa por 30,5 millones de euros. Estas viviendas se sumarán al parque público.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado que la Generalitat se reunirá con Sareb para "valorar todas las actuaciones posibles, optimizar y hacer el mayor uso de las viviendas y suelos de los que dispone", según declaraciones en TV3. Cuerpo ha afirmado que se han traspasado en torno a 200 viviendas al Ayuntamiento de Barcelona y que, en total, hay unas 4.000 casas en la provincia de Barcelona que también estarán "disponibles para ese tipo de actuaciones". El presidente de Generalitat, Salvador Illa, anunció hace poco la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030 con una inversión de 4.400 millones.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un nuevo programa de vivienda pública para construir 50.000 viviendas de alquiler protegido hasta 2030 con una inversión de 4.400 millones de euros hasta final de mandato durante el Debate de Política General en Cataluña. Illa ha aclarado que invertirá 1.100 millones de euros cada año para cumplir con este objetivo, y apuesta por más suelo público, más velocidad de ejecución, más colaboración público-privada y más ayudas para el acceso a la vivienda.

El Govern ha asegurado que el precio de los alquileres en las zonas con un mercado residencial tensionado "se contiene" tras la entrada en vigor de la regulación de los arrendamientos, ha informado en un comunicado tras el Consell Executiu. Los datos del primer trimestre entero de vigencia del decreto han sido aportados por la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y muestran que "se ha frenado la evolución de los precios del alquiler en los 140 municipios donde está vigente".

El Institut Català del Sòl (Incasòl), que depende de la Generalitat de Cataluña, ha comprado una cartera de 31 viviendas a la inmobiliaria Divarian Propiedad, que pertenece a Cerberus Capital Managment, para destinarlas a alquiler social. La mayoría de los pisos están situados en Girona y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y la inversión destinada ha ascendido a un total de 1,8 millones de euros

Casi 6 millones de catalanes están llamados a las urnas el próximo 12 de mayo para elegir al nuevo presidente de la Generalitat. De los ocho partidos que cuentan con representación en el Parlament, solo hay una cara nueva entre los candidatos; el resto son viejos conocidos de la política catalana y, de ellos, seis ya se presentaron en los anteriores comicios. Repasamos todos los programas políticos para saber cuáles son las medidas que quieren impulsar en materia de vivienda algunos de los partidos.

La Generalitat de Cataluña empieza a dar uso social a las viviendas adquiridas a Sareb. El departamento de Territori adjudicará antes del verano las diecinueve viviendas compradas a la sociedad que se encuentran en Constantí. Además de estos pisos de entre 80 y 90 m2, el Incasòl adquirió 22 plazas de aparcamiento, 22 trasteros y un local de esta promoción por 1,2 millones de euros.

El pago del alquiler será un poco más llevadero para algunos jóvenes y mayores de 65 años en Cataluña en las próximos semana. La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha abierto la convocatoria de subvenciones para el pago del alquiler para menores de 35 años y mayores de 65 años, con una partida de 48 millones de euros. Además, el gobierno catalán también ha puesto en marcha un programa de subvenciones destinado a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores de 65 años, con el objetivo de promover su autonomía y movilidad en el hogar.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone en duda el tope máximo de viviendas turísticas en algunos municipios de Cataluña que incluye el decreto que aprobó la Generalitat el año pasado. Competencia critica que el Gobierno regional no haya efectuado "un especial esfuerzo de motivación en términos de necesidad y proporcionalidad" de algunas medidas adoptadas. En su lugar, propone establecer una tasa o un impuesto sobre la estancia en alojamientos turísticos, cuya recaudación podría destinarse a financiar medidas para facilitar el acceso a una vivienda permanente.

La Generalitat catalana ha comprado 137 viviendas a Sareb para destinarlas a alquiler social por 9,6 millones de euros, mientras que ha estimado que el coste de estos activos en el mercado sería de  23,2 millones, según ha informado la Conselleria de Territorio. La titular del departamento, Ester Capella, ha vuelto a reclamar a la empresa que ceda de manera gratuita sus inmuebles: "Los hemos pagado entre todos", ha dicho en la presentación de la compra de 98 viviendas en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) defiende el tirón económico de las viviendas turísticas ante la entrada en vigor en la región de un nuevo Decreto Ley que trae más restricciones y exigencias al negocio. Según un estudio que ha elaborado junto con la Universidad de Salamanca y la patronal nacional Fevitur, los viajeros nacionales que se hospedaron en pisos turísticos se gastaron 2.650 millones de euros en la región durante el año pasado. De dicha cifra, solo un 25% se correspondió con el alquiler, mientras que el resto fue a comercios, actividades turísticas y restauración, y más de la mitad de los huéspedes procedían de la propia Cataluña.

La Generalitat de Cataluña sube de marcha en el ámbito de la vivienda asequible. El gobierno catalán ha puesto en marcha en 2023 la construcción de más de 2.100 viviendas de alquiler social que se incorporarán al parque público de la Generalitat. Son promociones que construye directamente el Incasòl en diferentes municipios de Catalunya y que supondrán una inversión por parte de la Generalitat de 284 millones de euros.

El Gobierno catalán ha aprobado un Decreto Ley para regular las viviendas de uso turístico en 262 municipios de la región, donde existe un problema de acceso a la vivienda o bien, hay una elevada densidad de pisos turísticos. Entre las novedades destaca la necesidad de los ayuntamientos de modificar su planeamiento urbanístico para permitir el uso turístico con el de vivienda y la limitación de las licencias para esta actividad, así como la obligatoriedad de que los titulares de licencias en vigor obtengan un nuevo permiso. Las asociaciones del sector, los agentes de la propiedad y despachos de abogados critican las medidas intervencionistas y alertan de que son irresponsables y contrarias a derecho.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado los planes que tienen desde Cataluña para fomentar el acceso a la vivienda. El Gobierno de la Generalitat está "llevando a cabo una política para favorecer el acceso a la vivienda sin precedentes", con un primer paquete de 385 viviendas vacías, la mayoría adquiridas a grandes tenedores, para dedicarlas a alquiler social, y poder alcanzar el objetivo de hacer realidad “el compromiso de incorporar 10.000 nuevos pisos al parque público de alquiler en los próximos tres años”.

Cataluña se compromete con las ayudas al alquiler. Un total de 70.937 familias catalanas recibirán ayudas de la Generalitat para pagar los recibos del alquiler en 2023, un 25% más que el año anterior. El Gobierno catalán destinará 144 millones de euros a esta partida euros (un 26% más que en 2022) que, igual que en el caso de la cifra de beneficiarios, es la "más alta para este tipo" de prestaciones.

El Departamento de Territorio de la Generalitat se pone manos a la obra para dar un empujoncito a la Cataluña vaciada. El gobierno catalán ha firmado hoy con ocho pueblos de Les Garrigues Altes un convenio que permitirá impulsar la rehabilitación de edificios municipales para ofrecer vivienda pública, en el marco del programa Arraig. En total, se invertirán unos 400.800 euros en habilitar siete viviendas.

Cataluña da un golpe en la mesa contra una norma estatal. El Parlament de Cataluña ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal, a propuesta de ERC y JxCat y con el apoyo de la CUP, por invasión de competencias autonómicas. Cataluña se suma así a otras autonomías que han llevado esta normativa ante el Tribunal Constitucional (TC) por el mismo motivo, como Madrid, Andalucía y País Vasco. Mientras, Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral con el Estado.

El primer encuentro entre el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, concluye con el compromiso de ambas instituciones de colaborar, con la mirada puesta en la ampliación del parque público de vivienda como prioridad. El Consistorio de Barcelona cederá a la Generalitat de Cataluña 27 solares para que levante casi 1.800 viviendas de protección oficial en ellos.

El pleno del Parlament ha instado al Govern de la Generalitat a "ampliar la aplicación de expedientes de expropiación forzosa de viviendas de grandes tenedores" que estén vacías, con el objetivo de incorporarlas en el parque público de alquiler social y de generar incentivos a los grandes tenedores para que pongan en el mercado su parque de vivienda inmovilizado. Así lo expone un punto de una moción presentada por ERC y aprobado con los votos a favor de PSC-Units, ERC y Junts, los votos en contra de Vox y PP, y la abstención de CUP, Comuns y Cs.

La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha asegurado durante una comparecencia en el Parlament que el Gobierno regional impulsará una ley para regular los contratos de alquiler de temporada, para evitar que a través de esta fórmula los propietarios puedan burlar los topes a las rentas y "una nueva regulación del régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico". Según ha explicado,el objetivo es garantizar el uso social de la vivienda especialmente en municipios que sufren tensiones de precios.

La Generalitat de Cataluña ha iniciado la tramitación para declarar municipios como zonas tensionadas donde se deberá aplicar la limitación del alquiler que prevé la nueva Ley de Vivienda. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado la información del proceso que incluye la justificación de los criterios para escoger los municipios y que cumplen 140 localidades en las que viven 6,2 millones de personas, el 80,6% de la población total en la región. Ahora se abre un período de información pública de 20 días para que Administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones.