Los huéspedes nacionales en viviendas turísticas 'dejaron' 2.650 millones en Cataluña en 2022

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) defiende el tirón económico de las viviendas turísticas ante la entrada en vigor en la región de un Decreto Ley que trae más restricciones y exigencias al negocio.

Según afirma el 'Observatorio de la vivienda de uso turístico en Cataluña 2022, elaborado por el Instituto Multidisciplinar de la Empresa-Universidad de Salamanca con el apoyo de las patronales Federatur y Fevitur, presentado este lunes en el Cercle d'Economia, los viajeros en viviendas de uso turístico 'dejaron' 2.649,9 millones de euros en la autonomía en 2022. Un cálculo que solo incluye el gasto de los huéspedes de origen nacional. 

Tal y como detalla el documento, el uso de las viviendas de uso turístico está aumentando con el paso de los años: en 2022 se utilizaron una media de 3,5 veces por persona al año, mientras que en 2019 la cifra era de 1,23. La intención de los viajeros de alojarse en éstas también aumenta, pasando de un 69,6% en 2019 a un 84,1% en 2022.

Un empuje económico para la zona

Por otro lado, el observatorio muestra que la reserva media de las viviendas de uso turístico en Cataluña en 2022 fue de 5,2 noches para 3,8 personas; y que, del gasto total de los viajeros, el 25,7% corresponde al alquiler y el 74,3% restante, a gastos en servicios como restauración, comercio o actividades turísticas. Concretamente, un 56% del gasto corresponde a la compra de productos y servicios, y un 65,6% del mismo "se llevó a cabo en el barrio o comercio de proximidad". Según los cálculos del sector, dicho gasto equivalente a unos 723 millones de euros solo en Cataluña. 

Tras la compra de productos y servicios, destaca el gasto "en actividades deportivas, culturales y recreativas” (20,08%) y el gasto en excursiones (16,8%); dejando en valores residuales gastos como el ocio nocturno (6,8%)". 

Con estos datos, el sector pretende poner negro sobre blanco sobre el empuje económico del negocio de las viviendas turísticas, ya que beneficia tanto a los propietarios de las viviendas turísticas como a las empresas de la zona. 

Un turismo de cercanía

Otra de las conclusiones que se extraen del informe es que el turismo de estos tipos de alojamientos es familiar y practica turismo de proximidad. La mitad de sus usuarios, concretamente un 53,9%, proviene de la propia Cataluña. 

Asimismo, un 75,3% de los encuestados indica haber realizado la estancia en familia o en pareja, mientras que un 17,6% lo ha hecho con amigos, y un 7,1% indica otros círculos de convivencia. Un dato curioso es que el tramo de edad que más utiliza este tipo de alojamiento es el que va de 55 a 64 años (22,7%), siendo los hombres más propensos que las mujeres.

En este sentido, al ser preguntados por la motivación de la estancia, las dos principales respuestas son “disfrutar de la naturaleza o el campo” (23,7%) e “ir a la playa” (22,4%), seguido de quienes buscan “conocer ciudades o patrimonio histórico” (18,9%). Así, un 54’7% escogió las viviendas de uso turístico en el período del año comprendido entre los meses de mayo y agosto.

Igualmente, los factores que tienen más peso en la decisión del alojamiento son el precio y la ubicación, con una puntuación ambos factores de 4,5 sobre 5.

Las claves de la nueva normativa de viviendas turísticas

El Gobierno catalán aprobó el pasado 7 de noviembre la nueva regulación de los pisos turísticos. Una normativa que se llevaba gestando desde el pasado verano y que, a grandes rasgos, trae más restricciones y exigencias al mercado. El Decreto Ley busca "regular las viviendas de uso turístico mediante la obtención de una licencia urbanística previa y de una autorización turística en un total de 262 municipios" de Cataluña, según el comunicado oficial. 

Esas localidades, según la Generalitat, presentan problemas de acceso a una vivienda permanente o que ya tienen más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes, o que cumplen ambos requisitos". En todos ellos, los ayuntamientos "no podrán otorgar licencias de apertura de pisos turísticos hasta que adapten su planeamiento urbanístico al nuevo Decreto-ley." 

En estos casos, añade el Ejecutivo autonómico, "los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda. Esto sólo será posible si, al mismo tiempo, también pueden justificar que cuentan con suelo suficiente para viviendas destinadas al domicilio habitual y permanente de la población residente. Y, en cualquier caso, podrán otorgarse como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes en estos 262 municipios".

Nuevas licencias para los pisos turísticos existentes

Otra de las claves de la nueva normativa es que los pisos turísticos existentes y debidamente habilitados en los 262 municipios en los que se aplicará el cambio regulatorio deberán renovar sus licencias para poder operar de forma legal. Los titulares dispondrán de un margen de cinco años para pedir la nueva licencia urbanística, a contar desde la entrada en vigor del Decreto ley, o tendrán que cesar la actividad. 

Por tanto, se cumple la premisa de que se podrían revocar las licencias de miles de pisos turísticos, como contemplaba la proposición de ley que registró En Comú Podem registró en mayo, bautizada como Proposició de llei de regulació de l’ús turístic dels habitatges, que fue admitida por el Parlament y debía someterse a votación.

Los cálculos oficiales apuntan a que esta obligación de obtener la nueva licencia afectará a un total de 95.094 pisos existentes en los 262 municipios afectados.

Es precipitada, irresponsable y contraria a derecho, según el sector 

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (FEDERATUR) y la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) califican de irresponsable el decreto ley para regular los pisos turísticos. El sector alza la voz contra una modificación de la ley que consideran "precipitada, contraria a derecho y de nula efectividad" y para la que no se ha tenido en cuenta la opinión del sector.

Por ello, las patronales reclaman una comisión de expertos en el Parlament que permita un diagnóstico cuidadoso de la realidad del sector antes de tirar hacia adelante ninguna ley.

La nueva regulación puede suponer la eliminación del 40% de la oferta de alojamiento reglado catalán en un periodo de 5 años. Unos datos que equivalen al 2,94% del PIB turístico del país y al 80% de las viviendas turísticas en toda Cataluña. También se perderían 25.000 lugares de trabajo y unos 3.000 millones de euros, que es el impacto económico directo del sector. "Esto sin tener en cuenta el impacto de la actividad en comercios y restauración", puntualiza David Riba, presidente de FEDERATUR.

El sector afirma que se está delante de una expropiación encubierta y que "la Generalitat debería afrontar las reclamaciones de indemnización que podrían exigir hasta 80.000 familias catalanas propietarias de viviendas turísticas, las licencias de las cuales ahora se pretende expropiar y que los expertos consultados cifran en centenares de millones de euros".

Las patronales catalanas de pisos turísticos también critican la falta de fundamento y análisis previa a esta propuesta. "No se han aportado estudios, ni datos, ni informes sobre el impacto de la actividad de las viviendas turísticas en Cataluña", afirman. E insisten en que únicamente responde al objetivo de hacer ver a la opinión pública que se están tomando medidas para resolver el creciente problema del acceso a la vivienda "Objetivo que de ninguna manera se solucionará prohibiendo nuestra actividad debido al reducido porcentaje que suponen las viviendas de uso turístico respecto al total del parque de viviendas catalán".

En Cataluña las viviendas turísticas están ubicadas principalmente en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona, lo que representa apenas el 2,5% del parque residencial de toda la comunidad autónoma. En el caso de Barcelona, el peso es todavía más bajo (un 1,14% del parque, con 9.470 viviendas de uso turístico sobre las 827.000 viviendas totales). A pesar de ello, desde Apartur aseguran que los apartamentos turísticos generan el 6% del PIB de Cataluña. “Es mucho empleo, mucha actividad y muchos servicios sociales que se pagan con los impuestos que se recaudan”, según Enrique Alcántara-García, presidente de APARTUR.

Desde la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (FEDERATUR) lamentan que, a pesar de todo ello, este sector esté en el foco de las propuestas políticas. “Nos están usando para algo que no sirve. Hay una crisis de vivienda, pero atribuirnos el problema no va a salir bien. Hay que tener en cuenta las preferencias de los usuarios. Somos una opción real que tiene que existir en el mercado”, concluye el presidente de FEDERATUR.

Un decreto ideológico y sin cabida jurídica

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña han advertido de que los principios del decreto anunciado por la Generalitat para regular los pisos turísticos tienen "un carácter ideológico y no tienen cabida en la realidad económica y jurídica del país". También avisan de que "no hay ninguna garantía de que las viviendas que dejen de destinarse a uso turístico pasen al alquiler de larga duración".

El texto que ha anunciado la Generalitat establece que en 262 municipios no podrá haber más de 10 apartamentos turísticos por cada 100 habitantes: según los API, eso obligará a cerrar 28.000 en 47 municipios en un máximo de cinco años.

"Hay municipios del listado de la Generalitat como Alp, Begur, Cadaqués, Espot, Palafrugell, Pals o Salou, entre otros, en los que es absurdo pensar que el problema se resolverá con este decreto", explican.

"Dada la inestabilidad jurídica en la que estamos inmersos", lo más probable es que la mayoría de los propietarios opten por poner sus viviendas a la venta, dejando fuera del mercado esa parte de la demanda que hoy no cuenta con capital suficiente para comprar y sólo puede acceder al mercado mediante el alquiler.

Subrayan que Cataluña y toda España son lugares cuyo principal motor económico es el sector de servicios y cuya economía está enfocada al turismo, "razón por la que Barcelona y Madrid están entre las ciudades más visitadas del mundo en la gran mayoría de rankings del sector turístico".

Según el despacho de abogados Círculo Legal, se trata de una media intervencionista. “Este decreto ley, como casi toda la normativa actual, busca regular el mercado inmobiliario y evitar los efectos negativos que ha provocado La Ley por el derecho a la vivienda, sobreregulando los otros destinos que pueden tener los inmuebles; por todo esto nos encontramos nuevamente que los poderes públicos buscan intervenir en vez de facilitar soluciones para que haya un mejor acceso a la vivienda para todo el mundo”, afirma Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.

Según esta nueva normativa, los Ayuntamientos podrán ampliar los requisitos que se establecen para poder tener esta actividad, añadiendo la condición de que se tiene que obtener una licencia urbanística. En este sentido, la letrada recalca que “obligan a estos pisos a cumplir nuevos requisitos en vez de destinar fondos públicos a mejorar el parque inmobiliario, una legislación intervencionista en vez de favorecedora de políticas sociales”.