Normativa alquiler turístico

El Colegio de Registradores recuerda a los propietarios de viviendas de alquiler de corta duración que antes del 2 de marzo tienen la obligación anual de presentar la información del ejercicio anterior en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles. Se trata de un modelo informativo anual obligatorio para los arrendamientos de corta duración (turísticos, vacacionales, laborales, de estudios, de tratamiento médico). Deberá indicar los alquileres realizados el año anterior.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado el modelo informativo anual obligatorio para los arrendamientos de corta duración (turísticos, vacacionales, laborales, de estudios, de tratamiento médico), dando cumplimiento al Real Decreto que regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos. El modelo, que incorpora formato XBRL y puede presentarse telemáticamente o en papel, debe ser presentado por los anfitriones cada mes de febrero y deberá indicar los alquileres realizados el año anterior.

El año 2025 ha estado marcado por un giro regulatorio sin precedentes en el mercado del alquiler de corta duración. La puesta en marcha del Número de Registro Único ha transformado por completo la forma de operar de propietarios, gestores y plataformas, obligando a miles de viviendas a regularizar su situación para seguir anunciándose en portales donde existe transacción económica. Por primera vez, todas las viviendas destinadas a alquiler vacacional, temporal o por habitaciones han tenido que identificarse ante los registradores de la propiedad. El nuevo sistema funciona como una radiografía del sector: quién alquila, cómo lo hace y con qué tipo de autorización.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma 'online' de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por publicar más de 65.000 anuncios de alojamientos sin licencia. El fallo incluye rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.

El nuevo marco del registro único de alquileres de corta estancia (NRA) ha demostrado ser exigente y, en muchos casos, implacable. No obstante, el abogado Francisco Campoy confirma que una resolución desfavorable no siempre es definitiva y que con enfoque jurídico riguroso es posible conseguir este número de registro. En su opinión, este registro no es un trámite, sino un filtro de acceso al mercado. Sin NRA no hay negocio turístico y los propietarios y gestores que no logren adaptarse quedarán fuera del mercado.

El Colegio de Registradores ha otorgado más de 370.000 números de registro único de alquiler (NRUA) turístico desde el pasado 1 de julio, fecha en la que se hizo obligatoria la ventanilla única digital, a partir del Real Decreto 1312/2024 para el registro único de arrendamientos de alquileres turísticos. Los registradores también han confirmado la firma de convenios de colaboración con la Generalitat de Cataluña, el Gobierno del País Vasco o el de Navarra, y afirma que está cerrando convenios de colaboración con otras CCAA.

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso ha rechazado una iniciativa del PSOE que buscaba forzar a los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias a facilitar la "no proliferación" de viviendas turísticas en zonas residenciales tensionadas de los archipiélagos. La iniciativa de los socialistas ha contado con el rechazo de PP y Vox, que suman mayoría en la Comisión. La iniciativa apelaba a seguir trabajando con las plataformas de alquileres turísticos y de corta duración, junto con el resto de administraciones competentes, para la aplicación del registro único de viviendas de corta duración y la retirada de las viviendas que no cuenten con la correspondiente licencia.

El Consell de Mallorca ha certificado en los últimos días la eliminación de más de 2.300 anuncios en la plataforma de Airbnb que no cuentan con número de registro obligatorio otorgado por el Consell. Se trata de los primeros resultados de la segunda fase del acuerdo entre la plataforma y la institución insular para garantizar que la oferta turística en línea opere bajo la legalidad y eliminar aquellas publicaciones irregulares en la web de alojamientos turísticos.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado la intención de prohibir nuevos alquileres turísticos en cualquiera de sus modalidades en todo el término municipal de la capital balear. El alcalde ha explicado que a día de hoy hay 639 viviendas legales con esta consideración y que ese será el número que se mantendrá. La intención es que la medida vea la luz cuanto antes, por lo que por el carácter retroactivo de tres meses, no hay posibilidad de que se den nuevas licencias hasta entonces. Además, ha recalcado que Palma ha reducido la oferta turística ilegal hasta en un 18% en dos años, muy por encima de la media de un 3,7%, según datos de Exceltur.

A Juanjo Bande la crisis inmobiliaria de 2008 le pilló de sopetón como a tantos otros arquitectos que tuvieron que buscar alternativas en otros sectores económicos. En 2014 y 2015, en los años duros de la crisis, empezó a apostar por el mercado del alquiler de corta duración y le ha ido bien. En esta entrevista pone de relieve la falta de construcción de obra nueva y asegura que tenemos "estrés postraumático de la crisis de 2008". Además, estima que regular el alquiler vacacional puede encarecer las vacaciones al limitar la oferta alojativa.

El presidente del Gobierno ha anunciado la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para elaborar un atlas de intensidad turística, con el objetivo de "conciliar mejor el turismo y la convivencia con los residentes, y que están causando problemas como la gentrificación", que afecta al 27% de las ciudades turísticas. El turismo supone el 12,3% del PIB nacional y el 13,2% del empleo total en España, pero para Sánchez está causando. Este observatorio se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana como uno de los ejes de la 'Estrategia España Turismo 2030: Cuidando el futuro'.

El Pleno del Congreso ha aprobado la admisión a trámite de la proposición de ley de EH Bildu para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de licencia o registro. Las multas van desde los 10.000 euros hasta el millón de euros. Este último caso sucedería si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad.

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha pedido al Gobierno que apoye su proposición de ley para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia que se planteará en el próximo Pleno del Congreso de los Diputados para su tramitación. Por su parte, ERC también presentará una batería de medidas en materia de vivienda que penalicen la compra especulativa, aplicar un IVA del 21% a los alojamientos turísticos, subir el IBI a los pisos de grandes tenedores o eliminar los privilegios fiscales a las socimis.

La compañía Airbnb ha indicado que ha eliminado los anuncios de alquileres a corto plazo en Canarias que no completaron el registro mientras que, al mismo tiempo, los anuncios con registro en las islas se han incrementado más de un 45% entre el 1 de enero y el 31 de agosto. La plataforma ha indicado que este resultado se ha producido gracias al acuerdo alcanzado el pasado mes de abril con el Gobierno canario sobre la regulación de los anuncios de viviendas de alquiler de corta duración.

El PSOE ha registrado dos proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados en las que plantea una modificación normativa en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir a los alquileres de habitaciones de uso turístico en la regulación de la cesión temporal de la vivienda, que ahora no contempla, lo que permitiría a las comunidades de propietarios limitar o vetar esta actividad en las viviendas de su edificio/urbanización, por las mismas mayorías que cualifica la Ley de Propiedad Horizontal. La otra petición reclama flexibilizar las normas de la UE sobre ayudas estatales en materia residencial para permitir a los Estados miembros invertir en vivienda asequible.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto con el que avala por segunda vez las resoluciones con las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a la multinacional Airbnb a retirar de su plataforma casi 35.000 anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica. En total, el Gobierno central ha emitido tres resoluciones por las que invita a Airbnb a retirar 65.000 anuncios, que la compañía ya retiró el pasado verano.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas digitales la solicitud de retirada de 53.876 pisos turísticos ilegales que solicitaron el número de registro (obligatorio desde el pasado 1 de julio), pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. El objetivo del Gobierno, tal y como afirmó el presidente Pedro Sánchez, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial. Por municipios, Sevilla (2.289) lidera la tabla de solicitudes revocadas, seguido de Marbella (1.802); Barcelona (1.564); Málaga (1.471) y Madrid (1.257).

El nuevo registro obligatorio de alquileres de corta duración ha revocado 34.529 solicitudes de inmuebles para operar como apartamento turístico de las 68.594 que se intentaron inscribir entre julio y agosto, mientras que las demás han sido ya aceptadas o se encuentran en estado provisional, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Desde el pasado 1 de julio, es obligatorio que todo anunciante de un piso de alquiler de corta estancia (vacacional, temporal o de habitaciones) cuente con un identificador para poder comercializar el inmueble. Los principales motivos que explican las revocaciones son que la vivienda turística no cuente con la licencia pertinente, que no cuente con la aprobación de la comunidad de propietarios o que se trate de una vivienda de protección.

PP y PSPV han aprobado en Alicante ampliar la moratoria de licencias de pisos turísticos por dos años más a bloques completos de viviendas para este uso. El visto bueno del Pleno del Ayuntamiento alicantino supone ampliar la suspensión de cualquier título habilitante y licencias de obra de nueva planta para la implantación de alojamientos turísticos, con el fin de incorporar, además de las viviendas aisladas, a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos.

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia. En su propuesta afirma que los ayuntamientos y CCAA cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, por lo que quiere establecer sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler. En el articulado también se establece un régimen sancionador con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.

Muchos profesionales del sector han mostrado discrepancias frente al nuevo Registro de alquileres de corta duración, que lleva en vigor desde el pasado 1 de julio. Joaquín Gómez-Villares, socio profesional del despacho de abogados Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, ha catalogado el espíritu de la norma como positivo. Sin embargo, ha criticado varios aspectos, sobre todo, la falta de criterios homogéneos y la ausencia de un régimen sancionador específico ni para el propietario ni para las plataformas. “Lo que venía como una medida para ofrecer transparencia y trazabilidad, se ha convertido en un clima de inseguridad jurídica”, ha declarado.

El Ayuntamiento de Barcelona ha mandado la nueva propuesta de convenio de colaboración a la plataforma Airbnb que contempla, entre otras medidas, que los anuncios ilegales se retiren en un máximo de 48 horas. Con el convenio anterior, lo podían hacer en un plazo de entre 10 y 15 días. La nueva propuesta también obliga a Airbnb a "controlar de forma rigurosa la legalidad de los alojamientos ofrecidos en la plataforma" y a compartir mensualmente con el Ayuntamiento los datos de los anuncios como la verificación de la identidad del anfitrión.

Se cumple una semana de la entrada en vigor del registro único de los alojamientos de corta duración, que incluye la obligación de contar con un identificador para poder anunciar los pisos turísticos, de temporada y de habitaciones en las plataformas online. Los Registradores de la Propiedad han recibido más de 260.000 solicitudes hasta la fecha en toda España y creen ya se ha producido el mayor boom de peticiones ante el inicio de la campaña estival. En cuanto a los motivos más habituales para denegar este código están no contar con licencia turística y con la aprobación de la comunidad de propietarios, o intentar destinar una vivienda protegida a un alquiler de corta estancia.

Desde el 1 de julio, es obligatorio que todo anunciante de un piso vacacional, temporal o de habitaciones cuente con un identificador que facilitan los Registradores de la Propiedad para que las autoridades puedan llevar un control y supervisión sobre este tipo de arrendamientos. Los primeros días del registro único de alquileres de corta duración en vigor han estado marcados por incidencias, denuncias y propuestas de mejora. Mientras el sector se queja de fallos técnicos y operativos para acceder o tramitar la solicitud, Consumo ha recibido denuncias contra algunas plataformas por incumplir las directrices de la normativa. Entre las recomendaciones iniciales está cambiar la gestión o reforzar los mecanismos de control y sanción.

La plataforma estadounidense ha eliminado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, después de un primer requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras detectar publicidad ilícita. Los pisos se ubicaban en Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. La cartera liderada por Pablo Bustinduy ha puesto en valor la colaboración con la empresa tras el envío de esta solicitud para que los anuncios se ajusten a la legalidad vigente.