La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso ha rechazado una iniciativa del PSOE que buscaba forzar a los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias a facilitar la "no proliferación" de viviendas turísticas en zonas residenciales tensionadas de los archipiélagos. La iniciativa de los socialistas ha contado con el rechazo de PP y Vox, que suman mayoría en la Comisión.
En concreto, el PSOE pedía que se siguiera aplicando el Reglamento de alquileres de corta duración "para facilitar por parte de las administraciones competentes la ordenación y la no proliferación de viviendas turísticas en zonas residenciales tensionadas, garantizando el derecho a una vivienda asequible".
La iniciativa apelaba a seguir trabajando con las plataformas de alquileres turísticos y de corta duración, junto con el resto de administraciones competentes, para la aplicación del registro único de viviendas de corta duración y la retirada de las viviendas que no cuenten con la correspondiente licencia, de dichas plataformas".
El Gobierno de Canarias presentó el pasado mes de abril el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, por el que se dotará a los ayuntamientos de herramientas para planificar y ordenar el uso turístico de viviendas. La nueva norma establece que el 90% de la edificabilidad residencial deberá destinarse a domicilio permanente y fija las razones por las que se puede habilitar el uso de hospedaje. Las actuales viviendas destinadas al uso vacacional y/o turístico deberán cumplir requisitos mínimos de sostenibilidad, calidad y competitividad.
Airbnb ha eliminado los anuncios de alquileres a corto plazo en Canarias que no completaron el registro. Al mismo tiempo, los anuncios con registro en las islas se han incrementado más de un 45% entre el 1 de enero y el 31 de agosto.
En Baleares, el Consell de Mallorca ha detectado que casi el 40% de la oferta de viviendas turísticas anunciadas en las principales plataformas opera al margen del registro oficial de establecimientos y estancias de la isla, lo que supone una media mensual de cerca de 8.000 propiedades y alrededor de 42.000 plazas turísticas que funcionan sin control ni garantías y en competencia desleal con quienes cumplen la normativa.
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