
El registro único de alquileres de corta duración, cuya aplicación será efectiva desde el 1 de julio, dejará fuera el 70% de la oferta actual y provocará unas pérdidas de 13.737 millones de euros para la economía entre julio y diciembre, según ha advertido la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur).
"Las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones es probable que se queden sin su alojamiento ya que gran parte de la oferta legal no está pudiendo ser inscrita en el sistema de la Ventanilla Única Digital y va a desaparecer de las plataformas", ha explicado su presidenta, Silvia Blasco, en un comunicado.
En esta línea, la entidad considera que el nuevo sistema generará un aumento de la economía sumergida y de viviendas ilegales. Así las pérdidas estimadas abarcan los 8.570 millones de euros para la economía española en los meses de julio, agosto y septiembre; y de 5.167 millones de euros más en octubre, noviembre y diciembre.
Por otro lado, Fevitur insiste en que se trata de un nuevo sistema que invade las competencias de turismo que están delegadas en las comunidades autónomas.
En este sentido, su presidenta ha señalado que las comunidades autónomas ya disponen de sus propios registros turísticos, denunciando que, lejos de complementar estas herramientas y mejorar los procesos actuales, se percibe como "un instrumento centralizador que duplica estructuras ya existentes y añade complejidad innecesaria al sistema".
También, desde la federación ha criticado la "arbitrariedad y falta de uniformidad" con la que distintos registros de la propiedad están aplicando los criterios para la inscripción de viviendas de uso turístico, "ya debidamente registradas en los autonómicos".
Por tanto, esos registros señalan que no existe un protocolo homogéneo y se están dando situaciones dispares en cada territorio, llegando incluso a exigir trámites suplementarios o negando inscripciones sin justificación suficiente.
Con todo, Fevitur ha lamentado que este nuevo marco se haya impulsado sin un diálogo "suficiente" con el sector y las comunidades autónomas, obviando el conocimiento y experiencia acumulada por las asociaciones y operadores que "participan activamente en la ordenación y profesionalización del alquiler turístico en España".
LLega el registro de alquileres de corta duración
A partir del próximo 1 de julio, comenzará a funcionar en España la normativa europea que regula los alquileres de corta duración (alquiler turístico o de temporada) y que incluye un registro único para este tipo de arrendamientos obligatorio para determinados casos. Esta medida busca abordar el "complejo escenario" del mercado de la vivienda y frenar el fraude, al tiempo que promueve la transparencia en el sector.
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024 y el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre que lo desarrolla, todos los inmuebles destinados al uso turístico o de temporada estarán obligados a contar con un código de registro cuando se publiciten en plataformas en línea que permitan formalizar contratos de alquiler a distancia. Aquellos alojamientos que no dispongan de esta identificación a principios de julio no podrán continuar operando en dichas plataformas. En los portales de anuncios clasificados, como idealista, no aplica esta nueva obligación.
Con el fin de facilitar el proceso de registro y la identificación de las referidas viviendas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha habilitado el Registro Único de Arrendamientos, diseñado también para mejorar la supervisión por parte de las autoridades competentes. Además, se ha creado una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que centralizará los trámites relacionados con el registro y la consulta de datos, promoviendo así una gestión más eficiente y ágil.
Obligaciones legales para los arrendadores afectados
Con la entrada en vigor del nuevo registro de alquileres, los arrendadores deben conocer en detalle las obligaciones legales que implica el ofrecer alojamientos de alquiler temporal en plataformas en línea que permiten cerrar contratos de alquiler a distancia. Estas exigencia están diseñadas para garantizar la protección tanto de los propietarios como de los inquilinos, y abarcan el cumplimiento de las normativas locales pertinentes.
En este sentido, es fundamental que los arrendadores se adhieran a los requisitos fiscales específicos, lo que incluye la declaración de los ingresos generados por el alquiler y el pago de los impuestos correspondientes. Además, es imprescindible que las propiedades cumplan con todas las regulaciones administrativas locales, lo que puede requerir la obtención de licencias o permisos necesarios para operar de manera legal como alquiler temporal. Para un seguimiento efectivo de este proceso, se recomienda a los arrendadores que se mantengan actualizados sobre la normativa vigente en su localidad, con el fin de estar al tanto de cualquier modificación que pueda afectar su actividad.
Consecuencias del incumplimiento de la normativa
El incumplimiento de las exigencias del registro único de alquileres de temporada puede acarrear graves consecuencias para los propietarios, incluyendo sanciones económicas y legales. Las penalizaciones pueden variar desde multas de diferentes cuantías hasta restricciones operativas que limiten la capacidad de los propietarios para alquilar sus alojamientos, lo que podría dañar su reputación en el mercado. En casos de incumplimiento reiterado de la normativa, los propietarios se arriesgan a la revocación de licencias o permisos esenciales para operar legalmente.
Según Luis Miguel Fernández, abogado especializado en propiedad horizontal, derecho inmobiliario y alquileres turísticos, además de socio y director de Aestimatio Abogados, en el caso de que el arrendador no registre su vivienda, o de que la información sea incorrecta o incompleta (y no se subsane en los 7 días posteriores), el Ministerio podrá retirar la licencia del inmueble y, por lo tanto, eliminarlo del mercado. Dichas plataformas tendrán un plazo de 48 horas desde la notificación para eliminarlo.
Sin este número de registro no se podrá poner en el mercado del alquiler de corta duración ningún inmueble, por lo que, si algún propietario incumple esta medida, se expondrá a sanciones económicas que varían en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre, las cuales pueden oscilar desde los 2.000 euros, hasta superar el medio millón.
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