Isabel Rodríguez ‘maquilla’ las estadísticas para justificar su política de vivienda

El malestar en el mundo económico e inmobiliario va a más por las lecturas que hace Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, de las estadísticas oficiales para mantener el relato de sus políticas. El último ejemplo es el freno a los pisos turísticos, que ha sido el blanco de duras críticas en las últimas horas por el cambio de la referencia temporal de la serie estadística. 

Economistas y expertos inmobiliarios denuncian que los datos sobre las viviendas de uso turístico (VUT) han pasado de utilizar los meses febrero y agosto a centrarse en mayo y noviembre. Tal modificación no solo deja fuera el pico de la temporada turística, sino que además impide hacer comparativas superiores a 12 meses. 

El INE publicó este lunes, 9 de febrero, que en noviembre había 329.764 el pisos turísticos en toda España, un 12,4% menos que un año antes (376.463) y un 13,6% menos que en mayo (381.837), lo que supone su nivel más bajo en casi tres años (febrero de 2023). 

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) celebró el descenso en un comunicado, que achaca a dos medidas que entraron en vigor en 2025: la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que "empodera a los vecinos" y permite a las comunidades de propietarios vetar este tipo de viviendas desde abril; y, sobre todo, la llegada del registro único de alquileres de corta duración, de obligado cumplimiento desde el pasado 1 de julio tanto para las viviendas destinadas a arrendamientos turísticos como temporales y de habitaciones que se comercialicen en plataformas digitales.

Más allá de estos argumentos, lo que ha levantado ampollas es el cambio del periodo temporal de la serie estadística. En un principio, el INE utilizaba como referencia los meses de febrero y agosto de cada año, coincidiendo con “la descarga de información de las plataformas de alojamiento” que analiza para publicar estos datos, según detalla el proyecto técnico.

Sin embargo, en 2024 las referencias temporales pasaron a ser los meses de noviembre y mayo. Así, en ese ejercicio se hicieron públicos tres datos (febrero, agosto y noviembre), mientras que en 2025 ya solo se han volcado dos: mayo y noviembre. Meses que dejan fuera el pico estival y que impiden saber si la tendencia es sólida o producto del nuevo calendario estadístico. 

El Institut Ostrum de Catalunya, por ejemplo, califica el cambio en la serie temporal como “grave”, ya que “rompe la comparabilidad de la serie temporal por variaciones estacionales y periodicidad, imposibilitando las comparaciones interanuales directas”, según afirma el ‘think tank’ como respuesta a un post de la ministra de Vivienda, donde Isabel Rodríguez afirmaba que la caída del número de pisos turísticos “no es casualidad: es regular, es cerrar el grifo al fraude y es combatir la ilegalidad; es la firme acción de este Ministerio contra la especulación”. 

Mientras, Francesc Pujol, profesor e investigador de la Universidad de Navarra, ha asegurado en esta misma red social que le parece una “vergüenza lo del Ministerio de Vivienda, cambiando de mes de referencia, nada menos que de agosto a noviembre, para pretender y vender que la dinámica cambia”. Y ha añadido que, tras esta modificación, “es imposible saber si el descenso es real o sólo fruto del cambio metodológico”. 

Santiago Calvo, profesor en la Universidad de Las Hespérides y en la Universidad de Santiago de Compostela; e investigador visitante en la Hunter College de New York, también se ha hecho eco del cambio en la ventana estadística y ha insistido en que el resultado es que “rompes la serie, impides la comparación y moldeas el dato a conveniencia. Trampas al solitario de manual”. 

Mikel Echavarren, presidente y CEO de la consultora Coliers en España y Portugal, es otra de las voces críticas. "Dejen de dar datos sesgados en series no comparables y de dar la matraca sobre los efectos de sus medidas. Uno de los grandes problemas que tiene el acceso a la vivienda es su nefasta gestión, plagada de demagogia, populismo e ineficacia", ha respondido al Ministerio a través de LinkedIn. 

Por su parte, Juan Ramón Rallo, doctor en economía y decano de la Universidad de las Hespérides, ha comentado: "Ahora seguro que se abaratan los alquileres: porque eran los pisos turísticos los que hacían subir los precios, ¿verdad?".

Quien también se ha pronunciado al respecto es Silvia Blanco, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), quien ha afirmado en su perfil de LinkedIn que "la caída de anuncios no implica que esas viviendas hayan pasado al mercado residencial, ni que exista más oferta real para vivir. En muchos casos, hablamos de viviendas legales, inscritas en registros autonómicos, que han sido expulsadas del mercado digital por criterios administrativos, no por ilegalidad". Según Blasco, "reducir anuncios puede producir titulares, pero no produce vivienda". 

Desde el INE explican a idealista/news que el motivo del cambio no fue otra que “una decisión técnica, porque las reservas se hacen con meses de antelación a los meses más activos en turismo”. Por ello, se decidió que, en lugar de hacer la descarga de datos en agosto y febrero, se hiciera en mayo y noviembre.  

En el caso de Rentalia, la plataforma de alquiler vacacional de idealista, el mes de referencia en 2025 fue marzo, que concentró el 13,7% de las reservas de todo el año y el 14,6% de las noches. En mayo se contabilizó el 13,3% de todas las reservas del año y el 12% de todas las noches del año, mientras que en noviembre solo supuso el 3,7% de las reservas y el 4,4% de las noches. No obstante, la plataforma recuerda que tanto las fechas festivas (Semana Santa y los puentes) como la climatología hacen que cada año el reparto de reservas por meses varíe sustancialmente.

El impulso de la VPO 

Esta no es la primera vez en la que los anuncios y comunicados oficiales generan malestar en el sector. A mediados de diciembre, en un balance sobre el impulso de la construcción de viviendas protegidas en España, el Ministerio de Vivienda publicó que entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 (últimos 12 meses disponibles) se inició la construcción de 23.179 viviendas protegidas, con un crecimiento del 40% interanual. 

Según el comunicado, “la estadística oficial que publica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana certifica los buenos resultados del impulso inversor y legislativo del Gobierno”.

Sin embargo, sus propios datos muestran que la inmensa mayoría de los proyectos están vinculados con el sector privado: en el mencionado periodo, los promotores privados empezaron a construir 19.596 VPO, frente a las escasas 3.583 unidades del sector público. 

Además, casi la mitad de todas las viviendas protegidas iniciadas (bien iniciativa del sector público o del privado) se situaban en la Comunidad de Madrid (10.408 viviendas protegidas iniciadas entre el cuatro trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025), la región a la que el Gobierno querría aplicarle el artículo 155 de la Constitución Española para poder intervenir en su mercado residencial. 

Por tanto, si hay un discurso que refuerzan las cifras oficiales ese es el de los promotores privados, que llevan años insistiendo en que son ellos -y no la Administración- los grandes desarrolladores de viviendas protegidas en España.

El impacto del control de los alquileres

Otro de los campos en los que hay más fricción entre la lectura que hace la Administración y la que hace el sector inmobiliario es en el impacto que está teniendo el control de los alquileres en las zonas tensionadas, la medida estrella de la Ley de Vivienda que entró en vigor en mayo de 2023.

Desde hace un año, tanto el Ejecutivo como los gobiernos autonómicos se han lanzado a defender el éxito de la medida para contener la subida de las rentas de los arrendamientos sin lastrar la oferta. Una tesis que en algunos casos ha ocultado datos y que en otros se ha basado en una referencia temporal diferente para lograr un resultado favorable. 

En el caso de Cataluña, la primera CCAA que declaró zonas tensionadas -actualmente tiene 271-, se están registrando subidas de precios (hay caídas en algunos grandes municipios, pero no en términos generales) y un desplome de la firma de nuevos contratos de alquiler, según las estadísticas del Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda de la Generalitat de Catalunya, basadas en las fianzas de los alquileres depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl). 

En Barcelona, concretamente, esa misma fuente muestra una reducción de la superficie media de las viviendas arrendadas, así como una subida de la renta media del m2, lo que confirma el temor de los expertos inmobiliarios: el alquiler no es más barato, sino que las viviendas cada vez son más pequeñas, lo que reduce la renta media mensual de los pisos de forma artificial.  

Según afirmó Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili y director de su cátedra de vivienda, durante el Congreso Nacional de Vivienda, celebrado a principios de noviembre en Madrid, los primeros efectos del tope a los alquileres en Cataluña “han demostrado que es un desastre, en todos los sentidos, igual que en otros lugares del mundo donde se han aplicado”.

Nasarre también insistió en que la reducción de la superficie de las viviendas alquiladas y la subida de la renta por m2 impiden que el control de precios pueda ‘venderse’ a la opinión pública como un éxito, ya que “las mejores viviendas salen del mercado del alquiler una vez que termina el contrato”; e hizo hincapié en que “lo que no pueden los poderes públicos es engañar”. 

Al margen de Cataluña, Navarra muestra una radiografía similar. En la comunidad, hay 21 zonas tensionadas desde el pasado 30 de julio (entre ellas Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Tafalla, Ansoáin, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta) y el primer balance oficial también sirve para mostrar cómo el MIVAU ‘juega’ con los datos a su favor.

El pasado 29 de enero, en una comparecencia pública, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, afirmó que el precio del alquiler había descendido un 8,6% en los municipios declarados como zonas tensionadas, pasando de un alquiler medio de 848,7 euros en el segundo trimestre de 2025 a los 774,3 euros en el cuarto trimestre; y que la firma de contratos se había mantenido estable en 2025 con 4.202 formalizaciones, frente a las 4.176 del ejercicio anterior. Unos datos que celebró también la ministra Isabel Rodríguez: “la ley funciona y te beneficia a ti”, argumentó en un vídeo. 

Pero no fue casualidad que usara diferentes referencias temporales (trimestres en el caso de los precios y anual en el caso de los contratos), porque al hacerlo los resultados cambian significativamente. 

Según el último informe publicado por el Observatorio de Vivienda de Navarra, basándose en los datos del Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA),  el precio del alquiler ha bajado de forma generalizada en la región, puesto que también lo ha hecho en los municipios que no son zonas tensionadas. 

Además, los datos trimestrales sí muestran una fuerte contracción de las firmas de contratos de arrendamiento (-40% en medio año), así como una reducción del tamaño de las viviendas alquiladas y de un descenso testimonial de la renta si se analiza en euros/m2. Y también ponen sobre la mesa que los alquileres temporales están ganando peso en el mercado, en detrimento del arrendamiento de larga estancia.  

“Los topes contienen precios en el corto plazo, pero generan menos oferta estable, más segmentación y peores incentivos. Navarra no es una anomalía: es el patrón clásico cuando se regulan precios sin aumentar oferta", afirmó en su perfil de la red social X Santiago Calvo, profesor en la Universidad de Las Hespérides y en la Universidad de Santiago de Compostela; e investigador visitante en la Hunter College de New York. 

El auge de los contratos de alquiler

Otro de los ejemplos que encajan con esta casuística lo protagoniza el aumento de los contratos de alquiler en España. El año pasado, prácticamente por estas fechas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) insistió en varias ocasiones que la Ley de Vivienda en mayo de 2023 estaba dando estabilidad al mercado del alquiler, como demostraba el aumento de los contratos de arrendamiento en el año de su entrada en vigor. 

"Se observa un importante crecimiento de los arrendamientos de vivienda en el contexto de la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Concretamente, se superan los 2,3 millones de arrendamientos, lo que supone un incremento del 4,9% con respecto a la cifra del año anterior”,  explicó el Ministerio en un comunicado remitido el pasado 18 de marzo, en el marco de la actualización del sistema de índices de precios de referencia de los nuevos contratos de alquiler (SERPAVI), creado para orientar a los arrendadores y arrendatarios a la hora de fijar la renta en los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas.

Pero la realidad muestra que el crecimiento es muy anterior a la puesta en marcha de la normativa. La serie histórica del propio Ministerio muestra un crecimiento sostenido desde el año 2015, con un aumento de un millón de bienes inmuebles arrendados para vivienda habitual desde entonces, coincidiendo con las campañas de avisos a los contribuyentes que activó la Agencia Tributaria para aflorar los alquileres sumergidos. 

Según la serie estadística, los alquileres de viviendas habituales declarados han crecido año tras año y en algunos ejercicios lo ha hecho a ritmo de dos dígitos. En 2020, por ejemplo, el alza rebasó el 17%, mientras que el repunte de 2023 del 4,93% que celebra el MIVAU es el tercero más bajo de los últimos ocho años. Además, a las campañas de notificaciones del fisco el aumento del número de hogares que residen en régimen de alquiler, por lo que es lógico que también lo haga el de propietarios particulares que declaran en la renta los ingresos que obtienen de los arrendamientos.

El fin de la ‘golden visa’

Otra de las lecturas recientes más llamativas está relacionada con la desaparición definitiva de las “golden visa”, los visados de residencia a extranjeros por inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros que estuvieron vigentes durante 12 años, hasta el pasado mes de abrir.  

A pesar de que durante su vigencia apenas se concedieron unas 14.600 unidades, el Ministerio de Vivienda ha vinculado su eliminación con el aumento de las compraventas de viviendas con hipoteca.

Según un comunicado del Ministerio de Vivienda, del pasado 29 de enero, el Boletín Especial del Observatorio de Vivienda y Suelo nº 55, correspondiente al tercer trimestre de 2025, reflejaba que “la proporción de hipotecas en relación el número de operaciones de compraventa escrituradas se situó en el 72,9%, el porcentaje más elevado de los últimos cinco años, y coincidiendo con el primer trimestre completo tras la derogación de las conocidas como Golden Visa inmobiliarias”.

Pero no ha tenido en cuenta que, al calor de las bajadas de los tipos de interés hasta el 2%, los bancos han estado ofreciendo hipotecas a unas condiciones muy competitivas, en especial a tipo fijo, lo que ha impulsado un boom hipotecario.

Además, conviene recordar que tanto las compraventas como las hipotecas se deben firmar ante notario antes de poder registrar las escrituras, por lo que los Registradores muestran estadísticas de operaciones que se formalizaron semanas o incluso meses antes. Además, esos datos rienen una referencia trimestral. 

Mientras, las cifras del Consejo General del Notariado, que sí muestran transacciones y préstamos formalizados en el mismo mes, muestran que el peso de las compraventas con y sin hipoteca se mantiene muy igualado desde verano de 2024. De hecho, las operaciones con financiación mantienen una tendencia al alza desde hace meses y yan superado ligeramente a las realizadas a tocateja durante todo 2025, incluso cuando las ‘golden visa’ aún estaban en vigor.