El teniente de alcalde de Territorio de Badalona (Barcelona), Daniel Gracia, ha afirmado que la ciudad prohibirá los pisos turísticos este mismo 2026, medida que el gobierno municipal llevará a aprobación antes de la sesión de mayo.
Lo ha anunciado en el pleno de marzo, durante el debate de una moción presentada por el PSC, ERC, Badalona en Comú y Guanyem Badalona, donde ha sostenido que la ciudad "no podía ser una isla donde se permitiesen los pisos turísticos" mientras que el resto del área metropolitana los está prohibiendo.
Asimismo, ha defendido que el gobierno no ha cambiado de opinión en ningún momento, ya que simplemente insiste en la misma línea que inició "de forma pionera en 2014" al regular la concesión de licencias de pisos turísticos.
La decisión de Badalona se produce en un momento en que Barcelona lleva años aplicando una de las políticas más estrictas de Europa contra los pisos turísticos. El Ayuntamiento de la capital catalana, gobernado por PSC y ERC, aprobó que no se concederán nuevas licencias de viviendas de uso turístico desde 2015 y ha planteado eliminar todas las licencias existentes para finales de 2028, lo que convertiría a Barcelona en una de las primeras grandes ciudades europeas en vetar por completo esta modalidad de alojamiento.
El argumento principal del consistorio barcelonés ha sido siempre el impacto de los pisos turísticos en la crisis de vivienda y en los precios del alquiler, además de tratar de frenar la “turistificación” de barrios residenciales.
Estas políticas han generado un contexto en el que la oferta de pisos turísticos en Barcelona ha ido disminuyendo, con centenares de licencias cerradas o no renovadas en los últimos años, y ha influido en la expansión de alojamientos hacia municipios del entorno metropolitano, como L’Hospitalet de Llobregat o Badalona, donde propietarios y operadores han buscado alternativas fuera de la ciudad condal.
Además, la regulación ha ido acompañada de otras medidas en Barcelona, como el aumento de la tasa turística para financiar vivienda y ayudas a comunidades que prohíban pisos turísticos en sus edificios, lo que refleja la estrategia municipal de priorizar el uso residencial del parque de viviendas frente al uso turístico.
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