El Gobierno ha iniciado los trámites para eliminar la concesión de permisos de residencia a extranjeros no comunitarios que invierten más de 500.000 euros en vivienda. Una medida que se inició en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, y que el actual Ejecutivo suprime para acabar con la "especulación inmobiliaria", según la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La ministra ha apuntado que la concesión de 'Golden Visa' ha repuntado considerablemente durante los dos últimos años.
"Este tipo de inversiones tensionan el mercado, incrementan el precio de la vivienda y eliminándolas, vamos a amortiguar y paralizar este tipo de especulación", ha recalcado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La titular de Vivienda ha subrayado que el fin de las 'Golden Visa' da respuesta a un tipo de visado que estaba siendo observado por las instituciones europeas, especialmente, tras la Guerra de Ucrania, y que en 2022 "encendió las alarmas" del Gobierno por el incremento del número de visados concedidos en España.
Desde 2013 hasta 2023 se han concedido 14.576 visados por la compra de viviendas de más de 500.000 euros. Según Rodríguez, las "alarmas se encendieron" en el Ejecutivo cuando en el 2022 se expidieron 2.017 visados y en 2023, 3.270. "Habiéndose duplicado las concesiones, intervenimos en ello", ha recalcado Rodríguez.
Pero es un repunte que ha tenido que ver, sobre todo, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, además de un incremento de las operaciones de ciudadanos de EEUU, China y Rusia, que siguen estando a la cabeza en ciudadanos extranjeros no comunitarios que adquieren este tipo de visado. Junto a ellos, también aparecen ucranianos, iraníes, venezolanos y mexicanos, según la ministra.
Asimismo, ha apuntado que las principales provincias a las que se dirigen estas compras de más de medio millón de euros son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. Además, ha recalcado que en ciudades como Marbella o Barcelona, la adquisición de viviendas ligadas a este tipo de inversión suponen el 7,1% en el caso de Marbella, el 5,3% en el caso de Barcelona o el 10% en algunos municipios de las Islas Baleares.
"Esta medida pretende dar respuesta a estas ciudades y, sobre todo, a quienes la habitan. A los hombres y mujeres a las familias y a los jóvenes, que están buscando una vivienda como una misión imposible", ha subrayado Rodriguez.
Una medida criticada y también respaldada
Desde que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció ayer el fin de estos visados para extranjeros no comunitarios, se han sucedido las declaraciones de partidos políticos, gobiernos autonómicos y empresarios.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, considera que eliminar los visados de oro ('Golden Visa') para extranjeros que inviertan en España sólo es una "cortina de humano" para "tapar la incompetencia" del Gobierno en la política de vivienda. Tellado ha recordado que estos visados "tan sólo afectan al "0,002% de la vivienda en España", por lo que ha descartado un impacto significativa en el mercado de la vivienda en España; y ha insistido en reprochar al Gobierno su gestión en la materia. "Tienen un cero en vivienda", ha aseverado.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha afirmado que la eliminación de estos visados no servirá para solucionar los problemas de la vivienda en España y sólo se hace para que "no se hable" de otros temas que afectan negativamente al Ejecutivo. En concerto, Millán ha reprochado que el Gobierno "se saque de la manga" esta medida después de haber renunciado a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
"¿Va a solucionar la especulación o el problema de la vivienda? Evidentemente no", ha comentado la portavoz del grupo. En cambio, se ha referido a varias medidas que Vox defiende desde hace tiempo, como la liberalización del suelo, la rebaja de la carga burocrática y los impuestos, y ayudar a las compra de primera vivienda.
Desde Sumar, partido del Gobierno de coalición, en cambio, han valorado positivamente la medida, aunque ha pedido ir un paso más allá y que se prohíba la compra de una casa si no es para vivir. "Debería continuarse con prohibir una vivienda en la que no se va a vivir como pasa en Canadá y Ámsterdam", ha señalado Martín Urriza, portavoz económico de Sumar en el Congreso, en un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter. El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, también cree que el fin de las 'Golden Visa' "es insuficiente" para combatir la especulación en el mercado inmobiliario y considera necesario ir más allá, limitando la compra de vivienda a personas no residentes en zonas tensionadas.
CCOO también ha pedido más medidas adicionales. El secretario general del sindicato, Unai Sordo, ha afirmado que la eliminación de las 'Golden Visa' es una medida que tendrá "efectos limitados" a la hora de resolver el problema del precio de la vivienda en España y ha pedido al Gobierno "ser valientes" y actuar sobre el rentismo. "Los precios inmobiliarios en España y, en general, el rentismo llevan tiempo siendo no ya un problema social, sino un problema económico. Es un lastre económico para nuestro país", ha señalado.
Los gobiernos autonómicos también se han lanzado a valorar la medida y, de nuevo, encontramos diferentes lecturas.
Desde la Comunidad de Madrid se han sucedido varias críticas. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, por ejemplo, ha sostenido que el Gobierno "vuelve a equivocarse" al anunciar la eliminación del visado de oro, y que "lanza un mensaje muy negativo a los inversores que quieran venir a España".
Mientras, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha lamentado que Sánchez "tome decisiones en dirección opuesta a los intereses de España". "Si confunde el diagnóstico, jamás será capaz de atajar el problema", ha asegurado.
En esta línea, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha señalado que esta nueva medida es "puramente cosmética y que no soluciona el acceso a la vivienda". Asimismo, ha indicado "romper las reglas del juego genera desconfianza, inseguridad jurídica y ahuyenta la inversión".
La Junta de Andalucía también se muestra en contra de la medida. "Desde el punto de vista económico lo consideramos como un incentivo para la inversión extranjera en España y en Andalucía, pero supone una traba más a la inversión extranjera en nuestro país y en nuestra comunidad. Se cierra así una vía a la creación de empleo, al crecimiento económico y al desarrollo de sectores clave para la economía", según ha explicado la responsable de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España.
En su opinión, es "una medida con un claro sesgo ideológico que daña la atracción de inversiones y que no bajará los precios del sector inmobiliario". También ha mostrado su proocupación por "la situación de tantos inversores extranjeros que llegaron a Andalucía bajo las condiciones de la Golden Visa y que ahora podrían plantearse regresar a sus países de origen y llevarse con ellos sus inversiones".
Desde la Generalitat de Cataluña, en cambio, ven con buenos ojos que se eliminen los visados a extranjeros por inversión en vivienda. Según sostienen desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ,esta medida "se implantó en la época de la crisis financiera, cuando era complicado vender viviendas. A día de hoy no es necesario impulsar todavía más la compra de viviendas por parte de no residentes".
También han llegado críticas desde el mundo empresarial. "Es una noticia no esperada porque tampoco lo había oído nunca. Es decir, nunca había oído que era un problema en este caso", ha reconocido Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. El máximo responsable de la patronal no cree que se tenga que estar hablando de las viviendas de lujo para abordar los problemas de tensionamiento inmobiliario en España. "Yo creo que debería de ir por otro camino: desde el punto de vista inmobiliario, de los precios", ha instado.
En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado que es un "gesto demagógico" y que "España se ha convertido en el lugar de veraneo y segunda residencia de millones de europeos. Reducir las posibilidades para que vengan me parece desacertado".
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