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El Gobierno inició esta semana los trámites confirmando su renuncia a las Cuentas Públicas de 2026, en un momento en el que aumenta la presión por el 'caso Leire' y los socios se distancian. Precisamente, el jefe del Ejecutivo confía en la "responsabilidad" de los que fueron sus aliados de investidura y afirmó que los nacionalistas vascos "se han abierto al diálogo" mientras que su partido, el PSOE, ya trabaja para mejorar la mermada relación con los de Carles Puigdemont.

El PNV y Junts se han desmarcado de una propuesta del PSOE para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Tanto el PNV como Junts rechazan esta proposición no de ley por impulsar mecanismos de supervisión y control en las comunidades autónomas.

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha asegurado que su partido no se opone a intervenir el mercado de vivienda, pero ha pedido "atajar" el problema de "forma integral" y "sin parches". Además, ha acosejado a EH Bildu ser "un poquito más serios" y no hacer política de vivienda "muy ideologizada y buscando culpables". Considera que "cuando se hace intervencionismo únicamente de una parte" para atajar "algunos problemas" como la subida de las viviendas de alquiler, muchos propietarios retiran la vivienda de mercado y la dirige a la de temporada. Y, añade, que esto "dificulta todavía más el acceso a una vivienda", porque el precio "no deja de subir y, sin embargo, "cada vez hay menos vivienda en alquiler habitual".

Sumar afronta la previsible derrota que sufrirá este martes el decreto ley que prorroga automáticamente los contratos de alquileres que vencen en 2026 y 2027 entre reproches al PSOE, por no haberse implicado lo suficiente en la negociación, y a PNV y Junts por haber anunciado que no van a apoyar el

Los propietarios con una sola vivienda de alquiler quedarán exentos de "asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad".

Una reforma de la Ley del Suelo que vuelve a quedarse en nada. El Pleno de la Cámara Baja ha rechazado la proposición de ley planteada por el PNV para comenzar a tramitar la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, un texto que había pactado previamente con el PSOE, muy similar al que el Ejecutivo retiró el pasado mayo. La votación se ha saldado con 124 votos a favor, 186 en contra y 34 abstenciones, tras un debate en el que PP, Sumar, Podemos y Junts han criticado desde que la norma fomenta el "pelotazo urbanístico", supone una invasión competencial o que es insuficiente para paliar la crisis de vivienda.

El PNV llevará al Pleno del Congreso de la semana que viene una proposición de ley para reformar la Ley del Suelo, una iniciativa que pactó con el PSOE, tras el fracaso del Ministerio de Vivienda de llevarla en solitario, y que tiene como objetivo dar mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos y blindar los proyectos de urbanización con la limitación de los efectos que puedan tener las denuncias recibidas por errores subsanables.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha avisado al Gobierno de que su formación no aceptará una reedición del decreto anticrisis para las nuevas ayudas por las consecuencias del temporal que incluya un gravamen a las empresas energéticas no concertado con las haciendas forales de Euskadi y Navarra. Esteban también ha avisado de los riesgos que conlleva amparar a los inquilinos que abusan de la legislación, como en algunos casos de inquiokupación que generan falta de seguridad jurídica que contribuye a la actual escasez de oferta de alquiler.

El psoe y el pnv han alcanzado un acuerdo que permitirá al gobierno de josé Luis Rodríguez zapatero no sólo conseguir la aprobación de los presupuestos generales del estado para 2011, sino no tener necesidad de adelantar las elecciones.

El Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular, que contó con el apoyo de PNV y CiU, y que incluye una enmienda pidiendo la desaparición del Ministerio de Vivienda.