Radiografía de la okupación: de los juicios exprés para algunos casos a los plazos para desahuciar

La okupación de viviendas en España ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un tema candente en el debate público. Tanto es así que el Congreso de los Diputados ha aprobado los juicios exprés contra algunas okupaciones a través de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, esta nueva norma permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo juicios rápidos de 15 días. Sin embargo, se quedan fuera las inquiokupaciones, que no están reflejadas en las cifras oficiales, tal y como alertan los expertos. Este artículo examina los plazos de desalojo, las cifras relacionadas, el contexto jurídico y las propuestas de solución en torno a la okupación en España.

Juicios exprés contra algunas okupaciones

Entre las medidas incluidas en la normativa destaca la agilización de los juicios para casos de okupación ilegal de vivienda, ya que permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. 

Con la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los casos de ocupación ilegal se suman a la lista de delitos menos graves susceptibles de ser procesados por la vía rápida, que hasta ahora incluía delitos como hurtos y robos. 

La medida ha sido celebrada en algunos sectores como un avance en la lucha contra la okupación, pero no sin cierta reserva. Y es que no se incluye la inquiokupación; esto es, los casos en los que el inquilino deja de pagar la renta de forma premeditada, y cuya intención desde el inicio es no pagar nada más y aprovecharse de la lentitud de la acción de la justicia para seguir okupando las viviendas el máximo tiempo posible. Estos casos se están generalizando en España y son el foco del problema, según los expertos jurídicos.

El tiempo de espera para el desalojo

El tiempo que un propietario debe esperar para poder desalojar a un okupa ha alcanzado cifras preocupantes en la actualidad, superando en promedio los dos años. Este fenómeno se debe a varios factores que complican el proceso:

1. Sistema judicial sobrecargado: la cantidad de casos que deben ser atendidos por los juzgados es abrumadora, lo que provoca retrasos significativos en la tramitación de los desalojos. A menudo, los juzgados están saturados de casos relacionados con ejecuciones hipotecarias y desahucios por impagos, lo que coloca las okupaciones en una lista baja de prioridades.
2. Complejidades legales: las leyes en materia de okupaciones son confusas y, a menudo, varían entre comunidades autónomas. Esto genera incertidumbre tanto para okupas como para propietarios. Además, los okupantes pueden alegar que han establecido su residencia en la vivienda, lo que a veces dificulta el desalojo.
3. Consecuencias psicológicas: para muchos propietarios, el proceso de lidiar con un okupa se convierte en un calvario emocional. La incertidumbre sobre el futuro de su propiedad, sumada a la presión financiera –algunos propietarios dependen del alquiler para su sustento– genera un estrés considerable.

Además del plazo, las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también reflejan un fuerte aumento de las demandas ante los Juzgados de Primera Instancia de toda España por okupación de viviendas. Solo en el tercer trimestre del año se han contabilizado 580 nuevos casos, un 55% más que en verano de 2023, con Cantabria y Cataluña a la cabeza de los incrementos. Cataluña, además, es la comunidad autónoma con mayor número de nuevos procedimientos judiciales tanto en términos trimestrales como en lo que va de año. 

Cifras y realidades del fenómeno

A pesar de que las estadísticas del Ministerio del Interior indican una caída en el número de denuncias por okupaciones de viviendas en España, expertos jurídicos consultados por idealista/news confirman que "el descenso que reflejan los datos no son indicativos de la realidad" porque no incluyen las okupaciones que no son delitos de allanamiento de morada o usurpación. Algunas voces aseguran que en los datos oficiales no aparecen los casos en los que los inquilinos han utilizado los contratos de alquiler como una manera de evitar la patada en la puerta; es decir, las inquiokupaciones. “Y esto no está registrándose” alertan. 

Además, cada vez más particulares y empresas están optando por vías alternativas para recuperar la posesión de sus propiedades, ya sea la negociación y el pago con los ocupantes para que abandonen el inmueble o contratar a empresas especializadas en desalojos. El objetivo es evitar las denuncias judiciales ante los dilatados plazos juidicales. 

El fenómeno de la okupación, que ha sido objeto de controversia y debate, plantea cuestiones centrales sobre el acceso a la vivienda en un contexto de desigualdad creciente. Sin políticas adecuadas que aborden esta problemática de manera integral, los expertos creen que la situación no solo se mantendrá, sino que podría empeorar. Así, la discusión se centra en la urgencia de implementar medidas efectivas que protejan tanto los derechos de los propietarios como el derecho fundamental a la vivienda de quienes se ven obligados a ocupar.

Iniciativas y propuestas de solución

Ante esta problemática, han surgido diversas iniciativas y propuestas que buscan ofrecer soluciones tanto a propietarios como a okupas:

1. AproVij y Otras Asociaciones : la creación de la asociación AproVij es una respuesta directa a las preocupaciones de los propietarios. Esta organización no solo se dedica a la defensa de los derechos de los propietarios, sino que también busca un balance al reconocer que algunas personas que okupas son, de hecho, vulnerables. A través de un sistema de mediación y diálogo, proponen soluciones que tengan en cuenta las necesidades de ambas partes.
2. Acción de las autoridades locales : Algunas ciudades están comenzando a implementar políticas que tratan de manejar la okupación de manera más efectiva. Algunas alternativas incluyen la creación de programas de vivienda asequible y la promoción de proyectos de rehabilitación de edificios vacíos para convertirlos en viviendas sociales y accesibles.
3. Modelos internacionales: En algunos países, como los Países Bajos y Alemania, se han implementado modelos de mediación que evitan los largos procesos judiciales, ofreciendo a ambas partes la oportunidad de negociar acuerdos fuera de los tribunales. Estos modelos podrían ser adoptados en España para aliviar la presión tanto en los okupas como en los propietarios.