Hay administradores de fincas que llevan décadas gestionando los mismos edificios sin un plan de sucesión claro. Antonio Baldellou, CEO de inmho en España, lo identifica como uno de los motores del negocio que dirige: un sector extremadamente fragmentado, con poca profesionalización y sin grandes operadores hasta que aparecieron los consolidadores. inmho gestiona 15.000 comunidades de propietarios, con el segundo operador probablemente en la mitad de esa cifra. Sin embargo, eso representa menos del 3% de un mercado de un millón de comunidades en España. También cuenta con 8.000 alquileres bajo gestión.

“Pagar bonus a los inspectores de Hacienda es una violación del Estado de Derecho”. Así de contundente se muestra Robert Amsterdam, abogado americano y fundador del despacho Amsterdam & Partners, que se dedica a llevar asuntos de gran envergadura contra Gobiernos, pero en nuestro país está librando una batalla contra el Ministerio de Hacienda. En esta entrevista para idealista/news Amsterdam, que actualmente está trabajando en la defensa de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, asegura que su lucha en España es acabar con el sistema de bonus que reciben los inspectores de Hacienda por abrir expedientes a los contribuyentes y también es terminar con la idea de pagar antes de poder recurrir contra el fisco en los tribunales.

El anuncio del Gobierno de aprobar un nuevo decreto en vivienda incluyendo otra vez la prórroga de alquileres que ya fue tumbada por mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril no ha pasado desapercibido para los expertos juristas. Aunque aún se desconocen los detalles de este nuevo decreto, en caso de incluir de nuevo la prórroga de los alquileres pondría en evidencia la tan cacareada vigencia que defendieron sus partidarios, desde Gabriel Rufián a los lobbies inmobiliarios de extrema izquierda o la ministra de vivienda Isabel Rodríguez, que afirmaron taxativamente que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga de los alquileres solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica. De incluirse otra vez esta prórroga en el futuro decreto se confirmaría que tales afirmaciones no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía.

Dirige la inmobiliaria de lujo más antigua de La Moraleja (Madrid) y actualmente está inmerso en su expansión por España mediante colaboraciones con agentes inmobiliarios. Gonzalo López-van Dam es CEO de Promora, una inmobiliaria fundada en 1975 por su madre, Pilar Monsalve. En esta entrevista, nos cuenta cómo ha cambiado no sólo la forma de vender vivienda de lujo, sino también el perfil del comprador y la arquitectura de las viviendas: ya no son oscuras y con ventanales pequeños, sino casas con grandes cristaleras y donde prima la luminosidad y los espacios para el bienestar. Señala que la oferta de vivienda de lujo es escasa, pero que la demanda ha llegado a su máximo.

El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley que reforma la ley de vivienda y que establece otorgar la calificación permanente de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de alquiler con carácter retroactivo, es decir, blindar el alquiler indefinido de la VPO a cualquier promoción, incluidas las que ya tenían otorgada la calificación definitiva. Se ha aprobado a través de un procedimiento exprés sin que la norma haya pasado por el cauce habitual de ponencia ni comisión, habiéndose votado de forma directa en el pleno extraordinario de este jueves 25 de junio. Tampoco se ha sometido a Dictamen del Consejo de Navarra si bien UPN ha anunciado que va a solicitar su Dictamen y cuenta con suficientes parlamentarios para hacerlo.

Nos encontramos en las últimas semanas de la campaña de la Renta que termina el próximo 30 de junio. Y muchas son las noticias en relación con la declaración del IRPF y sobre las desgravaciones, pero pocas sobre las novedades judiciales en relación con este impuesto que afectan de forma favorable a muchos propietarios de viviendas. En esta entrevista con el abogado fiscalista José María Salcedo aborda cuestiones novedosas sobre el plazo para vender la vivienda habitual y acceder a las exenciones fiscales, o qué tipo de reformas en una vivienda pueden ser deducibles en el IRPF.

La reciente anulación del Registro Único de Arrendamientos por parte del Tribunal Supremo ha generado un escenario de incertidumbre para propietarios y operadores. El abogado Alejandro Fuentes-Lojo recuerda que esta sentencia considera que la normativa que regulaba este número de registro único (NRUA) es ilegal y, por tanto, es como si nunca hubiera existido. Ya no es necesario obtener el NRUA para alquileres turísticos, de temporada o de habitaciones. El abogado explica cómo recuperar el dinero invertido y también pedir daños y perjuicios por el tiempo en que no se ha podido poner en alquiler el inmueble.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Laura Díez Bueso, confirma la plena validez constitucional de todos los preceptos impugnados de la conocida como Ley de Vivienda. Se trata de la quinta resolución del TC sobre esta misma ley. La sentencia no ha sido unánime y ha contado con cinco votos particulares.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración (turístico o de temporada) regulado en el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, y que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2025. El alto tribunal considera que el Estado carece de título competencial para establecer un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes en materia de arrendamientos turísticos. Ahora propietarios y operadores del sector no deberán obtener el registro único ni tampoco deberán remitir la declaración anual de arrendamientos al Registro de la Propiedad.

La Audiencia Nacional da la razón a la cantante Shakira al considerar que no tenía residencial fiscal en España en 2011 y, por tanto, anula la liquidación y sanción de Hacienda de 55 millones de euros por IRPF y Patrimonio de ese mismo año. El Tribunal señala en su sentencia que tanto las liquidaciones practicadas de IRPF e Impuesto sobre Patrimonio y las sanciones son contrarias a Derecho porque “parte de la idea de que la recurrente tenía en el ejercicio 2011 su domicilio fiscal en España y ello no ha quedado acreditado”. La reacción de la Agencia Tributaria no se ha hecho esperar: insta a la Abogacía del Estado a que recurra la sentencia de Shakira ante el Tribunal Supremo.