Finaliza la ocupación ilegal en Carabanchel: desalojadas las últimas familias del edificio macrookupado

Este jueves se ha puesto fin a la ocupación ilegal del macroedificio de Carabanchel en Madrid, con la salida de las últimas familias que habían tomado las viviendas durante el puente de diciembre. Con esto concluyen dos meses de tensiones para las aproximadamente 60 familias de residentes legales en el edificio propiedad de Vivenio. Durante este tiempo, se produjeron enfrentamientos, actos violentos y disturbios nocturnos.

Por la mañana, los últimos ocupantes recogieron sus pertenencias y abandonaron las viviendas que ocupaban sin autorización. La empresa Servi-Okupa supervisó la salida de estos individuos, en su mayoría de nacionalidad peruana, quienes habían aceptado hasta 10.000 euros para dejar los pisos. “Han sido dos meses de horror, peleas e inseguridad,” comentó una vecina a El Mundo. Otro residente, aludiendo al alivio colectivo, mencionó la posibilidad de celebrar una fiesta para conmemorar el fin de las okupaciones, recordando el esfuerzo vecinal en la organización de rondas y protestas para contener el fenómeno.

Se ha informado que algunos de los okupas llegaron a exigir hasta 15.000 euros para desalojar las viviendas. El cabecilla de esta red, conocido como "el Gordo" o "el Paraguayo," fue arrestado en el lugar por la Policía Nacional de Carabanchel, recibiendo los aplausos de los vecinos al ser detenido. Junto a él, fueron arrestadas otras dos personas, una mujer llamada “La Rubia” y otro hombre, ambos presuntamente involucrados en la planificación del asalto masivo.

Las investigaciones continúan para determinar si este hombre también es responsable de unos videos en los que amenazaba con okupar nuevas propiedades en Boadilla del Monte y otros lugares del oeste de la región. Los agentes intervinieron cuando este individuo cargaba sus pertenencias en una furgoneta frente al bloque.

El edificio, situado en la calle Excelente, número 6, fue ocupado durante el puente de la Constitución. Se sospecha que una banda vendió ilegalmente los pisos, aún deshabitados y ubicados en el PAU de Carabanchel, a familias de origen peruano por entre 2.000 y 3.000 euros tras ofrecerlos en una cola de un comedor social de la zona. Alrededor de 30 familias se trasladaron con camiones de mudanza y, tras cambiar las cerraduras, accedieron a los apartamentos, para asombro de los vecinos legítimos, que pagan rentas de entre 800 y 1.500 euros.

Para evitar más okupaciones, la empresa propietaria intensificó la seguridad, instaló alarmas y contrató una empresa de desokupación que, inicialmente, se enfrentó a hostilidades de parte de los okupas. Finalmente, fue Servi-Okupa quien logró desalojar a los ocupantes en un mes. Se han reparado las viviendas ocupadas, se han instalado nuevas puertas con cerraduras, alarmas y un servicio de vigilancia permanente para prevenir futuros incidentes.