Los juristas consultados recuerdan que esta sentencia del Supremo afecta a los casos de okupación ilegal y no a la inquiokupación. Recomiendan seguir una serie de protocolos para estar cubiertos legalmente antes de dar de baja los servicios de luz, agua o gas, como comunicar la fecha en la que se va a cortar los suministros. Además, advierten del riesgo de que las empresas suministradoras metan al propietarios en una lista de morosos si dejan de pagar las cuotas mensuales.
En el primer trimestre del año ingresaron en los juzgados de toda España 460 nuevos procedimientos por okupación ilegal de viviendas, un 22,3% menos que entre enero y marzo del año pasado y el dato más bajo de un primer trimestre de la serie estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los expertos descartan que este fuerte descenso signifique que el fenómeno de la okupación esté desapareciendo y recuerdan que estas estadísticas solo contabilizan los casos por la vía civil, dejando fuera el ámbito penal. Además, explican que la necesidad de negociar con los okupas está retrasando la llegada a los juzgados de muchos casos y que están creciendo aquellos en los que los afectados deciden pagar al okupa para recuperar la posesión de los inmuebles.
En España, la ocupación ilegal es una preocupación latente entre los propietarios. Echarlos es complejo y, además, suelen destrozar las casas en las que entran.
La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) alza la voz contra el bloqueo en la Mesa del Congreso de dos proposiciones de ley impulsan medidas medidas el desalojo en un plazo máximo de 48 horas o el endurecimiento de las penas por la ocupación ilegal de viviendas. Uno de los textos fue promovido por el PP en el Senado y lleva dos años y medio paralizado en la Cámara Baja, mientras que el otro es una iniciativa de Junts que el Congreso admitió a trámite en marzo del año pasado. La PAO denuncia que entre ambos textos acumulan 139 prórrogas sistemáticas de los plazos para presentar enmiendas, lo que califica como un "secuestro parlamentario" que está vulnerando el derecho a la representación política efectiva recogido en la Constitución.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que es posible construir un millón de viviendas nuevas en España en una legislatura y crear más de 500.000 puestos de trabajo, mientras que ha denunciado el desastre sin paliativos de la política "intervencionista" del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la vivienda. ara Feijóo, también es posible que los jóvenes tengan una política específica para que puedan ser propietarios de una vivienda como generaciones anteriores lo eran ya a la edad de 35-40 años. "Que todos los datos de acceso a la vivienda hayan empeorado no es una casualidad", ha destacado.
Entra en vigor el Plan de Vivienda 2026 en Italia, un paquete de medidas dotado con más de 10.000 millones de euros con el objetivo de poner en el mercado unas 100.000 viviendas a precios asequibles en 10 años y hacer frente a la emergencia habitacional. Una de las novedades más destacadas del paquete ‘Piano Casa 2026’ es la introducción de un procedimiento urgente para acelerar la liberación de inmuebles ocupados ilegalmente o en casos de impago o fin de contrato de alquiler.
En 2025 entró en vigor la conocida como ley antiokupas, que prometía poder echar a los okupas en 15 días desde que se presentaba la demanda.
Quienes hayan sido condenados por delitos vinculados con la okupación, como el allanamiento de morada o la usurpación, no podrán acceder a una vivienda protegida en los cinco años siguientes a la sentencia de condena en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de esta región, durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum.
Un nuevo caso de okupación en Calvià (Mallorca) ha vuelto a poner en el foco de la opinión pública la inseguridad que sufren los propietarios. La historia comienza en agosto de 2024, cuando una familia con un alto poder adquisitivo alquila una vivienda de lujo con piscina privada por 3.000 euros al mes. Sin embargo, en octubre de 2025, el entonces inquilino de origen danés da por terminada la relación y se marcha a su país, dejando a la mujer de origen cubano con dos hijos menores en la vivienda.
El año que dejamos ha sido prolífico en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que han afectado al mercado de la vivienda. Una de las más sonadas ha sido una sentencia que sienta un precedente importante para futuros casos relacionados con desahucios y ocupaciones ilegales: el Constitucional anula la suspensión del desahucio de un okupa. Otra que también resonó en los medios de comunicación fue la del Supremo avalando un desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras por parte del inquilino.
El término “fondo buitre” se ha instalado en el discurso público cargado de emoción, miedo y prejuicios, muy lejos de su realidad técnica y económica. En este artículo de opinión, Patricia Aragón desmonta uno a uno los mitos que rodean a estos actores financieros y explica, desde la experiencia y sin concesiones, qué ocurre realmente cuando un fondo compra deuda y por qué, lejos de destruir, suele ser quien desbloquea situaciones enquistadas durante años.
En los nueve primeros meses del año los ciudadanos han interpuesto en los juzgados 1.401 demandas por okupación de viviendas. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el volumen de nuevos procedimientos ingresados ha bajado un 21% respecto al año pasado, coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa que obliga a negociar e intentar llegar a un acuerdo con los usurpadores antes de acudir a la justicia. Andalucía es la región con más casos hasta septiembre, seguida de cerca por Cataluña, mientras que Barcelona es la provincia más destacada.
El Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) ha prohibido rellenar botellas y garrafas de agua en fuentes públicas para combatir la okupación, imponiendo multas de hasta 750 euros. Según el alcalde de la localidad, Xavier Fonollosa, la medida busca evitar que ocupantes y personas de otros municipios usen indebidamente el agua. Sin embargo, asociaciones y partidos de la oposición critican la decisión por afectar a personas vulnerables y sin hogar, acusando al Gobierno local de suprimir un derecho fundamental.
El Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha dado luz verde al decreto que endurece las penas por okupación de inmuebles un mes después de haber sido aprobado por el Parlamento. Se prevé, por ejemplo, una pena de prisión de hasta dos años o una multa de 240 días para quienes invadan u okupen una vivienda que no les pertenezca. Las autoridades también tendrán más poder para actuar rápidamente en la devolución de los inmuebles okupados.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, ha dictado una sentencia unánime que pone en evidencia la importancia de aplicar correctamente la normativa en casos de desahucio. El tribunal ha estimado el recurso de amparo presentado por la nueva propietaria de una vivienda, cuya suspensión del lanzamiento había sido denegada por un juzgado, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley aprobada a raíz de la pandemia del covid-19 y que regula la suspensión de los desahucios por impago de la renta de hogares vulnerables.
El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles una proposición de ley que modifica el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una "finca ocupada ilegalmente".Eso sí, la proposición de ley se aprobará en el Senad
La venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario español, y ya suponen el 3% de todas las viviendas que hay en venta en España, según el estudio de idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025. En este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en la plataforma que reconocían sufrir un proceso de ocupación, aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto. Girona (8,9%) es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, mientras en los grandes mercados supone un 3,7% en Barcelona o un 2,4% en Madrid.
Las demandas por okupación de viviendas en España han roto la tendencia por partida doble en el segundo trimestre del año. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el volumen de asuntos ingresados en los juzgados de toda España se desplomó casi un 24% interanual y un 18% respecto al arranque de 2025, con 487 casos. Se trata del segundo dato más bajo de los últimos años, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley que obliga a los propietarios a negociar con los okupas antes de interponer la demanda. Por otro lado, Cataluña ha cedido el puesto a Andalucía como la región con más casos, aunque Barcelona se mantiene como la provincia más afectada.
La Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo ha presentado un documento, elaborado por el eurodiputado del PP Borja Giménez, que plantea a los Veintisiete la puesta en marcha de medidas para paliar la crisis habitacional en la UE. Entre las recomendaciones se encuentra activar ayudas para que los jóvenes puedan comprar una vivienda, como bajar los impuestos, impulsar avales para obtener hipotecas al 100% del valor de los inmuebles o establecer unos tipos reducidos a los préstamos. También apuesta por crear un registro europeo de ocupación ilegal, reducir la burocracia en el ámbito urbanístico, invertir en industrialización o potenciar la reconversión de edificios públicos vacíos en vivienda social.
La problemática de la inquiokupación está en aumento en España y tiene nuevos rostros. Uno de ellos es el de María y Fulgencio, un matrimonio jubilado de Murcia que lleva un año viviendo en condiciones indignas en el garaje de su propia casa, después de que un hombre al que alquilaron una habitación de manera temporal acabara adueñándose de su propia vivienda
En un nuevo episodio del creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, una mujer ha sido detenida en Gandía (Valencia) tras fingir una estafa para no ser desalojada del piso que okupaba. La detenida presentó una denuncia falsa en la que alegaba haber sido víctima de un timo inmobiliario: afirmó ante los agentes de la Policía Nacional que había pagado 7.000 euros por el alquiler del inmueble y que contaba con un contrato en regla.
Se habla mucho de la okupación desde una óptica ideológica, pero muy poco o nada del propietario atrapado entre la deuda hipotecaria y la impotencia legal. Una injusticia ignorada por el discurso político dominante que en este momento solo favorece a todo aquel que “se busca la vida” para demostrar su vulnerabilidad, tal y como señala Patricia Aragón, experta en gestión de impagos hipotecarios. Pero señala que el hipotecado que sufre una okupación puede negociar con el banco la cancelación de la hipoteca que se encuentra en situación de impago. Porque, tal y como reconoce Aragón, los bancos son los primeros interesados en evitar la morosidad.
El grave problema de la okupación atraviesa fronteras en Europa. El último caso que ha conmocionado a Francia y reavivado el debate de la usurpación de viviendas es el de un anciano de 95 años, que, tras ver su casa okupada durante meses, cuenta con una deuda de 17.000 euros en facturas que no puede pagar. Sin recursos para afrontar tal deuda y con una pensión mínima, el anciano se ha visto obligado a acudir de nuevo a los tribunales para no pagar una factura que no ha provocado.
La okupación da un nuevo giro en Torrejón de Ardoz: una anciana de 90 años y su familia han sido desalojados de su propio piso tras la denuncia del okupa que lo usurpó. El joven, tras meses sin pagar el alquiler y aprovechando la ausencia de los otros inquilinos, se hizo con el control de la vivienda y llamó a la Policía cuando los dueños intentaron recuperarla, logrando que fueran expulsados por “allanamiento”. Ahora, la familia afronta una maraña judicial y se pregunta hasta dónde llegará este surrealista caso.
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