El drama de la okupación ha golpeado con fuerza a una anciana de 90 años en Torrejón de Ardoz (Madrid), cuya vivienda ha sido usurpada de la forma más insólita.
La historia comienza con el fallecimiento de su hijo, que al estar separado y sin hijos, la propiedad quedó en manos de su madre, quien en un principio la alquiló sin contratiempos. Sin embargo, tras la salida de los primeros inquilinos, la familia del fallecido decidió confiar la gestión a una inmobiliaria local, que optó por subarrendar el piso por habitaciones a sus empleados.
Al principio, las mensualidades llegaron puntuales, pero con el tiempo, uno de los inquilinos dejó de pagar, mientras sus compañeros asumían sus responsabilidades. Tras ser denunciado en el juzgado por impago, la convivencia se tornó insostenible y, al marcharse definitivamente los dos arrendatarios responsables, fue este joven quien aprovechó la ocasión para hacerse con el control de toda la vivienda.
La inmobiliaria decidió actuar tras comprobar que las deudas seguían acumulándose y que el individuo ahora residía solo. Junto con los propietarios, acudieron al piso y verificaron que la cerradura había sido cambiada, señal de una ocupación no autorizada. Sin embargo, durante la visita, los vecinos aseguraron que no habían visto al inquilino desde hacía días, por lo que se firmó la rescisión del contrato de alquiler y la familia, acompañada de un cerrajero, accedió a la vivienda para iniciar labores de limpieza.
Expulsados de su propia casa
Justo cuando todo parecía haber terminado, la pesadilla solo acababa de comenzar. Mientras los propietarios recogían los enseres, el joven okupa reapareció, y no lo hizo solo: acudió con la Policía, denunciando un presunto allanamiento de morada. En presencia de los agentes, mostró una llave de la habitación y aseguró vivir allí legítimamente.
El hermano del fallecido presentó el contrato de la inmobiliaria, y la hermana las escrituras del inmueble. Pese a esto, los agentes advirtieron a la familia que debían abandonar el domicilio por posibles cargos de allanamiento, ya que, legalmente, el okupa podía presumir de residencia habitual.
Intento de chantaje
La familia se mostró indignada en una entrevista en ABC, y aseguraron que el okupa intentó chantajearles: primero pidió 4.500 euros a cambio de abandonar la casa, y luego redujo su exigencia a 2.000, pero siempre “manteniendo la calma, ya que contaba con asesoramiento jurídico”. Aparte, la cerradura digital que había colocado el okupa funcionaba como alarma en caso de intrusión.
La cuestión legal se ha convertido en una verdadera pesadilla para los afectados. Aunque la inmobiliaria presionó para resolver el contrato de alquiler y les ofreció sumarse a la denuncia, el proceso de desahucio puede alargarse meses o incluso años. Mientras tanto, la familia no tiene acceso a la vivienda de su hijo/hermano fallecido.
Este es solo un ejemplo más de la indefensión que denuncian miles de propietarios ante la ocupación ilegal en España y el auge de la inquiokupación.
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