Noticias y novedades sobre los contratos de alquiler

La fianza del alquiler es una de las fuentes más habituales de dudas y conflictos al firmar un contrato de arrendamiento. Entender cómo funciona desde el inicio te ayudará a proteger tu dinero, evitar sorpresas y conocer tanto tus derechos como tus obligaciones como inquilino o propietario.

El INE ha confirmado que la inflación se situó en mayo en el 3,2%, en línea con el dato de abril, lo que servirá a los contratos firmados antes de mayo de 2023 para actualizar su renta anual con el IPC. Mientras, el Índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler (IRAV), el aplicado a los contratos de arrendamiento que se formalizaron tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, ha alcanzado el 2,48%, máximos desde que empezó a aplicarse en 2025.

Los contratos de alquiler tienen una vigencia fruto del pacto entre propietario e inquilino, pero puede darse el caso de que el arrendatario tenga que dejar el piso antes de tiempo por una enfermedad. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no lo recoge específicamente como causa de fuerza mayor, pero esto nno significa que estés completamente desprotegido si una situación de salud grave te impide seguir haciendo frente a la renta. Lo más recomendable, como primer paso, es hablar con el arrendador y explicarle la situación para intentar llegar a un acuerdo y dejarlo por escrito, así como cumplir los plazos de preaviso contemplados en la normativa.

Tras el fiasco del Gobierno con el decreto que pretendía prorrogar los contratos de alquiler de larga duración que finalizaran antes de diciembre de 2027 y aplicar un tope del 2% en la actualización anual de los contratos en vigor, aquellos arrendamientos firmados tras la Ley de Vivienda a los que en breve les toque actualizar su renta anual van a tener que asumir una subida del 2,4% (índice IRAV), que se traduce en unos 280 euros más el próximo año. Mientras que los que sigan ligados al IPC (3,2% en abril), tendrán un incremento anual de casi 380 euros.

La formación catalana ha insistido en su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno que incluye la prórroga de dos años de los alquileres y la limitación del 2% a la actualización anual de las rentas, lo que anticipa la caída del Real Decreto-ley 8/2026 en el Congreso de los Diputados en la votación del próximo 28 de abril. De hecho, Junts ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley con rebajas fiscales como una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual y bonificaciones para la rehabilitación, ya que insiste en que las reducciones impositivas son una vía mucho más eficaz que los controles de precios.

Los contratos de alquiler que en breve tengan que aplicar su revisión anual en la renta se librarán de la fuerte subida que han experimentado tanto el último índice mensual de referencia del alquiler (IRAV), que sirve de referencia para los arrendamientos firmados tras la Ley de Vivienda y ha alcanzado el 2,47% en marzo; como del IPC, que se ha situado en el 3,4%, impulsado por la subida de los carburantes. El motivo es que en la mayoría de los casos se aplicará el tope del 2% que incluyó el Gobierno en el Real Decreto-ley 8/2026, junto con la prórroga de los contratos de alquiler, lo que supondrá un encarecimiento medio de 20 euros al mes durante un año. En la siguiente actualización, y si decae el texto en el Congreso, volverían a aplicarse el IRAV y el IPC.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha criticado en un estudio los efectos perniciosos de las medidas intervencionistas sobre los alquileres, que pueden tener un efecto positivo a corto plazo, pero reducen la oferta y endurecen el acceso a la vivienda futuro de los hogares más frágiles. Según el documento, medidas como el tope de precios o la prolongación de los contratos trasladan inseguridad jurídica al mercado y este "se reajusta para defenderse". Para Fedea, la mejor solución es dar ayudas públicas directas a los inquilinos más vulnerables y combinarlas con "reglas estables de contratación y ampliación de la oferta".

La Subdirección General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegado la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que han solicitado los inquilinos de varias viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en el centro de Madrid. Una decisión que afecta a numerosas viviendas vacías situadas en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico que proceden de la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2012. Los afectados denuncian que la medida que ha aprobado el Gobierno para proteger a los inquilinos, y que aún debe convalidar el Congreso, no se está aplicando en llos inmuebles cuyo casero es público y estatal.

El pasado lunes 30 de marzo el Ministerio de Consumo envió una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para obligarles a prorrogar los contratos de sus inquilinos que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, tal y como reza el comunicado de prensa publicado. Sin embargo, abogados consultados por idealista/news aseguran que no en todos los casos los arrendadores están obligados a ello, sólo aquellos cuyos contratos vencen durante la vigencia del Real Decreto-ley que contempla esta medida, ya que el Congreso de los Diputados debe convalidarlo aún (tiene de fecha límite el 21 o 22 de abril) y el Gobierno actualmente no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante esta prórroga extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2027.

La tácita reconducción es un mecanismo del Código Civil que permite que un contrato de alquiler continúe automáticamente, sin necesidad de firmar uno nuevo, cuando el inquilino permanece en la vivienda con el consentimiento del arrendador tras finalizar todas las prórrogas. Según explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), a diferencia de los arrendamientos sujetos a la LAU, este régimen ofrece al propietario mayor control sobre la duración -con renovaciones más cortas- y le permite 'escapar' de medidas regulatorias como la prórroga obligatoria de los contratos, aunque limita la posibilidad de subir la renta y puede implicar la pérdida de garantías. Para el inquilino, supone mantener el precio del alquiler, pero a costa de una menor estabilidad.

La prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2027 incluida en el decreto con medidas en vivienda para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán está en vigor desde el 22 de marzo. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), afirma que la iniciativa pende de un hilo y, si la norma decae cuando se vote en el Congreso, la prórroga solo se aplicará a los arrendamientos que se hayan suscrito hasta entonces, mientras que los posteriores "volverían a finalizar en la fecha indicada en los contratos”. El abogado también explica cómo comunicárselo al propietario o qué sucede si las partes ya han firmado un acuerdo de renovación.

El 15% de las viviendas que se alquilaron durante el cuarto trimestre de 2025 no llevaba ni un día en el mercado. Según idealista, las ciudades de Barcelona y Girona son las que más sufren este fenómeno del alquiler exprés, con hasta un 36% de los anuncios que cerraron un arrendamiento en apenas 24 horas, seguidas por Vitoria (30%). En los grandes mercados de la vivienda, la presión por encontrar un alquiler es menor, y el alquiler exprés supone el 16% en Sevilla, el 11% tanto en Valencia como Madrid o el 8% en Málaga.

Alquilar una vivienda puede ser una excelente fuente de ingresos, pero también conlleva riesgos si no se toman las precauciones adecuadas. Por eso, saber cómo alquilar un piso con seguridad es fundamental para proteger tanto la vivienda como la rentabilidad de la operación. En este artículo te damos consejos y claves para resolver algunos de los problemas más habituales a los que se enfrentan los propietarios, como impagos, desperfectos y otros conflictos legales.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha urgido al PSOE a aprobar una prórroga automática de todos los contratos de alquiler que vencerán durante el próximo 2026, y que ascienden a más de 630.000 contratos de arrendamiento firmados hace cinco años, y que afectaría a 1,6 millones de personas. Sumar presentó el pasado octubre un Real Decreto Ley para volver a intervenir el mercado de la vivienda, así como la restricción de los pisos turísticos.

Se cumplen seis meses de los efectos naturales devastadores acontecidos por la dana en la Comunidad Valenciana. Una catástrofe que ha puesto nuevamente de actualidad la famosa cláusula 'rebus sic stantibus', como ya sucedió hace años con la pandemia sanitaria. Esta cláusula establece que un contrato es válido mientras las condiciones fundamentales sobre las que se basó no cambien de manera significativa. Y a no ser que arrendador y arrendatario la incluyan, impera la interpretación restrictiva del Tribunal Supremo sobre esta cuestión: que el riesgo corresponde al arrendatario. Desde Alquiler Seguro apuestan por una reforma legislativa para solucionar los problemas que puedan surgir en los arrendamientos en circunstancias imprevisibles.

Los contratos de alquiler habitual firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (mayo de 2023) a los que les toque renovar ahora su renta anual podrán aplicar una subida del 2,08%, tras la publicación del último dato del índice IRAV del INE correspondiente a febrero, y si la actualización consta en el contrato. Una subida por debajo de la inflación. Para los arrendamientos previos a mayo de 2023, se seguirá aplicando el pacto entre las partes, que por lo general si actualiza la renta anual con el IPC, cuyo último dato publicado es del 3%.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 20 de diciembre trae el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda que ha definido el INE y que sustituirá al actual tope del 3%. Según detalla el organismo de estadísticas, el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de alquiler será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, y se publicará mensualmente. El primer dato oficial de 2025 se conocerá el 2 de enero y estará basado en los datos oficiales de inflación de noviembre, por lo que el alza será del 2,2%, siguiendo la metodología publicada.

La finalización de un contrato de alquiler es uno de los momentos más complicados del arrendamiento: se deben devolver la fianza y las llaves, comprobar el estado de la vivienda, etc. Para llegar hasta ahí y no enfrentarse a penalizaciones, se han de cumplir los tiempos de preaviso, tanto

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pone sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una medida legislativa para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y acortar los plazos de los desalojos. En concreto, propone modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a que todos los contratos tengan que formalizarse por escrito e inscribirse en un registro público. "De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado y se podría desalojar a los okupas sin necesidad de largos procesos judiciales", afirma la compañia.

En el dinámico mercado inmobiliario, la duración mínima de los contratos de arrendamiento es un aspecto crucial tanto para inquilinos como para propietarios.

Existen diferentes modelos de contratos de alquiler en función del inmueble objeto del arrendamiento, a pesar de que tanto los locales comerciales, como las viviendas, están recogidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).  El modelo de contrato de alquiler de un local comercial tiene sus

La firma de un contrato de alquiler de vivienda conlleva la obligación de entregar al arrendador la correspondiente fianza equivalente a un mes de renta.

Desde este enero se aplica el nuevo tope del 3% en la renovación anual de los contratos de alquiler de viviendas habituales, sujetos a la LAU. Los arrendamientos que actualicen precios durante este mes pasarán a pagar una renta mensual de 803 euros para un piso tipo de dos habitaciones, según los cálculos de idealista. Supone unos 23 euros más al mes, casi 280 euros al año. Si lo comparamos con el último dato de la inflación conocido, de diciembre de 2023 (3,1%), apenas hay diferencia.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha instado al Gobierno a que defina lo más pronto posible el nuevo índice de actualización de rentas, ante el vacío legal en el que van a caer los nuevos contratos de alquiler de vivienda que se suscriban a partir del próximo 1 de enero de 2024, por la indefinición que se va a generar en cuanto a la actualización anual de la renta. Durante todo el año que viene, a los alquileres a los que les toque la renovación anual de su contrato tendrán un tope máximo del 3%. Sin embargo, a partir de 2025, el nuevo índice de referencia lo tendrá que concretar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

idealista ha actualizado su servicio de creación de contratos de alquiler conforme a la entrada en vigor de la nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Este servicio además de permitirte crear contratos de alquiler de forma sencilla y gratuita, y de ofrecerte una firma o