Vamos hacia un país de inquilinos, ¿es bueno?

Las políticas que se vienen adoptando últimamente en materia de vivienda por los gobiernos socialistas parece que nos llevan a ello, en contraposición con las políticas anteriores en las que se potenciaba más la propiedad que el alquiler, que en España llegó a alcanzar cifras cercanas al 87% del parque de viviendas.

Actualmente la oferta de viviendas, sobre todo en alquiler, viene reduciéndose porque a los propietarios no les trae a cuenta el alquiler debido a los riesgos e inseguridad jurídica que este conlleva con las últimas legislaciones aprobadas.

Los gobernantes actuales tratan de solucionar la carestía de los precios de los alquileres pensando en que el problema está en la demanda, a través de políticas que fomentan y la excitan como ayudas al alquiler joven, congelación o limitación de rentas, actualizaciones intervenidas, etc., cuando el verdadero problema a solucionar esta en hacer aumentar la oferta de viviendas en alquiler, y hacia ello deberían enfocarse también, las medidas a adoptar para que la oferta aumentara y las rentas cayeran por el efecto del juego de la oferta y demanda.

Por ello, aunque parezca un contrasentido, sería muy interesante potenciar otra vez la compra de viviendas, tanto para vivir en ellas, como para su posterior inversión vía arrendamiento, con el fin de conseguir un equilibrio entre ambos parques de viviendas, el de propietarios y el de inquilinos. Si consiguiéramos este objetivo de potenciar la compra de viviendas,  la oferta de viviendas en alquiler también aumentaría, y las rentas por si solas caerían sin tener que adoptar medidas intervencionistas.

El aumento de la adquisición de viviendas para destinarlas a usos propios o al alquiler, se podría conseguir:

• Facilitando a promotores y urbanizadores mayor agilidad en los farragosos procesos de transformación del suelo y en la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas.
• A través de colaboraciones público-privadas para aumentar la oferta de viviendas.
• Volviéndose a establecer deducciones fiscales en el IRPF tanto para compradores de primeras viviendas como para compradores de segundas y terceras viviendas. También aumentando los incentivos para que más arrendadores pusieran sus viviendas en alquiler.
• Estableciendo medidas que aumenten la seguridad jurídica agilizando los lentos procesos de desahucio y las okupaciones de viviendas.
• Avales del Estado, ante las entidades financieras, con el fin de que los compradores puedan conseguir financiación de hasta el 100% del valor de compra de las viviendas.
• No penalizando a través de limitaciones e impuestos a los grandes promotores y fondos de inversión que adquieren y construyen viviendas para luego sacarlas al alquiler.

La adopción de este tipo de medidas haría posible que muchas más personas se convirtieran en propietarias, y a través de estas propiedades, también aumentara el número de alquileres disponibles, de tal forma, que con más inmuebles en propiedad, nuestros mayores tendrían a través de vehículos de inversión como las rentas vitalicias, hipotecas inversas, alquileres, ventas de la nuda propiedad, etc, otras vías para poder complementar las exiguas pensiones que nos van a quedar en un futuro. Habría más propietarios, pero también habría más inquilinos y las rentas de los alquileres se podrían equilibrar.

Solo podría entender un país donde más del  60% del parque de viviendas estuviera en alquiler, cuando las pensiones que quedaran a los ciudadanos en su jubilación fueren dignas para vivir y no tuvieran necesidad de ser complementadas, pero ese no es nuestro caso, por ello debemos seguir fomentando e incentivando las políticas de adquisición de viviendas para que luego estas viviendas pudieran servir a sus propietarios de complemento para incrementar sus pensiones. Creo que debemos agradecer a las políticas que se hicieron en los gobiernos franquistas de construir miles y miles de viviendas sociales, para que ahora muchos de nuestros jubilados  tengan  medios para complementar sus exiguas pensiones o para pagar a las personas o instituciones que les cuidan.