Los ataques a los grandes creadores de oferta de alquiler también encarecen los precios

El pasado 31 de diciembre en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se incluyó sin mucha repercusión mediática, una modificación al régimen general de las EDAV que son las sociedades cuyo objeto social es la dedicación exclusiva de sus activos al arrendamiento de viviendas.

El fin que tienen estas sociedades es la de potenciar la oferta de viviendas destinadas al alquiler mediante una fiscalidad más atractiva, a través de una bonificación en la cuota del impuesto de sociedades del 85% para las rentas provenientes del alquiler, siempre que el arrendamiento de viviendas sea su actividad principal (a diferencia de las socimis cuyos activos dedicados al alquiler no tienen porque ser solo de viviendas).

Para poder acogerse a este beneficioso régimen se requiere contar con un mínimo de 8 viviendas destinadas al alquiler por un periodo mínimo de tiempo de tres años. Al hilo de esta fiscalidad tan interesante se han creado multitud de pequeñas y grandes sociedades, que han visto en el buid to rent una forma de acceder a esta generosa fiscalidad, a cambio de aumentar la oferta de viviendas destinadas al alquiler.

El aludido cambio aprobado en la ultima Ley de Presupuestos Generales ha sido incorporar una importantísima modificación que afecta al régimen fiscal de las EDAV que cambia por completo su atractivo régimen fiscal, rebajándose la bonificación en la cuota del Impuesto de Sociedades de un 85% a un 40%, lo cual puede suponer un encarecimiento de los precios de los alquileres de estas sociedades para que los inversores puedan recuperar las rentabilidades que esperaban obtener antes del cambio. Esto es, una muestra más, de cómo una medida impuesta desde el Gobierno puede encarecer el precio de los alquileres, cuando lo que se trataba era de abaratarlo.

Este cambio va a suponer muy probablemente un frenazo para que las compañías que invertían en construir viviendas para luego alquilarlas continúen haciéndolo, lo cual supone otro ataque mas por parte de nuestros gobernantes a las empresas que podían asumir la creación de un gran parque de viviendas en alquiler, cuando realmente quien tenía la obligación de crear este gran parque publico de alquileres sociales, era el sector publico y no el privado.

Estos ataques que están sufriendo los generadores de oferta de vivienda en alquiler en España los hemos criticado hasta la saciedad, porque nunca es recomendable cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. Al hacerlo están creando una gran inseguridad jurídica, y esta situación espanta a los inversores, que son precisamente los que tienen la llave para aumentar el parque de viviendas destinadas al alquiler, con el fin de que los precios de los alquileres puedan bajar.

Últimamente estamos asistiendo a una oleada regulatoria donde muchas de las medidas aprobadas atacan directamente a la propiedad privada, produciendo una gran inseguridad jurídica entre los propietarios. Medidas que está contribuyendo, por un lado, a que los particulares retiren oferta del mercado y la pasen a la compraventa, y por otro, a espantar a los inversores que se pudieren sentir atraídos por el potencial crecimiento del alquiler en España.

Ahora se suma, al conjunto de medidas aprobadas, la actualización de las rentas al IGC, con un máximo del 2%, lo que es, de facto, una congelación de rentas de alquiler, donde este indicador puede en los próximos meses dar valores por debajo del 2%. Junto con la actual inseguridad reinante en el mercado de los alquileres, cuando se apruebe la futura Ley de Vivienda, van a conseguir que fenómenos como el 'buid to rent' o las tan anunciadas colaboraciones publico-privadas en materia de alquileres se conviertan en agua de borrajas, dejando desprotegidos a propietarios e inquilinos.  

Si no hay seguridad jurídica, el mercado privado de los alquileres, sobre todo el alquiler social y asequible, nunca podrá despegar, porque no será rentable para las empresas y los particulares que se dedican a ello. Reforzar el derecho a la propiedad privada, no su debilitamiento, es prioritario para aumentar la seguridad jurídica y que el mercado del alquiler despegue con reglas claras y precisas que conozcan los actores que se dedican a ello, con antelación suficiente para planificar sus inversiones.