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El alquiler no será rentable sin seguridad jurídica

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Últimamente estamos viendo como el Gobierno está trasladando al sector privado su carencia para crear un gran parque público de viviendas para el alquiler, con el fin de que sea éste el que le saque las castañas del fuego. El sector privado, por el elevado número de viviendas que tiene disponible, de forma inmediata, es el único que puede hacer que la oferta de viviendas aumente, con el fin de abastecer la demanda y que los precios bajen. Pero lo que está haciendo el Ejecutivo, imponiéndole medidas al sector privado, y limitándole derechos, es justamente lo contrario de lo que se debe hacer.

He aquí lo contradictorio, por un lado, se trata de hacer partícipe al sector privado en la construcción y promoción de viviendas para el alquiler, con el fin de que aumente la oferta de viviendas, pero por otro, se legisla incomprensiblemente penalizando que este tipo de operaciones fluyan. Así se aumenta la duración de los arrendamientos, se limitan las garantías que se pueden solicitar a los inquilinos, se pretende intervenir el precio de los alquileres, se ataca a las socimis aumentándoles la carga impositiva, se pretende suspender el lanzamiento de los desahucios, se defiende a los okupas, se prorrogan los contratos de forma obligatoria, se hacen interminables los procesos de desahucio, se pretende incrementar el IBI de las viviendas vacías, e incluso se habla de expropiaciones y de la creación de impuestos nuevos para las viviendas vacías.

Está claro que con este panorama y con este tipo de medidas, se está liquidando al sector de los alquileres privados al reducir cualquier atisbo de rentabilidad. Es que todavía no se han dado cuenta nuestros políticos que hasta que no haya un gran parque público de viviendas destinado al alquiler, hay que tener mimado al sector privado para que sea éste el que supla esa carencia y oferte más viviendas al alquiler.

De qué sirve crear fórmulas imaginativas de participación del sector privado en la creación de oferta de viviendas para el alquiler, como el 'Build to rent' (construir para alquilar) o las cesiones de suelo gratuitas a los promotores por un determinado número de años (normalmente cincuenta) para que construyan viviendas para destinarlas al alquiler, si luego nuestros actuales legisladores legislan en contra de este negocio poniendo trabas al alquiler.

Todas estas medidas crean inseguridad jurídica, y sin ésta el negocio no funciona. Sencillamente porque no habrá rentabilidad, y si la hay, será ínfima, porque cuando un promotor, fondo o un propietario, empiece a echar sus números para ofertar sus viviendas en alquiler, y vea que los precios van a estar controlados, que en desahuciar a los inquilinos que no les paguen van a eternizarse, que les pueden dejar las casas irreconocibles, y que incluso se vislumbra desde los poderes públicos una cierta tolerancia hacia la ocupación, no van a salir los números. Como consecuencia, lo más probable es que esa nueva oferta no llegue a materializarse, y muchos abandonen este negocio y los precios sigan por las nubes al haber menos oferta.

En la Agencia Negociadora del Alquiler ya indicamos una fórmula para que el sector público solucionara provisionalmente la actual carencia de vivienda pública. La propuesta consiste en que el Estado se aprovechara de la enorme oferta de viviendas de la que dispone el sector privado, y que sea el propio Estado el que avale las operaciones de alquiler presentadas por los inquilinos vulnerables. Pero estamos constatando que no se atreven a realizarlo, por el enorme coste económico que ello podría conllevar, pero en cambio no les importa que ese enorme coste lo asuma el sector privado, que recordemos en muchos casos, en más del 85% está compuesto por pequeños propietarios que necesitan obtener rentabilidad a sus ahorros.

Por último, nos parece, desde el punto de vista de la protección que debe brindar un Estado del Bienestar a los ciudadanos más desfavorecidos, muy loables las iniciativas que se están anunciando de que no se puedan cortar los suministros a los inquilinos vulnerables, incluso de que no se les pueda desahuciar, pero si se quieren tomar estas medidas, que lo hagan con viviendas públicas, y no como ocurre ahora, que lo están haciendo con viviendas de particulares o del sector privado, donde en muchos casos se da la circunstancia que los suministros están a nombre del arrendador y será éste el que tenga finalmente que abonarlos, cuando el inquilino vulnerable ha quedado exonerado del pago.

José Ramón Zurdo Orihuela es Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, abogado especialista en arrendamientos urbanos y árbitro del Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid.