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Agencia Negociadora del Alquiler: "Las medidas del Gobierno dinamitan el mercado y la colaboración público-privada"

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Autor: Redacción

La Agencia Negociadora del Alquiler carga tintas contra el Gobierno de coalición. En un estudio, la compañía repasa las medidas que ha puesto en marcha en menos de dos años y critica que han estado destinadas a proteger más a los inquilinos que a los propietarios. 

Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), "las medidas ya están dejando sobre la mesa un resultado muy palpable. Se ha roto el equilibrio del mercado del alquiler, fruto de una política muy intervencionista, donde se está sobreprotegiendo al inquilino y desprotegiendo claramente al propietario. Estas medidas están dinamitando el mercado del alquiler”.

Según Zudo, desde que el Gobierno puso en marcha a principios de 2019 la nueva ley del alquiler hasta las medidas urgentes para intentar paliar los efectos de la pandemia del coronavirus, “prácticamente el 100% de las medidas se han tomado para beneficiar a los inquilinos y perjudicar gravemente a los propietarios. Se quiere intervenir, no solo las rentas de alquiler, sino la totalidad de un mercado que es entre particulares, porque el Gobierno carece de una política social de vivienda, y donde son principalmente los pequeños propietarios los que están pagando la factura”.

Además de los particulares, la Agencia Negociadora del Alquiler sostiene que las medidas restrictivas también están frustrando que haya una mayor colaboración público-privada para solucionar la escasez de viviendas de arrendamiento asequible, "que es donde radica el origen del problema", aclara Zurdo. Y alerta de que "por este camino no van a encontrar ni a uno sólo que quiera participar de estas fórmulas de colaboración".

El estudio también pone sobre la mesa que los grandes tenedores de viviendas son los que están en el ojo del huracán de las medidas que se han activado, entre los que se encuentran fondos de inversión, socimis y promotoras y que podrían perder interés en la fórmula 'build to rent' (construir para alquilar) por la que está apostando el sector. 

"Les obligan a destinar porcentajes importantísimos de las viviendas que construyen a VPO, sin ningún incentivo por ello, a destinar alquileres sociales para okupas por imposición, o incluso a subidas considerables en su imposición fiscal en el caso de las socimis. También se les anuncia que se va a intervenir el precio de los alquileres, que se van a prohibir los desahucios para estos grandes arrendadores, y que podría haber expropiaciones o subidas en el IBI si no alquilan las viviendas", apostilla el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Entre las medidas que enumera el documento están los cambios en la duración de los contratos de alquiler, que pasaron de tres a cinco años en el caso de propietarios particulares y a siete años en el de personas jurídicas. En este caso, sostiene que se trata de "una medida positiva que da estabilidad en el alquiler para arrendadores personas físicas y negativa para arrendadores personas jurídicas por el largo plazo".

En 2019, y junto con los contratos, también llegó la obligación de actualizar las rentas a través del IPC, la disminución de garantías a cumplir por parte de los inquilinos o la necesidad de avisar la finalización del contrato por parte del propietario con un mínimo de cuatro meses de antelación. Todo ello, según ANA, genera incertidumbre, más gastos y exige unos plazos de tiempo demasiado largos.

Como ejemplos de medidas que se han activado este año, y con el coronavirus como telón de fondo, destacan las moratorias o quitas a los inquilinos vulnerables cuando el propietario es un gran tenedor, "lo que ataca directamente la rentabilidad de los generadores de oferta". En cambio, critica que no ha habido ayudas similares para que los propietarios hayan hecho frente a los impagos, "aumentando su precariedad".

Respecto a la suspensión de los desalojos por impago, la compañía aclara que "generan morosidad e inseguridad jurídica", mientras que sobre la regulación de los precios del alquiler que se espera para 2021 señala que provocará una "disminución oferta, mientras que impulsará el mercado negro y el deterioro de las viviendas". Para las próximas semanas también se espera la llegada de un decreto que prohibirá los lanzamientos de inquilinos vulnerables de viviendas en manos de grandes tenedores al menos durante el tiempo que dure el estado de alarma. Unas medidas a las que se opone en bloque el sector inmobiliario, desde asociaciones de propietarios como ASVAL hasta grandes consultoras especializadas en el mercado del 'real estate' como CBRE o asociaciones de empresas inmobiliarias como AMADEI.