Decreto antidesahucios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado en la sesión parlamentaria su predisposición a preparar un paquete normativo que prorrogue algunas de las ayudas anticrisis vigentes que caducan este año, como las bonificaciones del transporte público o la moratoria antidesahucios. Sumar, ERC, Bildu y BNG, por su parte, se han adherido a la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para prorrogar la moratoria que se puso en marcha en 2020 por la pandemia sanitaria, que ha detenido 58.000 lanzamientos desde entonces, uno de cada cuatro.

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de ley derivado del Real Decreto anticrisis para ampliar la suspensión de desahucios de hogares vulnerables durante otros cuatro años más, hasta 2028. Esta iniciativa, que da cumplimiento al acuerdo que alcanzó el Gobierno con Podemos para poder sacar adelante la prórroga de las medidas anticrisis, ya se está tramitando, según ha confirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La propuesta del Grupo Socialista es añadir una disposición final nueva a la Ley 1/2013.

La primera sesión plenaria del Congreso del año debatirá y votará el próximo miércoles, 10 de enero, la reforma del subsidio de desempleo y las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. El Gobierno aprobó los decretos en diciembre y ya han entrado en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero ahora el Congreso tiene que convalidarlos o bien derogarlos. Ese día también se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, un primer paso en la tramitación de los Presupuesto de este año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la prórroga parcial del decreto de 'escudo social' aprobado en el último Consejo de Ministros de 2023 para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra en Ucrania. Se mantendrá la suspensión de los desahucios a personas vulnerables hasta 2025, además de la ampliación de la gratuidad de los trenes y rebajas del 50% en otros transportes a todo 2024. Además, se retirará de "manera gradual" la bajada de impuestos vinculados con la electricidad y el gas natural durante los próximos seis meses, y se eliminan las comisiones por la amortización anticipada de las hipotecas a tipo variable.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler y abogado especializado en arrendamiento, critica que las últimas medidas del Gobierno en materia de alquiler ya que, en su opinión, aumentan la inseguridad jurídica y provocarán una huida de inversores nacionales y extranjeros, a quienes no les saldrá a cuenta dedicarse al negocio del alquiler, y pide cambiar el rumbo de las políticas de vivienda para impedir que se reduzca la oferta.

El Gobierno francés anunció la semana pasada la puesta en marcha de un nuevo procedimiento para luchar contra el fenómeno de la okupación. El objetivo es acelerar el desalojo de los 'inquilinos' ilegales de todo tipo de viviendas, incluyendo las segundas residencias, y proteger a los propietarios. La medida se ha conocido en la misma semana que el Gobierno de Pedro Sánchez ha modificado el decreto antidesahucios para beneficiar a los okupas vulnerables.

El líder del PP, Pablo Casado, anunció el pasado fin de semana que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la normativa antidesahucios aprobada por el Gobierno.

La agencia de calificación alerta de que la nueva ley aprobada por el Gobierno español que prohíbe los desahucios de la vivienda de colectivos vulnerables y okupas durante el estado de alarma reducirá los incentivos en la inversión en residencial. Para Moody’s esta nueva norma sigue erosionando los derechos de los acreedores sobre la recuperación de la propiedad y presiona al escaso parque público social para acoger a estos colectivos, lo que supondrá más retrasos para el desalojo.

La reciente modificación del Real Decreto-ley aprobado en diciembre para paralizar los desalojos durante el estado de alarma solo ampara, según el Ejecutivo, a los hogares en situación de vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, dependientes o familias con menores o dependientes a su cargo, tengan o no contrato de alquiler. Además, insiste en que los procedimientos no son automáticos, sino que dependen en última instancia de los jueces. El sector, por su parte, lo califica de 'efecto llamada' a un fenómeno ilegal.

El recién aprobado Real Decreto-ley para crear la figura del consumidor vulnerable trae un cambio sustancial en la prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables hasta que finalice el estado de alarma. Si hasta ahora el desalojo seguía adelante cuando la entrada o permanencia en el inmueble era un delito, ahora queda reducido a cuando se haya producido con intimidación o violencia. El sector critica la inseguridad jurídica y lo califica como una maniobra para amparar la okupación ilegal, mientras que el Gobierno asegura que solo cubre a víctimas de violencia de género, dependientes y que tengan menores a su cargo.

La pandemia ha provocado varios cambios importantes en el mercado del alquiler en menos de un año. La oferta de pisos en arrendamiento y la demanda se dispararon el año pasado cerca de un 80%, mientras que los precios registraron una caída histórica en las principales ciudades del país. De cara a este año, la clave estará en las medidas que ha tomado el Gobierno, y cuyos efectos generan inquietud entre los propietarios. Según el despacho de abogados Ático Jurídico, entre las cuestiones que más preocupan a los arrendadores está si pueden desahuciar a los inquilinos en caso de impago, cómo evitar la okupación, si deben tributar por los inmuebles vacíos y si el Ejecutivo puede limitar las rentas máximas.

Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), alerta del impacto que tendrá el decreto aprobado por el Gobierno que prohíbe los desalojos de inquilinos por impago hasta que termine el estado de alarma. Cree que la medida atenta contra la propiedad privada, alienta la okupación y desprotege a los propietarios particulares y profesionales, y recuerda que solo tendremos un mercado de alquiler equilibrado con medidas equilibradas entre las partes.

El Gobierno ha tomado un sinfín de medidas relacionadas con la vivienda a lo largo de 2020, con el objetivo de ayudar a las familias afectadas por la crisis del coronavirus. En estos meses ha puesto en marcha moratorias hipotecarias y del alquiler, ha creado una línea específica del ICO para pagar la renta, se han prorrogado los contratos y se han prohibido los lanzamientos por impago y el corte de los suministros básicos. Repasamos las medidas más destacadas del año y cuáles siguen vigentes.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que paraliza los desalojos de inquilinos vulnerables por el impago de la renta. Como estaba previsto, la paralización de los desahucios y el corte de los suministros básicos se prolongará hasta el 9 de mayo y compensará a grandes y pequeños propietarios, siempre que la Administración no pueda realojar a las familias en un plazo de tres meses. Repasamos las claves de la normativa publicada en el BOE y las críticas que está levantando en el sector inmobiliario.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que paraliza los desalojos de inquilinos vulnerables por el impago de la renta, una medida que llevaba un mes sobre la mesa. Como estaba previsto, la paralización de los desahucios se prolongará hasta el 9 de mayo y compensará a grandes y pequeños propietarios, siempre que la Administración no pueda realojar a las familias en un plazo de tres meses. Repasamos las claves de la normativa.

La propuesta de decreto ley sobre la paralización de los desahucios que ha llevado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión de Secretarios de Estado contempla una compensación a todos los propietarios que se vean obligados a suspender el lanzamiento por el impago del alquiler. La compensación sería el precio medio del arrendamiento en la zona donde se encuentre el inmueble. Está previsto que el texto sea aprobado por el Gobierno la semana que viene.

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), en línea con otras voces del sector inmobiliario, cree que el decreto para prohibir los desalojos de inquilinos vulnerables que ultima el Gobierno supone legalizar la okupación y que el Estado tendrá responsabilidad patrimonial y legal por permitir esta práctica. También sostiene que los propietarios están dispuestos a buscar soluciones para los afectados por el covid-19, pero siempre y cuando sean inquilinos legales.

El último Consejo de Ministros ha modificado la regulación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para agilizar y aumentar su cobertura para fomentar el alquiler y la rehabilitación. Las ayudas vigentes se extienden hasta el 31 de diciembre de 2022, se prolonga el acuerdo con las CCAA para ampliar el parque público de viviendas y se regula el procedimiento de verificación de los préstamos ICO para el pago del alquiler.

Miguel temboury, subsecretario de economía y competitividad, ha sido el principal impulsor dentro del ministerio de las negociaciones del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.