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Moody’s: la ley antidesahucios reducirá la inversión en vivienda y presiona al escaso parque público social

El retraso en los realojos por la falta de stock seguirá atentando sobre el derecho a la recuperación de la propiedad

Gtres
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La agencia de calificación alerta de que la nueva ley aprobada por el Gobierno español que prohíbe los desahucios de la vivienda de colectivos vulnerables y okupas durante el estado de alarma reducirá los incentivos en la inversión en residencial. Para Moody’s esta nueva norma sigue erosionando los derechos de los acreedores sobre la recuperación de la propiedad y presiona al escaso parque público social para acoger a estos colectivos, lo que supondrá más retrasos para el desalojo.

El Gobierno ha dado una vuelta de tuerca a la paralización de los desalojos de los hogares vulnerables durante el estado de alarma (9 de mayo) tras la modificación de algunos puntos del Real Decreto-ley que aprobó justo antes de Navidad con la actual regularización de la figura del consumidor vulnerable, en el que ha añadido un nuevo apartado para las familias vulnerables aunque se haya entrado en la vivienda de forma ilegal.

Los expertos del sector inmobiliario insisten en que los cambios normativos generan inseguridad jurídica en el mercado de la vivienda y que la protección que incluye la nueva versión del Real Decreto-ley podría suponer un efecto llamada a la ocupación ilegal, sobre todo en el caso de los inmuebles que se encuentran vacíos. 

El deterioro de la calidad de la vivienda como activo de inversión también es una de las cosas de las que alerta la agencia de calificación Moody’s en un reciente informe, además de la posibilidad de que se reduzca la inversión privada en el residencial español. Otra de las amenazas

“Si bien la nueva medida es temporal, sigue una tendencia en los últimos años de regulación de la vivienda que ha erosionado los derechos de los acreedores sobre la recuperación de la propiedad, lo que refleja la creciente relevancia del riesgo social en la vivienda”, afirma en el documento enviado a los analistas.

Y es que Moody’s se retrotrae a 2012 cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya estableció limitaciones a los desalojos de prestatarios hipotecarios vulnerables, en lo peor de la crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Desde entonces, se han ampliado los plazos de vencimiento y su alcance.

Proporcionar derechos sociales a los ocupantes ilegales debilita la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas. Las medidas sociales son difíciles de derogar una vez implementadas, y existe una probabilidad creciente de que la mayoría de estas medidas se extiendan o se reemplacen por otras cuando expiren”, agregan.

Y es que estos cambios legales, según Moody’s, serán particularmente negativos para las propiedades inmobiliarias de la banca, que anteriormente pertenecían a desarrolladores inmobiliarios. “Tales propiedades tienden a tener altos niveles de ocupación ilegal, alrededor del 5% -10% antes de la pandemia, y la crisis ha aumentado estos niveles”, destacan desde la agencia de calificación.

Poca vivienda social para acoger a los colectivos vulnerables

Pero Moody’s alerta de que la propia ley y la situación de la vivienda social en España pueden generar más retrasos. La nueva ley solo permite los desalojos si las autoridades proporcionan una alternativa habitación. Sin embargo, el parque de viviendas sociales públicas es muy limitado y representa solo el 1,6% del total de viviendas en España, 2,5% incluidas las viviendas de propiedad municipal.

“Además, si bien las regiones españolas son responsables de la vivienda social, solo representa el 0,8% de sus presupuestos regionales totales en comparación con otras responsabilidades públicas como la sanidad (40%) 0 la educación (20%). Los gobiernos regionales están trabajando actualmente en la aprobación de sus respectivos presupuestos para el 2021, y es muy poco probable que aumente el gasto esperado en vivienda social para atender la nueva demanda creada por la ley. Además, cualquier nueva construcción de vivienda pública llevará tiempo y probablemente se construiría después de mayo de 2021”, concretan en su análisis la agencia de calificación.