El Gobierno extiende el decreto antidesahucios y anuncia la subida gradual de las tasas de luz y gas

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles la prórroga del decreto del llamado 'escudo social' para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra en Ucrania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo para hacer balance del año y anunciar las nuevas medidas.

Entre ellas, se prorroga hasta el 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Se extiende igualmente la posibilidad hasta el 31 de enero de 2025 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario afectado.

Además, se extiende durante todo 2024, la medida por la que se eliminan las comisiones o compensaciones bancarias por la amortización anticipada de los créditos a tipo variable y las conversiones a tipo fijo. También se reconoce la gratuidad de las conversiones de tipo variable a mixto. Una medida contenida en el Código de Buenas Prácticas hipotecario.

Por otro lado, una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos.

También se añade el incremento del umbral de renta para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios hasta los 38.000 euros anuales, desde los 29.500 euros. Este aumento del umbral ampliará la cobertura del código a 100.000 hogares adicionales a los que ya estaban cubiertos hasta ahora, según las previsiones que maneja el Gobierno.

Hasta el mes de septiembre, según datos del Banco de España, las solicitudes recibidas por parte de las entidades financieras son unas 55.000. A este número también habría que sumar las medidas de alivio alternativas que ofrecen los propios bancos y de los que no se han dado datos.

Retirada gradual de las rebajas en la electricidad y el gas

El Gobierno ha decidido retirar de "manera gradual" durante los próximos seis meses las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas natural que estaban vigentes para hacer frente al impacto sobre los precios energéticos de la guerra en Ucrania.

De esta manera, se irá retirando gradualmente la bajada del IVA de la electricidad (que cayó del 21% al actual 5%), del impuesto sobre la producción eléctrica (del 7% y actualmente suspendido) y la eliminación del impuesto especial eléctrico (ahora en el 0,5% frente al 5,1%).

El próximo junio, el IVA pasará a ser del 10%. Mientras, el IVA del gas volverá a sus niveles normales del 21% (actualmente situado en el 5%) a partir de febrero "una vez pasado el periodo invernal".

Asimismo, Sánchez anunció que se mantendrán durante los próximos seis meses las medidas de protección a las familias vulnerables, como, por ejemplo, "el máximo descuento que se puede dar a las familias vulnerables del bono social, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas de los hogares y de la bombona de butano.

Gratuidad de los Cercanías y rebaja del 50% en el transporte autonómico a todo 2024

Otra de las medidas esperadas era la de confirmar si se mantenían los descuentos en el transporte de competencia autonómica. El Ejecutivo ya había conformado la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia para usuarios habituales a todo 2024, y ahora mantiene la rebaja del 50% en los otros transportes públicos.

Esto supone que las comunidades autónomas estarán obligadas a aportar un 20% del descuento del 50% para que el Estado pueda transferir los fondos para subvencionar la rebaja del 30%, todo ello destinado a abonos y títulos multiviaje.

Junto con la gratuidad de los trenes de Media Distancia y de Cercanías, también seguirá habiendo billetes gratuitos para los viajeros de autobuses cuya competencia recae en el Estado, igualmente para viajeros habituales.

Otras medidas que se mantienen

El resto de medidas del decreto que seguirán vigentes al menos durante el primer semestre de 2024 será el mantenimiento del IVA al 0% para alimentos básicos y del 5%, para pastas y aceites, junto a a revalorización de las pensiones contributivas al 3,8%. También se eliminan las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad.

Por otro lado, se mantiene la prórroga de los impuestos extraordinarios a las entidades bancarias y las energéticas, con una modificación normativa para que, a partir del 1 de enero, se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde e incluya un compromiso de revisión en el 2024 como figura de carácter permanente.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha anunciado que se procederá a la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) para las autonomías que lo soliciten, como ya han hecho las regiones forales.

Por último, el decreto también prorroga la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las CCAA, circunstancia que, según el Gobierno, está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Quienes se pueden beneficiar de la paralización del desahucio y quienes no

La ampliación de las medidas de protección se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes.

Aquí se incluirían los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes para valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar.

En estos casos, siempre se tendrán en cuenta aquellos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son: cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario, cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

Asimismo, cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas, cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas; cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante o que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020.

Alquiler Seguro ha advertido de que la prórroga a los desahucios aprobada en el Consejo de Ministros va a eliminar la oferta asequible en el mercado, porque los propietarios no van a querer alquilar una vivienda ante el riesgo de tener que ser ellos los que se hagan cargo de los posibles impagos de las familias vulnerables.

"Con esta prórroga, realmente la labor social, a la fuerza, la están haciendo los propietarios, que son los que finalmente van a asumir los impagos, los desperfectos y la incertidumbre de no saber cuándo van a poder recuperar su vivienda arrendada", ha señalado el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza.