Información sobre vivienda y economía

Francia ampara al propietario y acelera los desalojos exprés de okupas de cualquier tipo de viviendas

Incluye también las segundas residencias, además de las habituales

Gtres
Gtres
Autor: Redacción

Francia inclina la balanza a favor del propietario en plena escalada de la ocupación ilegal de viviendas. La semana pasada, el Gobierno galo puso en marcha de un procedimiento especial que busca acelerar el desalojo de los okupas en cualquier tipo de inmuebles residenciales, ya sean viviendas habituales o segundas residencias.

La ley fue aprobada a principios de diciembre, aunque su aplicación definitiva ha sido comunicada ahora por los Ministerios de Interior, Justicia y Vivienda (liderados por Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti y Emmanuelle Wargon, respectivamente), que han enviado a los delegados del Gobierno las instrucciones sobre cómo proceder.

En concreto, la Agencia EFE resume que el desalojo podrá ser solicitado por los propietarios de la vivienda, por los inquilinos o por personas que actúen por su cuenta (por ejemplo, un familiar). La ocupación ilegal debe ser constatada por la policía judicial en un plazo máximo de 48 horas desde la solicitud, mientras que el desahucio debe producirse en un máximo de 24 horas desde que se notifica a los okupas que deben abandonar la vivienda. Cabe la posibilidad de que la policía judicial no autorice el desalojo: por ejemplo, si es un motivo de interés general o cuando no se dan las condiciones del procedimiento de evacuación forzada.

Esta medida francesa coincide en el tiempo con la prohibición de desahuciar hasta el 31 de marzo a los inquilinos y otros planes específicos para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad que no tienen vivienda, en un momento en el que la crisis del coronavirus sigue creciendo en toda Europa.

En España, en cambio, el Ejecutivo ha optado directamente por paralizar los desalojos durante el tiempo que dure el estado de alarma (9 de mayo de 2021), medida que beneficia a todos los hogares vulnerables, tanto si tienen contrato de alquiler como si han okupado la vivienda. Para parar el desahucio será necesario que acrediten su situación a través de los servicios sociales, y será el juez el que tenga la última palabra.

El famoso decreto antidesahucios fue aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 22 de diciembre, y la semana pasada sufrió una modificación en el marco de la aprobación de un Real Decreto-ley para crear la figura del consumidor vulnerable, con la que se pretende proteger a los okupas vulnerables, aunque hayan cometido delito. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) insisten en que solo ampara a okupas vulnerables (con menores a cargo, víctimas de violencia de género o dependientes), mientras que el sector inmobiliario ha criticado en bloque el cambio en la normativa, al afirmar que es un 'efecto llamada' a la okupación y que genera inseguridad jurídica.