El Congreso vota esta semana la convalidación del decreto anticrisis y la reforma del paro

La primera sesión plenaria del Congreso del año debatirá y votará el próximo miércoles, 10 de enero, los decretos para la reforma del subsidio de desempleo y de las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, recogidas en el último decreto ley aprobado por el Gobierno en 2023. Ese mismo día se votarán también los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Según fuentes parlamentarias, este Pleno extraordinario (enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios) va a celebrarse en la sede del Senado, puesto que el hemiciclo del Congreso estará en obras durante todo el mes de enero por la instalación de nuevas pantallas táctiles en los escaños.

Los dos decretos ya han entrado en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a los textos en diciembre, y ahora es el Congreso el que tiene que convalidarlos o bien, derogarlos. 

Las medidas anticrisis mermarán la recaudación en 2.500 millones

Por otra parte, la Cámara Baja deliberará el decreto ley por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Con este paquete normativo, entre otros muchos puntos, se prorroga el IVA reducido en alimentos básicos, pastas y aceites y se modifica este mismo impuesto en las facturas de luz y gas natural, que pasan de un 5% a un 10%, frente al 21% original de antes de la crisis energéticas. También se incluye la gratuidad de los Cercanías y la rebaja del 50% en el transporte autonómico. Dentro de ese decreto también se incluye la prórroga de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables hasta 2025.

El Gobierno estima que las diferentes medidas fiscales suponen una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros. El grueso de esa pérdida recaudatoria obedece a los tipos de IVA que se aplicarán sobre determinados suministros de electricidad y gas natural, en alimentos básicos, pastas y aceites y los límites para la aplicación del régimen especial simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. En concreto, estima que el nuevo IVA sobre estos productos y servicios supondrá una merma recaudatoria de 1.892 millones de euros.

De su lado, la prórroga de la aplicación del IVA reducido de gravamen del 5% a los aceites comestibles y las pastas alimenticias durante el primer semestre de 2024 podría acarrear una pérdida recaudatoria de 110 millones de euros. La aplicación del 0% del IVA en el primer semestre de 2024 a los alimento básicos, una medida que también se prorroga, podría inducir, según los cálculos del Ejecutivo, una merma recaudatoria de 734 millones de euros. 

También están en juego los impuestos a bancos, energéticas y grandes fortunas, que el Gobierno ha prorrogado para todo 2024. 

El subsidio por desempleo, pendiente desde 2022

En lo que respecta a la reforma de subsidio por desempleo, estaba prevista para finales de 2022 y es necesaria para que España acceda al cuarto desembolso de los fondos europeos por importe de 10.000 millones de euros.

El decreto introduce nuevos colectivos que pueden percibir el subsidio por desempleo, que es la ayuda destinada a las personas que han agotado o que no tienen derecho a la prestación contributiva de paro. Dichos colectivos son los menores de 45 años sin cargas familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva, los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura y los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo, para ajustar las cuentas se suprimen la Renta Activa de Inserción (RAI), el subsidio extraordinario por desempleo (SED) y los subsidios de liberados de prisión, emigrantes retornados y revisión de invalidez.

Pero la norma, que entrará en vigor con carácter general el 1 de junio de 2024, reforma el subsidio para las personas en paro, que será de mayor cuantía durante el primer año de percepción, compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación, e irá ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.

En concreto, la reforma aprobada por el Gobierno el pasado 19 de diciembre eleva el subsidio, actualmente de 480 euros o el 80% del Iprem, a 570 euros durante los seis primeros meses (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis siguientes (90% del Iprem). Después de ese año la ayuda se quedaría en 480 euros hasta su extinción con un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.

En el caso de los mayores de 52 años, se mantiene la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros, pero la reforma rebajará progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.

Todas estas modificaciones legislativas, según informó el Gobierno en la memoria económica del decreto ley, supondrá un aumento del gasto público de 648 millones de euros en su primer año de aplicación.

También se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria

En esa misma sesión plenaria del miércoles, 10 de enero, también se votarán los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024 que el PP podría tumbar con su mayoría absoluta en el Senado.

La votación de estos objetivos se realizará con los Presupuestos de 2023 ya prorrogados, porque el Ejecutivo no ha podido aprobar un proyecto de cuentas públicas antes del 1 de enero de 2024 por el calendario electoral y el posterior proceso de investidura.

La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril. Para ello, ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea, lo que se traduce en la cifra más alta de la historia. 

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones Públicas, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.

Pero el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.

Y es aquí donde aparece la mayoría absoluta del PP en el Senado y su capacidad de veto a dichos objetivos. El Ejecutivo confía en que esto no suceda, porque de no aprobarse hasta en dos ocasiones los objetivos, se fijarían los recogidos en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril. Esto se traduciría en una menor capacidad de gasto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos del PP. Así lo avisó en el Congreso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando pidió a los 'populares' que permitieran a los diferentes territorios hacer unos presupuestos "creíbles".