El Gobierno defiende su ideología, mientras la justicia vela por el alquiler, según Zurdo

Cuando presenciamos que el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprueban leyes en materia de vivienda, que son contrarias y rechazadas por el poder judicial: C.G.P.J y Tribunal Constitucional, es preciso preguntarse si nuestros gobernantes están legislando con verdadera responsabilidad o por el contrario aprueban leyes para contentar a su electorado y a sus socios de Gobierno y esto, lo segundo, es muy grave.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad contra 11 artículos de la Ley catalana de alquiler, y por ende ha anulado la limitación de las rentas de alquiler en Cataluña, marca un antes y un después en este intento desesperado de ambos ejecutivos, el catalán y el nacional, de intervenir el mercado del alquiler.

Nosotros consideramos que esta sentencia deja tocado el texto sobre la Ley de Vivienda que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados, y que el Gobierno debería retirarlo. Su tramitación, no solo es una pérdida de tiempo, sino que, de aprobarse un texto en la misma línea de lo anulado por el TC en Cataluña, estaría el Legislativo, con la mayoría que apoya al Ejecutivo, legislando a sabiendas que lo aprobado puede ser inconstitucional.

La Ley de Vivienda lleva en su articulado aquellos aspectos referidos a la invasión de competencias del Estado sobre las autonomías, que el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucionales, y que previamente, también ya contó con el rechazo del CGPJ y de todo el sector inmobiliario. Aun así, el Gobierno y sus socios siguen adelante, a sabiendas que esta Ley contiene elementos inconstitucionales y que la intervención de precios no está debidamente justificada, pero comprobamos con estupor, como la política se quiere poner por encima de la Ley, a sabiendas que se está actuando mal.

Esta manera de hacer política “a golpe de electorado”, caiga quien caiga, tiene graves consecuencias en el mercado de los arrendamientos urbanos, donde propietarios particulares, inquilinos, y las empresas que se dedican al alquiler, promoviendo una gran oferta, se vean continuamente zarandeados por un torbellino de anuncio de medidas y leyes que van contra su estabilidad, seguridad y crecimiento.

En Cataluña se han firmado menos contratos de alquiler como consecuencia de la intervención del mercado y el ataque a los arrendadores, y ahora habrá en las mismas zonas, contratos con limitación de rentas hasta que finalicen los 5/7 años de duración, y otros no, porque la sentencia del Tribunal Constitucional, prohíbe la limitación de las rentas de alquiler a partir de ahora.  Una nueva paradoja para el alquiler en Cataluña, donde en un mismo barrio, en el mismo edificio, habrá alquileres intervenidos, con propietarios que están perdiendo poder adquisitivo, y otros que no, que podrán poner sus viviendas, nuevamente, en un mercado libre.

Aunque el TC no ha entrado a anular contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad, aquellos propietarios que hayan sufrido la limitación de las rentas de alquiler, y también aquellos que hayan tenido que pagar multas, bajo el paraguas de una Ley inconstitucional, ahora se abre la vía para que puedan reclamar las justas indemnizaciones.

Una vez que el Constitucional ha anulado la limitación de rentas, el alquiler volverá a crecer en Cataluña y se firmarán más contratos. Esta es una excelente noticia para propietarios, y también para inquilinos, porque el mercado de alquiler en Cataluña volverá a funcionar con normalidad, y los generadores de oferta, que son los arrendadores, podrán confiar en mantener y ampliar la oferta de viviendas en alquiler, y de esta manera el mercado regulará los precios.