No más discusiones bizantinas sobre vivienda

En 1453, el sultán otomano Mehmed II estaba a las puertas de Constantinopla con un ejército enorme, cañones gigantescos y la clara intención de conquistar la capital del Imperio Bizantino poniendo fin a mil años de historia. La ciudad estaba sitiada, hambrienta y superada en número 10 a 1 por sus enemigos.

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Mientras las murallas se desmoronaban, se dice que gran parte de la élite bizantina, en lugar de unirse para la defensa, estaba enfrascada en debates teológicos y filosóficos intensos, incluso ridículos. 

El ejemplo más citado —y a veces considerado leyenda, pero que ilustra perfectamente el concepto— es el supuesto debate sobre "el sexo de los ángeles".

Algunos cronistas y posteriormente autores han relatado que mientras las tropas otomanas preparaban el asalto final, los teólogos y nobles se peleaban por cuestiones insignificantes como si los ángeles eran masculinos, femeninos o neutros, o si la luz del Monte Tabor era increada o creada. De ahí el termino de discusión bizantina.

Una discusión bizantina es un debate inútil, interminable y excesivamente sutil sobre detalles triviales o teóricos sin aplicación práctica. Se caracteriza por enredar a los participantes en argumentos estériles, ignorando problemas urgentes y reales.

Me paso la vida escuchando discusiones bizantinas en vivienda. Y os comento varios ejemplos reales en ayuntamientos.

Cuando desde ASPRIMA hicimos el estudio de la Ley 3/2024, que contempla la posibilidad de convertir suelos de oficinas en vivienda protegida en alquiler y, por tanto de licencia directa, fui a ver a un concejal, que al no haber regulado esta ley permite que el promotor presente licencia directa para vivienda protegida en todo el municipio.

Pues bien, dicho ayuntamiento no tramitaba a nuestro promotor la licencia. El concejal ante mi interés en el caso nos dijo que en esa zona de su municipio entendía que no debería haber vivienda, porque los servicios no los podía dar (ojo incumpliendo su propia norma). Después de un par de horas de intentar explicar y entender y, por supuesto, no llegar a un acuerdo (estamos hablando de más de 600 viviendas en todo el municipio) en un arrebato de sinceridad, el concejal me reconoció: “la verdad es que no habíamos prestado mucha atención a esta norma”.

Esta semana he tenido otra conversación bizantina ante la paralización de licencias para flex living en un ayuntamiento donde el debate se centraba si el flex es residencial u hotelero, qué norma soporta, si los criterios y estándares de calidad de una ciudad deben primar o dar soluciones habitacionales para destensar el ya tensionado del mercado de alquiler. 

Sinceramente, ante la emergencia habitacional existente, a mis ojos, todo es subjetivo y estas posturas son bizantinas. 

En el citado estudio que realizamos en octubre de 2024 indicábamos que gracias a la Ley3/2024 en el área metropolitana de Madrid podríamos crear hasta 44.888 viviendas. Desgraciadamente, con la legislación restrictiva de muchos ayuntamientos esta cifra se ha quedado en un máximo de 16.844 viviendas.

Hablado con técnicos municipales, alcaldes y concejales y tras escuchar su visión y parte de razón, hay dos razones fundamentales para que no apliquen la ley en su plenitud, según me confesaron directamente algunos, insisto, algunos de mis interlocutores: cuánta más gente viva en mi municipio, más servicios tengo que dar con el mismo presupuesto; y, si los que vienen no me votan...

Pues bien, la Asamblea de la Comunidad de Madrid acaba de aprobar la Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública, la mayor y mejor normativa para sacar de suelo consolidado viviendas protegidas, que es lo que necesitamos. 

Esta ley aumenta la edificabilidad y la densidad para viviendas protegidas, amplía los cambios de usos además de oficinas a suelos dotacionales privados y terciario hospedaje (para vivienda protegida en alquiler) y permite convertir en flex suelos industriales. 

Son medidas a corto plazo, que combinadas con las de largo plazo, como es la nueva ley del suelo (LÍDER), es la forma de atajar el tsunami que tenemos de emergencia habitacional, producido, entre otros factores, porque la CAM es el mejor destino de atracción de talento de toda Europa y, por tanto, vienen a residir 140.000 personas al año, todos los años.

Nos hemos dado una estructura legislativa donde el responsable último en vivienda es el ayuntamiento y, seguramente, es la administración que menos recursos tiene.

Creo que la corporaciones locales no son conscientes tanto en su bis técnica, como política (salvo honrosas excepciones) que no es el momento de estar discutiendo si los ángeles son hombres, mujeres o neutros; es el momento de coger el toro por los cuernos y ayudar a producir vivienda y, para producir vivienda, necesitamos ayuntamientos valientes, que no paralicen la iniciativa privada, y los cambios normativos disruptivos, dentro de lo que les permite el sistema autonómico, que están proponiendo algunas comunidades autónomas.

Por responsabilidad ante los ciudadanos, los ayuntamientos no pueden ser el paralizador de estas medidas, porque, sino, tendremos un problema de magnitud social y económicas inimaginables.

Todo gran poder (y el urbanismo lo es) conlleva una gran responsabilidad y tanto los funcionarios como los políticos tienen la responsabilidad de aplicar las normas para favorecer en sus ayuntamientos la producción de vivienda. Más adelante tendremos tiempo de buscar soluciones, para los servicios, la movilidad, las ratios de calidad y, sobre todo, mejorar la demoscopia. La corporación local es la política más cercana al ciudadano y, por tanto, debe centrarse en la primera preocupación de la sociedad: la accesibilidad a una vivienda.

Todo lo demás son discusiones bizantinas mientras Mehmed II toma Constantinopla.