Crisis vivienda

El déficit de vivienda del país, que el Banco de España cifra en más de un millón de casas en 2028, ha generado una emergencia habitacional sin visos de solución a corto o medio plazo. Sobre este asunto ha hablado el socio director de Azora, Javier Rodríguez-Heredia, en el 'Rental Housing Forum', donde ha pedido a “todos los actores” del sector “sentido de Estado” y conciencia ante la emergencia: “Voy a exagerar, pero la situación va a ser similar a la de la posguerra”, ha advertido, a la vez que reclamaba "menos oportunismo político y menos búsqueda de culpables".

España lidera el crecimiento económico en la zona del euro. El Gobierno lo celebra, pero hay algo que no cuadra: el precio de la vivienda en venta sigue en máximos históricos, el alquiler sigue asfixiando a las familias y muchos españoles tienen la sensación de que, por mucho que trabajen, les cuesta llegar a final de mes. Hoy tenemos con nosotros a uno de los economistas más directos del país, Carlos Rodríguez Braun, que nos recuerda que la mayoría de los pisos en alquiler en España son de "la clase media con ingresos muy modestos" y que en la época de Franco ya se controló el precio del alquiler con la conocida "renta antigua". También advierte de que el Gobierno ha subido los impuestos sobre la gran masa de la población española a través de no deflactar el IRPF.

Los últimos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno han puesto el foco en defender los derechos de los inquilinos, aunque ello haya supuesto menoscabar los de los arrendadores. El economista Miguel Córdoba asegura que en España se está produciendo retroceso en el concepto de democracia que habíamos acuñado a finales del siglo pasado y considera que no es democrático que se penalice a los propietarios ni que "un Gobierno débil y en situación de agonía ceda a las presiones de la izquierda radical y legisle sin un análisis previo, sin consenso y sin debate parlamentario sobre un tema de la máxima importancia" como es la vivienda.

Las viviendas vacías han sido señaladas durante años como unas de las responsables de la crisis de oferta residencial y el último decreto aprobado por el Gobierno abre la puerta a endurecer la fiscalidad a los propietarios que tengan inmuebles deshabitados, basándose en una estadística del INE que cifra el volumen de casas vacías en España en 3,8 millones. Los expertos aseguran que el censo es un lema más que un dato con fundamento estadístico, ya que procede de un análisis del consumo eléctrico de los hogares durante el covid, cuando miles de ciudadanos no podían desplazarse. Además, recuerdan que el 70% se encuentra en pequeños municipios y que se desconoce si están en condiciones de habitabilidad. Por ello, piden aplazar cualquier política sobre vivienda vacía hasta que haya información más precisa.

La preocupación por la vivienda ha repuntado se ha anotado un nuevo récord como primer problema de España, superando por primera vez el 50% de menciones en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre, tras crecer más de 18 puntos respecto a serptiembre. Tras la vivienda, que marca máximos al aparecer como principal problema para el 55,7% de los encuestados y encandenar 21 meses al frente de la lista, se encuentran la inmigración (20,9%) y la crisis económica (20,3%).

La clase media trabajadora es la que más aporta a la economía, a pesar de que no es el colectivo más numeroso. España apenas cuenta con 4,8 millones de contribuyentes que ganan entre 30.000 y 60.000 euros al año y el hecho de que estén sometidos a una elevada presión fiscal explica buena parte de la actual crisis de vivienda. Según Jorge Ginés, director general de Asprima, "si los salarios pierden poder adquisitivo, los impuestos absorben una parte creciente de los ingresos y el empleo es inestable, acceder a una vivienda se vuelve cada vez más difícil". En su opinión, para resolver el problema "no basta con intervenir los precios o aprobar ayudas", sino que "es necesario fortalecer a quienes trabajan y producen", con un gasto público más contenido y menos burocracia.

Los sindicatos CCOO y UGT han acordado la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna. Las centrales sindicales dan este paso tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes sobre vivienda el pasado viernes. Se prevé para principios de noviembre.

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha asegurado durante su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar que es necesario estimular la concesión de crédito y liberalización de suelo como medidas para aumentar la oferta de vivienda y frenar la tendencia al alza de los precios. "Lo fundamental es comprender que es un tema de oferta insuficiente, y limitar la demanda nunca lo resuelve", ha afirmado el banquero. También apuesta por reducir la burocracia y unas políticas públicas que incentiven la disponibilidad de inmuebles para comprar y alquilar.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado un real decreto en materia de vivienda que "le meta mano" a los "fondos buitre" y ha animado a los manifestantes que acampan en la Puerta de Sol de Madrid a mantener e intensificar la movilización social para exigir una respuesta ante la crisis habitacional. La ministra ha denunciado, además, que se están vulnerando derechos humanos mediante desahucios sin una solución residencial para las personas afectadas.

El consejero delegado de la entidad catalana, Marc Armengol, ha afirmado en una entrevista con Bank of America que las sucesivas medidas regulatorias desplegadas en vivienda en los últimos años han servido únicamente para poner "parches" a la situación en lugar de resolverla, provocando un severo desequilibrio entre oferta y demanda y un fuerte encarecimiento de los precios. El banquero ve necesario agilizar la concesión de licencias para nuevos desarrollos, identificar nuevos suelos urbanizables y canalizar la financiación para evitar que el problema se agrave.

Varios de los pesos pesados de la promoción inmobiliaria en el sur de Europa han defendido durante la feria The District la necesidad de apostar por la vivienda asequible en un momento de crisis de oferta generalizada. Con un déficit residencial que crece a un ritmo de medio millón de unidades al año, el segmento asequible se postula como el protagonista indiscutible del mercado. Sin embargo, y aunque el sector muestra su interés por invertir, pide luchar contra los obstáculos que frenan su desarrollo, como los impuestos, la lentitud administrativa o la inseguridad jurídica. No piden un mercado desregulado, sino un marco predecible.

La subgobernadora de supervisor financiero, Soledad Núñez, ha asegurado durante el encuentro Forbes Economic Summit 2026 que el déficit residencial que arrastra el mercado doméstico podría superar el millón de unidades en dos años, lo que supondría un aumento de cerca de 300.000 viviendas desde los niveles actuales. Núñez ha achacado la urgente situación del mercado inmobiliario a una "oferta insuficiente" y ha insistido en que "los precios reales de la vivienda se han acelerado a niveles comparables a 2005 por la falta de oferta”.

Savills no ve techo al déficit de vivienda en España. Durante un encuentro con inversores, promotores y operadores, la consultora ha vaticinado que el déficit residencial acumulado se situará por encima de las 850.000 unidades a finales de 2027, frente a las 755.000 actuales, a pesar de que el INE ha revisado a la baja las proyecciones de crecimiento de hogares. Los datos de la compañía muestran que los hoteles y los activos 'living', entre los que se encuentran las residencias de estudiantes, el 'flex living' y la vivienda tradicional, ya suponen el 60% de la inversión.

La crisis de vivienda que arrastra España no está cerca de tocar fin y se perfila como un lastre para la competitividad económica y la capacidad para captar y mantener talento, un problema que se está generalizando en Europa. Así lo han afirmado promotores y agentes del sector inmobiliario en el marco de la feria 'The District', donde han apremiado a las Administraciones y partidos políticos a alcanzar acuerdos en materia de vivienda para desarrollar más oferta y aprovechar el apetito de inversores con un marco jurídico más estable.

El sector de la construcción avisa de que la falta de trabajadores cada vez va a más y que ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en uno de los principales escollos para levantar más viviendas. En un momento en el que España necesita acelerar el desarrollo de promociones para satisfacer la elevada demanda y a las puertas de la jubilación de miles de empleados del ladrillo, promotores, constructores y profesionales de la obra creen que esta crisis laboral mermará la capacidad de producción inmobiliaria y agravará el problema social de acceso a la vivienda. La industrialización y los jóvenes que se incorporen al mercado laboral se perfilan como la gran vía de escape a largo plazo.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid hay más de 80.000 nuevas viviendas previstas que no se podrán convertir en el hogar de una familia por falta de infraestructuras que doten a los inmuebles de suministro eléctrico. Así se refleja en un informe de BBVA Research que asegura que ampliar la red eléctrica en grandes desarrollos urbanísticos puede requerir una actuación de entre cinco y ocho años, convirtiendo este problema en uno de los principales “cuellos de botella” para la construcción de obra nueva.

Hace 10 años, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, Auckland, comenzó a sufrir una grave crisis de vivienda. El auge económico disparó la inmigración de chinos e indios en busca de trabajo y un lugar donde vivir, unido al regreso de muchos neozelandeses de Sídney y Londres. Para los urbanistas de Auckland la solución fue mirar hacia arriba, es decir, dejar de construir casas unifamiliares para levantar viviendas en altura. La ciudad, cuya población ha pasado de 1,3 millones en 2010 a 1,8 millones en 2025, ha urbanizado en la última década el 75% de sus terrenos residenciales, lo que ha permitido sustituir las viviendas unifamiliares de una sola planta, con césped y garaje, por edificios más altos y estrechos: casas adosadas que comparten zonas comunes y bloques de pisos.

El gran debate sobre la vivienda está en cómo garantizar el acceso en un país donde la demanda sigue creciendo más rápido que la oferta. Según afirma Luis Mário Nunes, CEO de ComprarCasa en Iberia, España tiene uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de Europa y el reto está en crear un sistema capaz de ofrecer vivienda suficiente, accesible y sostenible para las próximas generaciones. Para ello, ve necesario acelerar la construcción de inmuebles, agilizar el desarrollo urbanístico, reducir los tiempos administrativos, generar un marco regulatorio estable que atraiga inversión y favorecer fórmulas que permitan ampliar el acceso a la financiación responsable.

La Fundación de las Cajas de Ahorros ha publicado un extenso informe donde analiza cómo se está gestionando la actual crisis de acceso a la vivienda en España y qué riesgos entraña la situación actual. Según los economistas que participan en el documento, la Administración está haciendo un diagnóstico incorrecto del problema y, el hecho de tratarlo como una crisis de demanda cuando en realidad es de oferta, está provocando que se tomen medidas de "efectos dudosos a corto plazo y claramente negativos a largo plazo", como por ejemplo los topes de los alquileres. También afirman que el mayor riesgo no es un exceso de financiación, sino que se está conviertiendo en un lastre para la movidad laboral, la natalidad y la productividad, y en un motor de la desigualdad patrimonial entre generaciones.

La vivienda se refuerza un mes más como el mayor problema de España. Según el barómetro del CIS de julio, las dificultades para acceder al mercado residencial han acaparado el 43% de las menciones como preocupación número uno, tres puntos por encima de la edición anterior y el tercer dato más alto de la serie histórica, seguidas de la inmigración (23,4%), los problemas políticos (18,7%) y la corrupción y el fraude (17,8%). La vivienda también es el problema de mayor impacto a nivel personal, seguida de la situación económica y la sanidad.

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar propuestas sobre cómo simplificar la normativa comunitaria que afecta a la construcción de vivienda, con el objetivo de reducir las cargas administrativas, acelerar los proyectos y contribuir a aumentar la oferta de viviendas asequibles en la Unión Europea. La iniciativa servirá de base para elaborar un paquete legislativo de simplificación previsto para 2027 dentro del futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible.

El Instituto de Estudios Económicos repasa en un informe el efecto del incremento de la población, derivado de la inmigración, tanto en el crecimiento económico como en la mejora del empleo y el consumo como en la tensión que arrastra el mercado de la vivienda. Según el 'think tank' de la CEOE, la inmigración "no solo amplía la población, sino que refuerza tanto la capacidad productiva como la demanda interna”, pero la llegada de nuevos residentes se traduce "en una mayor formación de hogares y, por tanto, en un aumento de la demanda de vivienda" en un momento en el que la oferta no termina de despegar.

El consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, ha defendido que en España el problema de la vivienda es un problema de oferta, y ha sostenido que las nuevas viviendas deben planificarse con arreglo a las diferentes y nuevas necesidades de la población.Sigue a idealista/news en el canal d

Jorge Ginés, director general de Asprima, recuerda que una discusión bizantina es "un debate inútil, interminable y excesivamente sutil sobre detalles triviales o teóricos sin aplicación práctica. Se caracteriza por enredar a los participantes en argumentos estériles, ignorando problemas urgentes y reales". Y asegura que se pasa la vida escuchando discusiones bizantinas en vivienda. Pone de ejemplo conversaciones con ayuntamientos que desconocen sus propias normas o que no apuestan por levantar vivienda nueva ante la emergencia habitacional existente por riesgo a que los nuevos vecinos no les voten.