Las cinco propuestas en vivienda de los administradores de fincas para las elecciones del 29N

Piden un Pacto de Estado, recuperar el equilibrio entre propietarios e inquilinos, dividir los pisos grandes, movilizar viviendas vacías e impulsar la reconversión de locales en viviendas
Archivo - Viviendas, fachada de un edificio con arbolado delante
Fachada de un edificio de viviendas Europa Press
Europa Press , Ana P. Alarcos

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha trasladado a los grupos políticos cinco propuestas para mejorar el acceso a la vivienda, entre las que figuran facilitar la división de viviendas de grandes dimensiones, transformar locales comerciales en viviendas y movilizar los inmuebles vacíos hacia el mercado del alquiler.

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La institución ha elaborado un documento con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con el que pide que la vivienda ocupe un lugar prioritario en la agenda política durante la próxima legislatura.

La primera de sus propuestas es impulsar un "Pacto de Estado por la Vivienda", así como crear un ente público promotor de vivienda y gestor estratégico del suelo,  "capaz de coordinar la movilización de suelo público y privado y facilitar el desarrollo de promociones de vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada". También pide simplificar los procedimientos de planeamiento urbanístico y agilizar la concesión de licencias de construcción y rehabilitación, "cuyos plazos administrativos pueden retrasar durante años la puesta en marcha de nuevos proyectos residenciales". Según los administradores de fincas, "la movilización de suelo, la promoción de vivienda protegida y el establecimiento de precios tasados deben formar parte de una estrategia que permita incrementar significativamente el parque residencial disponible". 

En materia de alquiler, el Consejo reclama "recuperar la seguridad jurídica y el equilibrio entre los derechos de propietarios e inquilinos" mediante un marco normativo estable y previsible que "evite modificaciones legislativas continuadas que generen incertidumbre y puedan retraer la oferta de viviendas destinadas al arrendamiento". 

También ve necesario disponer de procedimientos judiciales eficaces que permitan recuperar la vivienda en plazos razonables cuando se produzcan impagos, finalicen los contratos o concurran incumplimientos graves de las condiciones pactadas. Y defiende que la protección de las personas y familias en situación de vulnerabilidad debe corresponder a las Administraciones Públicas mediante políticas sociales y alternativas habitacionales adecuadas.

Otra de las reinvicaciones de los administradores de fincas es "movilizar las viviendas vacías hacia el mercado del alquiler habitual" a través de incentivos fiscales, garantías públicas frente al impago, mecanismos de aseguramiento de daños, ayudas para rehabilitar viviendas que no reúnen condiciones de habitabilidad y programas públicos de intermediación. Según el Consejo General, estas medidas, acompañadas de alternativas residenciales para los arrendatarios que realmente las necesiten y de actuaciones eficaces frente a las ocupaciones ilegales, "permitirían recuperar para el mercado una parte de las viviendas actualmente desocupadas y aumentar la oferta disponible en un plazo menor que el necesario para construir nuevas promociones".

La cuarta propuesta de los administradores de fincas es adaptar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) a las nuevas necesidades habitacionales, con el fin de facilitar la división de viviendas, las segregaciones y la creación de nuevos inmuebles mediante ampliaciones o nuevas plantas en edificios existentes, siempre que las condiciones técnicas y urbanísticas lo permitan. "Estas actuaciones no deberían verse obstaculizadas por procedimientos administrativos excesivamente complejos, tasas o costes desproporcionados", asegura el documento. Para ello, plantea simplificar los procedimientos de modificación de los títulos constitutivos y establecer reducciones, bonificaciones o ayudas para los costes administrativos, notariales y registrales asociados.

La quinta y última línea de actuación se centra en la reducción de las trabas administrativas y la planificación de una política de vivienda a largo plazo. En concreto, propone facilitar el cambio de uso a residencial de aquellos locales comerciales que hayan perdido su funcionalidad o interés comercial, siempre que exista compatibilidad urbanística y puedan cumplirse las condiciones técnicas, de seguridad, salubridad y habitabilidad exigibles. Para ello, ve conveniente revisar aquellos requisitos administrativos o técnicos que no aporten una protección efectiva adicional y que, sin embargo, dificulten innecesariamente estas transformaciones.

Por último, la institución también reclama una mayor coordinación entre las Administraciones estatal, autonómica y local, así como la necesidad de establecer mecanismos de evaluación periódica de las políticas públicas.

“España necesita una política de vivienda basada en la estabilidad, la planificación y la colaboración institucional. Las soluciones deben contemplar tanto la construcción de nuevas viviendas como la movilización de las existentes, la rehabilitación de los edificios y un marco jurídico que genere confianza. La vivienda requiere acuerdos a largo plazo y evaluación de resultados, no una sucesión permanente de medidas coyunturales”, concluyen desde el CGCAFE.

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