Administradores de fincas

Hay administradores de fincas que llevan décadas gestionando los mismos edificios sin un plan de sucesión claro. Antonio Baldellou, CEO de inmho en España, lo identifica como uno de los motores del negocio que dirige: un sector extremadamente fragmentado, con poca profesionalización y sin grandes operadores hasta que aparecieron los consolidadores. inmho gestiona 15.000 comunidades de propietarios, con el segundo operador probablemente en la mitad de esa cifra. Sin embargo, eso representa menos del 3% de un mercado de un millón de comunidades en España. También cuenta con 8.000 alquileres bajo gestión.

Las reacciones al anuncio que ha hecho el Gobierno de que prepara un nuevo decreto en vivienda de cara a julio no se han hecho esperar. Aunque el texto todavía no está del todo definido, el Ejecutivo ha anunciado que incluirá la regulación del alquiler temporal y de habitaciones, la prórroga de los contratos de arrendamiento y la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%. Promotores, administradores de fincas y abogados recuerdan que la regulación no es la solución al problema de acceso a la vivienda, e insisten en que la clave está en dar más incentivos y más seguridad jurídica a los propietarios e impulsar la oferta residencial.

La complejidad administrativa se ha convertido en una de las grandes cuestiones de fondo para el sector de la administración de fincas. En los últimos meses, diversos colegios profesionales y organizaciones sectoriales han alertado del impacto que están teniendo la creciente carga regulatoria, la tramitación documental y la acumulación de obligaciones vinculadas a rehabilitación, sostenibilidad o coordinación de proveedores sobre la gestión diaria de las comunidades de propietarios. El gran desafío ya no consistirá únicamente en gestionar edificios, sino en gestionar toda la complejidad que existe alrededor de ellos.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España alerta de la inseguridad jurídica que genera la no convalidación del decreto del escudo social en el Congreso de los Diputados que, además de la moratoria antidesahucios, incluía la prórroga de las deducciones en el IRPF por la rehabilitación de viviendas y edificios. Según los administradores de fincas, la situación actual no solo "pone en riesgo millones de euros invertidos por las comunidades de propietarios", sino que "será un freno inmediato a nuevas rehabilitaciones" en plena recta final de los fondos europeos. Por eso, piden un marco fiscal estable con bonificaciones permanentes.

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ha propuesto la constitución de una cuenta ahorro específica para financiar obras de eficiencia energética en edificios residenciales, en un momento en el que España se enfrenta al "desafío urgente" de rehabilitar más de 10 millones de viviendas para cumplir con los objetivos europeos de eficiencia energética.

La figura del administrador de fincas va ligada de forma directa a la gestión de comunidades de propietarios. Son muchas las tareas que deben desempeñarse en este marco: asesorar a los propietarios, gestionar incidencias y reparaciones, llevar las cuentas de la comunidad, convocar y actuar como secretario en las reuniones de la junta... Por eso es habitual delegar este trabajo en un profesional o equipo de profesionales cualificados. 

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) solicita que se extienda la tarifa regulada de gas a todas las comunidades de propietarios con calefacción central que tengan cobro individualizado del consumo, así como aplicar la bajada del IVA del gas del 21% al 5%. Afirman que muchas comunidades viven una situación económica límite y que este invierno podría producirse un aumento importante de la morosidad.

Pablo Abascal tomó posesión del cargo de presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) el pasado 15 de junio. En esta entrevista, repasa los retos de esta etapa, como la llegada de una nueva Ley de Propiedad Horizontal o los fondos europeos para rehabilitar el parque residencial. Abascal afirma que la institución debe saber solucionar los problemas de edificios y hogares, y que muchas comunidades están tomando medidas para afrontar el sobrecoste de las facturas.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que se aplique a las comunidades de propietarios la misma tarifa energética que tienen los hogares. Los precios que actualmente pagan estas comunidades son similares a las tarifas industriales, lo que supone un incremento del precio de la electricidad del 120% en los últimos 15 meses. Los gestores temen un aumento de la morosidad ante el aumento de derramas extraordinarias.

Uno de los problemas más frecuentes en un piso es el de las filtraciones de agua desde los pisos superiores. A menudo ocurre que, por el descuido de un propietario o de todo el inmueble, el mal mantenimiento del edificio provoca filtraciones que, al extenderse, dañan también las propiedades de los demás. En general, el problema se plantea en las terrazas y balcones, es decir, en aquellas estructuras más expuestas a los agentes atmosféricos. ¿Quién paga los daños causados por las filtraciones de las terrazas? depende del daño causado y del tipo de terraza.

"Desde 2005 hemos asistido a un cambio profundo del sector y, paradójicamente, lo único que no ha cambiado es la Ley de Propiedad Horizontal. Se necesita una nueva norma y no más parches en su articulado, que, si bien, ayuda a la gestión puntual, no resuelve los problemas cotidianos, del día a día, porque es una ley anclada en el pasado”, afirma Carmen Maicas, vocal de CAFMadrid en la V edición del Día de las Profesiones, organizada por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado una iniciativa para que el Gobierno establezca una regulación que ayude a resolver el problema de la ausencia de reuniones presenciales. En España se celebran, aproximadamente, 1.000.000 de reuniones anuales de comunidades de propietarios, 17.000 mensualmente de media sólo en la Comunidad de Madrid, que no han podido convocarse por el coronavirus.

Tras la situación meteorológica provocada por la borrasca Filomena, el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) recomienda realizar algunas labores de mantenimiento, con el fin de evitar daños de mayor envergadura en los edificios y sus ocupantes, como por ejemplo las fachadas o las cubiertas. También recomiendan evitar coger los ascensores ante posibles cortes de luz, bajar persianas por la noche para mantener la temperatura interior de las viviendas y vigilar si aparecen grietas en los inmuebles.

Salvador Díez Lloris es presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) desde 2012 y posiblemente le haya tocado vivir ahora su época más dura profesionalmente al frente de este organismo, como consecuencia de la crisis del covid-19. Asegura que esperan un repunte de la morosidad entre los vecinos, debido a la pandemia, por lo que la sociedad tendrá que hacer un esfuerzo para garantizar el funcionamiento de los servicios comunes en todos los edificios.

Las comunidades de propietarios del conjunto de España soportaban a cierre del año pasado una deuda de 1.601 millones de euros por parte de sus propios vecinos, una cantidad que arroja un descenso de casi un 4% interanual y del 11% respecto a 2015. Según los Administradores de Fincas, prácticamente la mitad de dicha morosidad se registraba en Andalucía, Cataluña y Madrid, mientras que Navarra y La Rioja son las regiones con la deuda más baja.

Los morosos adeudaban a las comunidades de vecinos más de 1.600 millones de euros a cierre del año pasado, según los cálculos de los Administradores de Fincas. A pesar de que el dato es un 8,5% inferior al registrado en 2015, podría impedir que 1,5 millones de edificios lleven a cabo obras de rehabilitación y accesibilidad, unos proyectos obligatorios para que los inmuebles más antiguos puedan cumplir con la normativa actual.

Más de 4.500 personas y sociedades deben más de un millón de euros a la Hacienda española en 2016, según la tercera ola de la lista de deudores que ofrece el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro.

Liberalizar la profesión del administrador de fincas o luchar contra el intrusismo profesional.

Por segundo año consecutivo, las comunidades de propietarios están obligadas a declarar a la Agencia Tributaria los trabajos realizados con terceros cuando superen en su conjunto la cifra de 3.005,06 euros, correspondiente al ejercicio 2015.

La futura ley de colegios y servicios profesionales baraja desvincular de la colegiación la gestión de los administradores de fincas.