El fin de las deducciones fiscales para rehabilitar edificios deja atrapadas a inversiones millonarias

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España alerta de la inseguridad jurídica que genera la caída de estos incentivos fiscales
Edificio en obras
Edificio en obras CGCAFE

Las deducciones fiscales por rehabilitar viviendas y edificios han quedado suspendidas tras la caída del decreto del escudo social. El pasado 26 de febrero, el Congreso volvió a tumbar el Real Decreto-ley 2/2026 que incluía la nueva moratoria antidesahucios y también la prórroga de los incentivos fiscales para rehabilitar viviendas y edificios. Una suspensión que ha disparado la inseguridad jurídica y ha dejado en el aire inversiones millonarias. 

Eso es lo que afirma el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), que en un comunicado muestra su "profunda preocupación" por la no convalidación del decreto en la Cámara Baja, lo que ha dejado en el aire las deducciones de entre el 20% y el 60% de las cantidades satisfechas por la inversión destinada a la mejora de la eficiencia energética. Podían aplicarse sobre obras realizadas en viviendas individuales hasta el 31 de diciembre de 2026 y en actuaciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2027, si se trata de edificios residenciales completos.

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"La consecuencia inmediata de esta situación es que quedan en suspenso los incentivos fiscales previstos para instalaciones de aerotermia, sistemas de autoconsumo fotovoltaico, tanto individuales como en consumo compartido, y obras dirigidas a la reducción de la demanda energética, mejora del aislamiento de la envolvente o el incremento de la eficiencia energética en edificios residenciales", afirma el CGCAFE. Y recalca que "la decisión se produce en un momento especialmente delicado". 

Según los administradores de fincas, "miles de comunidades de propietarios en toda España están finalizando a contrarreloj actuaciones financiadas con los fondos europeos Next Generation, cuyo plazo de ejecución y justificación ante la Unión Europea concluye el próximo 30 de junio". En la mayoría de los casos, recalca el CGCAFE, "estas obras fueron aprobadas en junta teniendo en cuenta un esquema económico que combinaba subvenciones directas, financiación bancaria o derramas extraordinarias y, de forma muy relevante, las deducciones fiscales en el IRPF comprometidas por el Gobierno". 

Por tanto, alerta el organismo, la suspensión actual "pone en riesgo millones de euros invertidos por las comunidades de propietarios", teniendo en cuenta que la inversión en estos proyectos suele superar los 25.000 euros por propietario.

Los admnistradores de fincas explican que “no se puede pedir a los propietarios que afronten inversiones muy elevadas, que se endeuden o que aprueben derramas importantes, y cambiar las condiciones fiscales cuando las obras están en marcha o incluso terminándose. La confianza es vital para que las comunidades den el paso, y ahora se ve seriamente dañada si, por un lado, se apuran los plazos europeos y, por otro, se ponen en riesgo las deducciones fiscales con las que se contaba desde el inicio del proyecto”.

También creen que la actual situación puede suponer un escollo para la realización de nuevas obras. “Si los propietarios perciben que pueden perder ayudas por cuestiones de plazo o que no podrán aplicar las deducciones fiscales previstas cuando aprobaron las obras, el efecto será un freno inmediato a nuevas rehabilitaciones", destacan los administradores de fincas. E insisten en que "no podemos permitir que se rompa la confianza justo cuando más necesitamos acelerar el proceso de renovación de los edificios”.

"Un marco fiscal estable y estructural"

Más del 40% de los 25,7 millones de viviendas que hay en España fueron construidas sin ninguna norma de aislamiento térmico y antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE). A pesar de ello, el actual ritmo de rehabilitación energética es mínimo: de apenas un 0,15% anual, "lo que supondría más de dos siglos para renovar completamente el parque residencial", concreta el comunicado.

Ante la evidencia de que España debe acelerar la transformación energética de los edificios para cumplir los compromisos europeos en materia de descarbonización y eficiencia, los administradores de fincas piden la vuelta de las deducciones fiscales y la puesta en marcha de lo que califican como "un marco fiscal estable y estructural". 

Entre sus propuestas se encuentran, por ejemplo, que la aplicación de deducciones por rehabilitación energética en el IRPF tenga un carácter permanente, para evitar que dependan de prórrogas coyunturales; y que se amplíen lazos de ejecución y justificación de las obras vinculadas a los fondos europeos, "con el fin de evitar que comunidades que han cumplido con su compromiso inversor puedan quedarse sin ayudas o incentivos por cuestiones temporales", concreta el CGCAFE.

Además, propone bonificaciones en el rendimiento del capital inmobiliario vinculadas a la mejora de la certificación energética, bonificaciones en el IBI proporcionales al nivel energético alcanzado, tipos reducidos de IVA para obras de mejora energética y reducción de tasas de licencia. 

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