Las políticas públicas están agravando los problemas de acceso a la vivienda en España en lugar de solucionarlos. Esta es la principal conclusión de un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elaborado por Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), que señala a las restricciones para construir, comprar, vender y alquilar como los principales factores que explican la escasez residencial.
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El informe, titulado 'El problema de la vivienda: escasez y carestía por voluntad propia', sostiene que las decisiones políticas limitan la oferta y perjudican especialmente a quienes todavía buscan casa. En este sentido, el autor afirma que "los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda".
En el segmento de obra nueva, Arruñada apunta a las dificultades para desarrollar suelo urbanizable. Según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recogidas en el trabajo, urbanizar suelo requiere entre 10 y 15 años, aunque en algunos casos el proceso supera las dos décadas.
A estos plazos se suma la carga fiscal, que puede llegar a representar cerca de una cuarta parte del desembolso final de los compradores. Para el economista, tanto las trabas administrativas como la fiscalidad contribuyen a encarecer las viviendas y dificultan que la oferta responda a la demanda.
En el mercado de segunda mano, Fedea cuestiona que se graven mucho las transmisiones y relativamente poco la tenencia de los inmuebles. A su juicio, esta estructura fiscal penaliza la movilidad residencial y favorece que algunas viviendas permanezcan vacías o infrautilizadas. En este sentido, recuerda que la OCDE recomienda a España reducir progresivamente los impuestos sobre las transmisiones inmobiliarias.
Cuestiona los efectos de la regulación del alquiler
El informe también critica los límites a las rentas, las prórrogas obligatorias de los contratos y las dificultades para recuperar una vivienda. Según el economista, estas medidas protegen a los inquilinos que ya tienen contrato, pero pueden perjudicar a quienes buscan alquilar, al incentivar que algunos propietarios retiren sus inmuebles del mercado o seleccionen candidatos con mayor solvencia.
Como ejemplo, el trabajo recoge estimaciones sobre la regulación catalana de 2020 que apuntan a una reducción media de las rentas cercana al 5% y una caída de las nuevas contrataciones próxima al 10%.
También advierte de que los seguros de impago, aunque reducen el riesgo económico de los propietarios, pueden excluir a candidatos vulnerables por sus requisitos de solvencia.
Qué dice Fedea sobre el nuevo decreto de vivienda
El documento examina asimismo el Real Decreto-ley 29/2026, convalidado el pasado 12 de noviembre por la Diputación Permanente del Congreso. La norma contempla nuevas prórrogas de los contratos y límites a la actualización de las rentas hasta finales de 2027. Además, establece que, en determinados supuestos, la Administración debe ofrecer una alternativa habitacional o hacerse cargo de la deuda y las costas del inquilino si transcurren dos meses sin que se haya encontrado una solución.
Arruñada considera que esta medida recoge parcialmente el principio de financiar la asistencia social con recursos públicos, aunque advierte de que su eficacia dependerá de que los pagos sean suficientes, puntuales y exigibles.
El estudio también analiza el respaldo social a la regulación del mercado inmobiliario a partir de encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), 40dB y el CIS. Los resultados muestran que la posición residencial influye en las opiniones: en Cataluña, vivir de alquiler se asocia con 12 puntos porcentuales más de apoyo a regular los precios que residir en una vivienda propia ya pagada. Por el contrario, tener otra vivienda alquilada se relaciona con 19,8 puntos menos de respaldo.
Para el autor, algunas encuestas presentan la intervención pública como una garantía de acceso a la vivienda sin explicar sus posibles costes, lo que puede reforzar el apoyo a medidas cuyos efectos sobre la oferta no siempre se hacen visibles.
Cinco reformas para ampliar la oferta
Para revertir la escasez residencial, el informe plantea cinco líneas de actuación:
- Facilitar la construcción, ampliando los usos y las densidades permitidas, revisando las exigencias urbanísticas y limitando los vetos a las promociones.
- Reequilibrar la fiscalidad, reduciendo los impuestos sobre la construcción y las transmisiones inmobiliarias y compensando los menores ingresos con otras vías de financiación.
- Recuperar la seguridad jurídica y la libertad contractual, respetando los acuerdos entre propietarios e inquilinos y permitiendo pactar rentas y duración de los contratos.
- Separar las ayudas sociales del alquiler privado, financiando la protección de los hogares vulnerables con recursos públicos, sin trasladar esa responsabilidad a los propietarios.
- Mejorar la transparencia y la regulación territorial, comparando los resultados de las distintas políticas y haciendo visibles sus costes.
La principal dificultad para aplicar estos cambios, según Arruñada, es política. El economista considera que existe una contradicción entre reclamar viviendas asequibles y rechazar las medidas necesarias para facilitar su construcción, compraventa y alquiler.
El autor concluye el informe con una advertencia sobre el coste de mantener las actuales restricciones: "Mientras premiemos las restricciones y ocultemos sus costes, seguiremos eligiendo una vivienda escasa y cara".
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