Vivienda protegida

La vivienda protegida en España sigue sumando récords. Según el Ministerio de Vivienda, el valor tasado alcanzó en el primer trimestre del año los 1.222,3 euros/m2, el mayor importe de la serie histórica, aunque el promedio es superior en provincias como Madrid, Barcelona, Málaga, Girona, Sevilla o Santa Cruz de Tenerife. Los expertos consultados por idealista/news creen que la tendencia al alza no ha hecho más que empezar, entre otras cosas porque las CCAA están actualizando los módulos y porque la falta de mano de obra y los elevados costes de construcción llevan a las promotoras a establecer unos precios de venta cercanos al límite máximo legal. En su opinión, menos impuestos y trabas administrativas, más bonificaciones y una apuesta decidida por la construcción industrializada y la promoción pública ayudaría a contener el precio de la VPO.

El Ayuntamiento de Vitoria posibilitará la conversión de más de un millar de locales en futuras viviendas o vivienda-taller con el desarrollo y aplicación de la nueva ordenanza de vivienda en planta baja. Con el fin de evitar "tentaciones especulativas", los locales autorizados pasarán a ser vivienda protegida de manera permanente y solo se podrán destinar a residencia habitual. Las futuras transmisiones no solo tendrán un precio de venta limitado, sino que la Administración dispondrá del derecho de tanteo y retracto y los compradores deberán estar inscritos en el servicio de vivienda vasco (Etxebide).

El informe anual del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) correspondiente a 2025 también muestra un importante crecimiento de la construcción, que se pone de manifiesto por el número de viviendas iniciadas que alcanzó en el año pasado la cifra de 137.330 hogares, lo que constituye el mayor dato de los últimos 16 años. La proporción de hipotecas en relación al número de operaciones de compraventa escrituradas se situó en el año 2025 en 66,6 %, más de 7 puntos por encima del porcentaje registrado el año anterior (59,5 %)

La actuación, de carácter residencial, se concibe para ampliar la oferta asequible en Cangas de Morrazo, un municipio del área de influencia de Vigo, donde la demanda, reconocen desde el propio organismo, es elevada. Esta actuación forma parte de la Estrategia Gallega de Suelo Residencial que tiene en marcha el Ejecutivo gallego con el objetivo de desarrollar suelo en el que facilitar la construcción de 25.000 viviendas en Galicia, 20.000 protegidas y 5.000 libres.

Entra en vigor en la Comunidad de Madrid la Ley 2/2026, una normativa que busca acelerar la construcción de viviendas protegidas y extender los cambios de uso para impulsar la oferta residencial en la región y que fue aprobada el pasado 4 de junio en la Asamblea de Madrid. Entre sus principales novedades está impulsar 18.000 nuevas viviendas protegidas en la región, ampliar hasta un 30% la edificabilidad y un 20% la densidad en determinados desarrollos residenciales, prorrogar dos años los cambios de uso de oficinas a viviendas, fomentar la transformación de otros inmuebles como hoteles y reducir los plazos de construcción a través de una simplifcación administrativa.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado definitivamente los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con los votos a favor de todas las CCAA en la Conferencia Sectorial celebrada este 11 de junio, de los que 800 millones se transferirán este año. Las CCAA que recibirán más fondos en los próximos años son Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña, las únicas que superarán los 1.000 millones. El Plan busca fomentar la construcción de viviendas, impulsar la rehabilitación del parque insistente y blindar la vivienda protegida con carácter permanente.

El número de calificaciones definitivas de vivienda protegida aumentó un 74,5% en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar las 5.215 unidades. Asimismo, entre enero y marzo se iniciaron 4.048 viviendas protegidas, la cifra más alta de los últimos 14 años y que supone un incremento del 24% respecto a 2025, según se desprende de la estadística de 'Vivienda libre y vivienda protegida' del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado la puesta en marcha del nuevo Plan de Vivienda 2026-2030, que contempla la construcción de 1.024 viviendas de protección oficial durante los próximos cinco años. La inversión total prevista asciende a 135 millones de euros, que se financiarán a través de un modelo mixto público-privado. El 15% (20,25 millones) procederá de fondos propios del Gobierno autonómico, el 20% (27 millones) de la iniciativa privada, el 40% (54 millones) de crédito bancario y el 25% (33,75 millones) restante llegará a través del Estado mediante un nuevo convenio.

Jorge Ginés, director general de Asprima, recuerda que una discusión bizantina es "un debate inútil, interminable y excesivamente sutil sobre detalles triviales o teóricos sin aplicación práctica. Se caracteriza por enredar a los participantes en argumentos estériles, ignorando problemas urgentes y reales". Y asegura que se pasa la vida escuchando discusiones bizantinas en vivienda. Pone de ejemplo conversaciones con ayuntamientos que desconocen sus propias normas o que no apuestan por levantar vivienda nueva ante la emergencia habitacional existente por riesgo a que los nuevos vecinos no les voten.

La Asamblea de Madrid ha dado el visto bueno definitivo al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, una normativa que aprobó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en abril. Entre las claves de esta normativa está impulsar 18.000 nuevas viviendas protegidas, ampliar hasta un 30% la edificabilidad y un 20% la densidad en determinados desarrollos residenciales, prorrogar dos años los cambios de uso de oficinas a viviendas, fomentar la transformación de otros inmuebles como hoteles y reducir los plazos de construcción a través de una simplifcación administrativa.

Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para conformar el Gobierno de Castilla y León e investir a Alfonso Fernández Mañueco como nuevo presidente autonómico. El pacto incluye varios compromisos en materia de vivienda y uno de los más sonados son las nuevas exigencias para acceder a una vivienda protegida: todo el que quiera comprar una VPO deberá contar con, al menos, 10 años de empadronamiento en la región, mientras que esa cifra se reduce a cinco años si es alquiler asequible. Esto ha sido reivindicado por los de Abascal como 'prioridad nacional', mientras que el bando de Feijóo lo ha catalogado como 'arraigo territorial'.

El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para modificar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y que se eleve de tres a cinco años el empadronamiento mínimo exigido para poder optar a un piso protegido en la región. Medida que ya ha instaurado el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso y que también ha propuesto Junts en Cataluña. No obstante, han asegurado que mantendrían los tres años hasta ahora exigidos para aquellos que dispongan de una vinculación laboral y residencia en Euskadi.

Tras casi tres décadas de trámites, el Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha dado luz verde a la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal en el sector Ramblasque, un residencial que levantará 2.300 nuevas viviendas, de las cuales 900 serán protegidas. Este nuevo proyecto, que ha contado con el voto favorable del PP, PSOE y Vox, supone el cambio de uso de residencial unifamiliar a residencial colectivo, ya que en un principio había previsto construir 275 chalets en las 45 hectáreas de las que dispone el terreno.

El PNV y Junts se han desmarcado de una propuesta del PSOE para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Tanto el PNV como Junts rechazan esta proposición no de ley por impulsar mecanismos de supervisión y control en las comunidades autónomas.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido durante la inauguración de una promoción de 110 pisos de alquiler asequible en Calafell (Tarragona) la implicación de "más grupos empresariales" y más grupos de construcción en el desarrollo de promociones de vivienda protegida junto a la Administración de la Generalitat y de los ayuntamientos. Para Illa, es necesario que más empresas del sector trabajen "conjuntamente con la administración" para poder facilitar el acceso a la vivienda con alquileres asequibles que, en su opinión, es una de las cosas "más transformadoras que hay".

El debate sobre el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales vuelve a tensionar el escenario político catalán. En pleno aumento de los flujos migratorios y con Cataluña superando ya los ocho millones de habitantes, Junts per Catalunya ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca endurecer los requisitos de acceso a los llamados “derechos de alta intensidad”, entre ellos, la vivienda protegida. La formación liderada por Carles Puigdemont trabaja desde hace meses en el denominado Plan 8 millones, una estrategia que pretende ordenar el crecimiento demográfico y redefinir el acceso a los servicios públicos en función del grado de arraigo de la población. El documento, aún en fase de revisión, establece diferentes escalones de acceso a derechos sociales para los extranjeros que llegan a Cataluña.

El consultor inmobiliario asegura que la crisis de vivienda que atraviesa España tiene a la escasa construcción de la vivienda social como telón de fondo. Aunque el debate se esté centrando últimamente en el mercado del alquiler y en la polémica que ha levantado los efectos de la caída de la prórroga extraordinaria de dos años de los contratos de arrendamiento y el tope del 2% a la actualización de las rentas, Molet asegura que la falta estructural de viviendas públicas es el embrión de la situación actual. En su opinión, es necesario un Pacto de Estado que ponga el foco en construir más y avisa: "Sin oferta, no hay solución posible”.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, que permitirá construir 18.000 nuevos hogares, reduciendo además los plazos de construcción con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda asequible a jóvenes y familias. Esta iniciativa aumentará la oferta de vivienda protegida y adecuará el ritmo de edificación a la demanda actual a través de medidas como la creación de incentivos para incrementar la capacidad sin consumir nuevo suelo, ampliando hasta un 30% la densidad y en un 20% la edificación.

La Xunta de Galicia ha elevado hasta cuatro veces el IPREM el límite de ingresos para acceder a una vivienda pública, o hasta 4,5 veces en el caso de las familias numerosas. La medida amplía el umbral hasta más de 3.500 euros brutos mensuales y busca facilitar el acceso a más hogares. Galicia se suma así a otras comunidades como Madrid, que recientemente aumentó el tope hasta 5,5 veces el IPREM en vivienda básica y 7,5 en la de precio limitado. Además, el Gobierno gallego ha anunciado que reservará el 30% de las promociones protegidas a personas de entre 36 y 45 años con hijos .

La Comunidad de Madrid está marcando el paso de la construcción de nuevas viviendas protegidas en España y también se desmarca de otras CCAA al destinar la mayoría de los proyectos al régimen de alquiler. En el encuentro Precios de Vivienda 2026, Maria José Piccio-Marchetti, directora general de vivienda y rehabilitación regional, aseguró que el 60% de las calificaciones provisionales de VPO van destinadas al arrendamiento, frente al 45% de Andalucía o al 20% en la Comunidad Valenciana. En lo que sí coinciden las principales comunidades gobernadas por el PP es en señalar que el alquiler con opción a compra es residual. "Ahora mismo no existen nuevas promociones de VPO bajo esa fórmula", según Piccio-Marchetti.

Urbanitae, plataforma española de inversión inmobiliaria, ha aportado financiación para la construcción de más de 1.400 viviendas activadas con algún tipo de protección, lo que supone más del 17% del total de las viviendas financiadas desde sus inicios. Desde la compañía han asegurado que este volumen representa una "contribución significativa" dentro del segmento de vivienda protegida promovida con apoyo de financiación alternativa en España. Con respecto a las comunidades autónomas, más de la mitad de estas viviendas se concentran en Andalucía (54%), seguida de la Comunidad de Madrid (28%), Aragón (16%) y País Vasco (2%).

¿Se puede vender una Vivienda de Protección Oficial por encima del precio máximo legal? Y, si se hace, ¿queda el contrato automáticamente anulado? El Tribunal Supremo ha zanjado el debate en una sentencia donde señala que pactar un sobreprecio en la compraventa de una VPO no determina la nulidad civil del contrato, aunque puede generar responsabilidades en el ámbito administrativo.

Cuando estalló la burbuja inmobiliaria era común encontrarse grandes colas para acceder a una cooperativa de viviendas, ante los elevados precios de las viviendas de promotores, con lo que eran un refugio para gente que quería acceder a una vivienda a precios más asequibles. Con el paso de los años estas listas de espera desaparecieron ante el exceso de oferta. Sin embargo, el panorama actual ha cambiado y las colas son de jóvenes desesperados por acceder a una VPO. Esto ha ocurrido en Alzira (Valencia), donde cientos de jóvenes han hecho noche a la intemperie con el objetivo de ser uno de los afortunados que acceda a una de las 123 viviendas protegidas que se ofertan.

El fundador y presidente de Metropolitan House, Rafael Angulo, ha defendido ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados que la vivienda debe ser "el quinto pilar del bienestar" y ha reclamado menos burocracia, menor carga fiscal y más suelo público para impulsar y aumentar la oferta de vivienda protegida para jóvenes y familias. Según los datos expuestos por Angulo, en España se construyen actualmente apenas 100.000 viviendas al año, mientras que los nuevos hogares se acercan a los 200.000 anuales.

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la modificación del Plan Municipal de la ciudad para llevar a cabo el proyecto Donapea, un nuevo barrio al sur de la ciudad donde se levantarán unas 5.000 viviendas, de las cuales, la mitad contarán con algún tipo de protección. El Consistorio ya ha dado luz verde a uno de los desarrollos residenciales más esperados de la ciudad. Sin embargo, tendrá que ser el Gobierno de Navarra quien apruebe de forma definitiva este proyecto, cuyo trámite se espera que comience a finales de este mismo mes, con el objetivo de comenzar las obras en 2028.