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Barcelona / dronepicr, CC BY 2.0 Wikimedia commons

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales y urbanísticos en Cataluña, especialmente en el entorno metropolitano de Barcelona, donde la presión sobre el mercado residencial es más intensa. En los últimos años, el encarecimiento de los precios ha superado la capacidad económica de muchas familias, dificultando el acceso a un hogar digno. Para hacer frente a esta situación, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tiene previsto promover la construcción de 6.000 viviendas protegidas, tanto en régimen de alquiler como de compra, durante los próximos cinco años. Estas se sumarán al plan anunciado por el Govern de Salvador Illa para levantar 50.000 viviendas hasta 2030.

Ramon Torra, gerente del AMB, ha señalado que actualmente cuentan con suelos disponibles en distintos municipios para alcanzar este objetivo, aunque ha añadido que la cifra podría ampliarse si aumentan las ayudas disponibles. Así lo ha expresado durante la jornada 'Polítiques d’habitatge a l’àrea metropolitana de Barcelona', celebrada este jueves en Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

De este modo, si a las 6.000 nuevas viviendas se suman los 5.000 pisos públicos construidos entre 2019 y 2025, el AMB habrá impulsado unas 11.000 viviendas protegidas en una década, según han explicado fuentes de la institución.

Torra ha remarcado que se están utilizando "todos los instrumentos" a disposición del AMB para garantizar que esta producción se mantenga en el tiempo. También ha explicado que se trabaja en paralelo en la generación de nuevo suelo para que, en 2030, haya "proyectos y edificios en marcha que superen los volúmenes actuales".

Para llevar a cabo estas promociones, se están empleando tres herramientas principales: el Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Promocional (IMPSOL), el operador Habitatge Metròpolis Barcelona (una sociedad mixta formada por el AMB, el Ayuntamiento de Barcelona y Nicrent Cevasa) y el Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Impulso a la colaboración público-privada

En el encuentro participaron el presidente de la Generalitat; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón; y el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio, Anselmo Menéndez.

Collboni subrayó durante su intervención que “la crisis del acceso a la vivienda requiere una respuesta coordinada a nivel europeo, estatal, autonómico, metropolitano y municipal”. Destacó también iniciativas como ‘Mayors for Housing’, desde la cual, según explicó, se están promoviendo mecanismos para que ciudades y regiones puedan acceder directamente a fondos destinados a la creación de vivienda.

Por su parte, Balmón insistió en la necesidad de reforzar la colaboración entre sectores públicos, privados y sociales para combatir la emergencia habitacional. “No contamos con suficiente capacidad pública para resolver este problema por nosotros solos. Hace falta tejer alianzas entre todos los actores implicados para revertir una década de inacción en políticas de vivienda”, declaró.

Durante la jornada también se mencionó el protocolo firmado en 2020 entre el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), la Generalitat y el AMB, con el objetivo de impulsar la promoción de alquiler asequible en el área metropolitana. En el marco de ese acuerdo se previó la construcción de 1.206 viviendas en cuatro años.

Este convenio ha sido prorrogado hasta 2025 para añadir 242 viviendas más de protección oficial. Además, Menéndez confirmó que se está preparando un nuevo protocolo con vistas al periodo 2026-2030 para seguir fomentando la vivienda asequible en régimen de alquiler. En cuanto a la rehabilitación del parque residencial existente, los fondos europeos Next Generation han permitido mejorar 6.809 viviendas entre 2022 y 2025.