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La ue obliga a España a permitir que los afectados por una ejecución hipotecaria puedan recurrirla

Autor: Redacción

El tribunal de justicia de la unión europea (tjue) ha emitido un fallo que mantiene que los afectados por una ejecución hipotecaria que no estén conformes con una resolución podrán recurrirla. Aunque parezca algo obvio, lo cierto es que la reforma de la ley de enjuiciamiento civil recoge que solo los bancos pueden presentar un recurso contra una resolución judicial, a excepción de algunos casos

La sentencia del tribunal europeo viene motivada por una cuestión prejudicial planteada a Bruselas por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón el pasado 2 de abril por un caso de ejecución hipotecaria. La Audiencia de Castellón preguntó por la redacción del artículo 695 de la ley de enjuiciamiento civil, del que destacó lo que consideró una contradicción

Tal y como recoge este artículo, “Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación”. Y añade: “Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno”

La Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios - más conocida como Ley antidesahucios -, amplió los casos en que el deudor puede oponerse a la ejecución iniciada por el acreedor  al  introducir la posibilidad de que éstos aleguen la existencia de cláusulas abusivas durante ese proceso

Carmen Giménez, abogado titular de g&g abogados, señala a idealista news que esta última sentencia del tjue  reconoce que el nuevo procedimiento hipotecario regulado en la Ley 1/2013 “disminuye la efectividad de la protección al consumidor, al establecerse, entre otras cuestiones, que solamente podrá recurrir el auto la entidad financiera si se estima la oposición del deudor hipotecario por abusividad en sus claúsulas. Si no se estimara y continuara el procedimiento hipotecario adelante, el deudor hipotecario no tiene la posibilidad de recurrir”

Giménez insiste en que esta situación es una “clarísima desigualdad de armas procesales”

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