El defensor del pueblo investiga la posible responsabilidad del ministerio de economía y el banco de España en la presunta estafa cometida por la inmobiliaria comercializadora peninsular de viviendas (cpv) a 1.200 familias. Para ello, ha abierto una doble queja contra ambos organismos. En el caso de la dirección general de seguros del ministerio de economía, por no haber procedido a ninguna actuación tendente a regularizar la invalidez del aval de las cantidades que estaban siendo entregadas por la promotora a los compradores y la ausencia de autorización de la entidad aseguradora (Europa cauzioni) para operar en España. En el caso del banco de España, se investiga la posible responsabilidad de este organismo en cuanto a los movimientos y desvíos de los fondos adelantados por los 1.200 compradores de las cuentas especiales abiertas en distintas entidades financieras a cuentas paralelas para obviar las exigencias legales de protección de los mismos mientras, el director general de cpv, Francisco García moreno y los tres administradores de la promotora que estaban en la prisión de Soto del Real desde el pasado 6 de noviembre, fueron puestos en libertad sin fianza el 20 de noviembre. Los cuatro están acusados de una presunta estafa inmobiliaria a 1.200 familias que adelantaron una media de 18.000 euros para la compra de una vivienda en uno de los tres nuevos barrios del norte de la capital los abogados que defienden a las familias presuntamente estafadas mostraron su indignación y anunciaron un recurso contra la libertad de los acusados. Mientras los afectados exigen el reingreso en la cárcel de los cuatro ex responsables de la promotora, Manuel muñiz bernuy, el letrado de los acusados afirmó que sus clientes tendrán que presentarse periódicamente ante la juez y explicó que "la resolución de dejarlos en libertad condicional sin fianza se debe a que no tienen dinero para pagarla, ya que todas sus cuentas han sido bloqueadas"
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