El Senado aprobó ayer un cambio normativo que permite que los dueños de inmuebles contra los que pese una orden judicial de demolición por construcción ilegal sean indemnizados antes de que se produzca el derribo.
Los vecinos de una urbanización de alcanar, en la comarca litoral de montsia (Cataluña), esperan la llegada de las palas para derruir sus viviendas construidas de forma ilegal o la llegada de un indulto.
El ministerio de fomento ha preparado un documento en el que plantea cambios en la ley del suelo para evitar la demolición de miles de viviendas ilegales siempre que estén ocupadas por un comprador de buena fe.
La junta de Andalucía tiene previsto aprobar hoy un decreto por el que se abre la puerta a la regularización de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en la región.
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