Este sábado, 3 de octubre, entra en vigor oficlamente la Ley 8/2026 de la erradicación de amianto en Cataluña. Una normativa con gran impacto en el mercado inmobiliario catalán, ya que obliga a contar con un certificado sobre si una vivienda tiene o no amianto para poder venderla o alquilarla si se construyó antes de 2002. A la espera de que la Generalitat desarrolle el reglamento, para lo que tiene un año de plazo, se ha puesto a disposición de los ciudadanos un modelo básico de certificado que deben emitir arquiectos e ingenieros. Los notarios avisan que la ausencia de este documento "supone el incumplimiento del deber" de los propietarios y puede acarrear sanciones administrativas de hasta 3.000 euros, así como producir el cierre registral.