Castilla y León presenta alegaciones al decreto de centros de datos por temor a que frene inversiones

Las consejerías de Medio Ambiente y Energía y de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Castilla y León han presentado alegaciones al borrador de Real Decreto del Gobierno para regular de forma más estricta los centros de datos al considerar que la norma, tal y como está planteada, "frena inversiones futuras" en la comunidad y pone en riesgo proyectos ya en marcha.

Sigue a idealista/news en el canal de Whatsapp

Asimismo, ambas consejerías consideran que puede perjudicar a centros públicos, científicos y de investigación, por lo que en las alegaciones formuladas se piden normas regulatorias "equilibradas y coherentes", ya que las condiciones planteadas son "inasumibles" e impiden en la práctica la instalación de nuevos centros o ponen en peligro proyectos que ya han invertido.

Uno de los principales problemas que plantea el proyecto es que obliga a los centros a cubrir el 80% de su consumo eléctrico con determinadas fuentes renovables y, además, a demostrar ese porcentaje hora a hora.

Esto resulta "especialmente difícil" para instalaciones que necesitan funcionar de forma continua, mientras que la producción solar y eólica no es constante durante todo el día, aseguran desde el Gobierno regional, que consideran además que debe permitirse utilizar también otras soluciones, como el almacenamiento de energía o la gestión flexible del consumo.

Asimismo, la Junta rechaza que estas nuevas exigencias puedan aplicarse a proyectos que ya están en marcha y no ve "razonable cambiar las reglas" cuando una empresa o una administración ya ha comprado terrenos, realizado inversiones, obtenido permisos o puesto en marcha una actuación.

Otro de los puntos especialmente cuestionados son las penalizaciones previstas, que pueden llegar hasta el 500%, además de que la Junta cree que una norma "excesivamente restrictiva" puede hacer que las inversiones se vayan a otros países que ofrecen condiciones más competitivas.

Esto supondría perder oportunidades para Castilla y León en sectores como la inteligencia artificial, la supercomputación, los servicios digitales, la innovación y el empleo cualificado cuando el objetivo debe ser conseguir centros de datos "sostenibles", pero también hacer posible que se construyan y generen actividad y empleo en la Comunidad, especialmente en el medio rural.

Igualmente, la Junta considera especialmente importante que el proyecto de Real Decreto distinga entre los grandes centros de datos comerciales y las infraestructuras públicas dedicadas a la investigación y al conocimiento.

Es el caso de Scayle, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, una infraestructura pública que presta servicio a universidades, empresas y administraciones y que trabaja en ámbitos como la investigación, la inteligencia artificial y la innovación.

Al respecto, Castilla y León considera que no "tiene sentido" aplicar exactamente las mismas reglas a un centro científico-público que a un gran centro de datos comercial, porque su finalidad y su forma de funcionar son diferentes.