Pesadilla al comprar piso con subvención: no le pagan la ayuda y su primer inquilino lo convirtió en un prostíbulo

En 2010, ángel González y su mujer andaban buscando una plaza extra de parking. No eran capaces de encontrar ninguna, nadie se la quería vender suelta. Cuando ya habían perdido casi la esperanza dieron con una buena oportunidad en la misma urbanización en la que residían: un piso de 90 m2 y su correspondiente plaza de garaje estaban a punto de salir a subastaba por separado después de que su propietaria no pudiese hacer frente a la hipoteca

“Lo vi por casualidad y me presenté el día fijado para pujar por el aparcamiento, pero se suspendió”, explica ángel, que trabaja como funcionario de prisiones en Las Palmas de Gran Canaria, a idealista news. Al final, la subasta se celebró dos meses después, “pero sólo se anunció en el tablón del juzgado y al final el banco se lo quedó todo”

La entidad también se negó a vender la plaza de garaje por separado. Sin embargo, animados por una subvención al instituto canario de la vivienda, que les ofrecía 3.000 euros por arrendar la casa a través de su bolsa de alquiler, ángel y su esposa se lanzaron a la compra del apartamento con derecho a aparcamiento, que en realidad era lo único que les interesaba

En diciembre de 2010 adquirieron el piso al bbva con una hipoteca por el 100% del valor de tasación, unos 124.000 euros, a pesar de que se trataba de un bien subastado. “Nos quedamos la plaza de garaje y enseguida lo pusimos en alquiler”, apunta ángel

A los pocos días les llamó un chico joven. Tenía buena apariencia y parecía de fiar. Les dijo que era empleado del ayuntamiento de un pequeño municipio canario y le pusieron en contacto con la bolsa de vivienda joven y vacía del gobierno de Canarias, que era quien debía autorizar y asegurar el alquiler

“Nos llamaron enseguida y nos contaron que con el sueldo de esta persona el seguro de impagos nos cubría si le cobrábamos un alquiler de 485 euros”, así que se decidieron a firmar el contrato

Una casa de citas

En ese momento es cuando realmente comenzaron los problemas para ángel y su familia. A los pocos días el portero de la finca les advirtió de que vivían unas chicas jóvenes en el piso. “Pensábamos que estaba alquilando habitaciones a estudiantes”, recuerda. Aunque el contrato no permitía realquilar habitaciones, como el inquilino estaba al día de pago decidieron no denunciarlo para evitar conflictos

Sin embargo, la cosa fue a más. Incluso el portero bromeaba con el trasiego de jóvenes que había en el piso: “me decía ‘este tío debe ser un portento porque cada día va con una mujer distinta’”, recuerda aún con sorna el casero

La realidad era muy distinta, el primer inquilino había convertido su piso en una exitosa casa de citas. Durante 14 meses el apartamento alquilado con el beneplácito del gobierno de Canarias fue un prostíbulo. De hecho, aún hoy algún que otro cliente despistado sigue llamando al telefonillo, incomodando a los actuales inquilinos

Ángel asegura que de haber sabido a qué dedicaban el apartamento “habríamos resuelto el contrato”. Según asegura el funcionario “no es que tenga nada en contra de las personas que se quieran prostituir voluntariamente, pero no les facilitaré nunca una propiedad mía para que lo hagan. Además, un piso que ha sido una casa de citas es mucho más difícil de alquilar porque nadie quiere vivir en un prostíbulo”

Una subvención que nunca llega

Paralelamente, ángel y su esposa solicitaron la prometida ayuda del gobierno de Canarias. El 29 de marzo de 2011, apenas un mes después de haber alquilado la casa, entregaron la documentación al instituto canario de la vivienda. La subvención para el fomento de viviendas de alquiler protegido estaba prevista en el decreto autonómico 135/2009 y contaba con un presupuesto para 2011 de 28,3 millones de euros

Durante meses no hubo respuesta alguna. El matrimonio recibió por fin noticias el 3 de mayo de 2013, y no fueron buenas. “Más de dos años después nos contestaron que el dinero se había acabado y que ese tipo de subvención se eliminó en el decreto 77/2012”, explica visiblemente molesto ángel, que se queja de que “las subvenciones se anuncian con gran publicidad y su retirada la pierden en medio de un decreto” 

En la carta, el servicio de promoción privada del gobierno de Canarias justificaba la no concesión de la ayuda en que “la existencia de un elevado número de solicitudes provoca que con fecha 30 de septiembre de 2011 se dicte la última resolución con cobertura presupuestaria”

Ante la injusticia, ángel y su esposa deciden acudir al defensor del pueblo en busca de amparo. La entidad les escuchó y ha pedido a las autoridades insulares que expliquen por qué una solicitud formulada el 29 de marzo de 2011, cuando todavía había presupuesto, tardó seis meses en tramitarse

Además, el defensor del pueblo ve ciertas irregularidades en el hecho de que instituto canario de la vivienda justifique que el presupuesto se terminó en 2011, cuando en los presupuestos generales de la comunidad para 2012 aparece una partida de 18,9 millones de euros destinada a ese programa

“Cuando dábamos la subvención por perdida hemos recibido el escrito del defensor del pueblo, que nos ha dado una mínima esperanza”, asegura ángel tiene ahora renovadas ganas de luchar no sólo por sus 3.000 euros sino, sobre todo, “contra la hipocresía de la clase política”