El comercio que quiere abrir sus puertas en Barcelona se encuentra con un obstáculo que poco tiene que ver con el mercado o la competencia: la burocracia municipal. Conseguir una licencia de obras puede alargarse hasta 340 días de media, casi un año, un plazo que asfixia a emprendedores y comerciantes que deben pagar alquileres durante meses sin poder levantar la persiana. En una ciudad que presume de dinamismo económico, el retraso administrativo se ha convertido en una barrera silenciosa que frena inversiones, pone en riesgo nuevos proyectos y amenaza con vaciar de actividad muchos locales comerciales.
Según una respuesta escrita del gobierno municipal al grupo del PP en el Ayuntamiento, el tiempo medio para tramitar licencias vinculadas al comercio alcanza los 11 meses y cinco días. En el caso del residencial, la espera tampoco es corta: la tramitación mínima ronda los nueve meses.
El presidente del PP en el consistorio, Daniel Sirera, considera que estas dilaciones están “totalmente fuera de lugar”. A su juicio, la lentitud administrativa está teniendo consecuencias directas sobre la economía de la ciudad. “Los retrasos en la tramitación de licencias encarecen la vivienda, frenan la rehabilitación y asfixian a comerciantes y emprendedores”, advierte. “Una ciudad que aspira a ser dinámica y competitiva no puede permitirse una burocracia que paraliza la inversión y perjudica directamente a sus vecinos”.
La preocupación también se extiende entre las asociaciones que representan al comercio urbano. Pròsper Puig, presidente de Barcelona Comerç, califica la situación de “inaceptable” y alerta de que los plazos actuales hacen prácticamente inviable la apertura de nuevos negocios. “Un nuevo establecimiento normalmente negocia una carencia de un máximo de tres meses, tal como prevé la ley”, explica. El problema es que, cuando los permisos tardan casi un año en llegar, ese margen se agota rápidamente y el comerciante se ve obligado a pagar el alquiler sin poder operar.
Esto provoca que muchos proyectos arranquen en una situación financiera muy delicada. “Se empieza descapitalizado”, resume Puig. Según explica, hay casos de negocios que ni siquiera llegan a abrir sus puertas o que tardan mucho en alcanzar el umbral de rentabilidad. La presión es aún mayor si se tiene en cuenta el incremento del precio de los locales comerciales. “Un negocio que ha tenido que trasladarse pagaba 3.500 euros al mes. ¿Sabe qué es multiplicar ese importe por todos los meses en los que no se puede abrir?”, se pregunta.
Desde Barcelona Oberta, que agrupa a buena parte de los ejes comerciales de las zonas más céntricas de la ciudad, también alertan del impacto de la burocracia. Su directora general, Elvira Garcia, explica que en distritos como el Eixample o Ciutat Vella el proceso se complica todavía más porque muchos locales están ubicados en edificios catalogados o considerados emblemáticos. En estos casos es necesario un informe adicional del área de Patrimonio, lo que alarga todavía más los plazos.
“Tenemos detectados casos donde se ha tardado más de dos años en completar unos trámites que deberían hacerse en tres meses”, afirma Garcia. A su juicio, esta lentitud administrativa desincentiva las inversiones, especialmente por parte de grandes cadenas comerciales interesadas en instalarse en las zonas más céntricas de Barcelona.
Los comerciantes también señalan la diferencia con otras grandes ciudades españolas. Mientras en Barcelona el proceso puede alargarse casi un año, en lugares como Madrid basta en muchos casos con presentar una declaración responsable, un mecanismo que permite iniciar la actividad mientras se revisa la documentación.
Desde el Ayuntamiento señalan que actualmente hay 95 profesionales dedicados a la tramitación de licencias, aunque también desempeñan otras funciones. El gobierno municipal subraya además que el plazo medio incluye no solo el tiempo de revisión por parte de los técnicos municipales, sino también los periodos en los que los técnicos privados deben subsanar deficiencias en los expedientes o esperar informes de otras administraciones.
Aun así, tanto el PP como las asociaciones comerciales consideran que la situación evidencia un sistema colapsado y reclaman al consistorio más recursos para agilizar los procedimientos. Para el comercio de proximidad, advierten, cada mes de espera puede marcar la diferencia entre abrir un negocio viable o quedarse por el camino antes incluso de levantar la persiana.
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