Los bancos españoles tienen que hacer frente a un nuevo contratiempo: la nueva ley del suelo que entró en vigor en julio. Los actuales criterios de valoración rebajan el precio de los terrenos adquiridos por constructoras, lo que se trasladará a la cuenta de las financieras que otorgaron los créditos para realizar las operaciones. La situación ha provocado una acumulación de stock de terreno que apenas cuenta con salida en el mercado. Los auditores ya han advertido que varias entidades tendrán que hacer provisiones por el riesgo de dudoso cobro de esos préstamos
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