Por fin ha acabado el culebrón del aeropuerto de Ciudad Real. El pasado viernes, Carmelo Ordóñez, el juez de lo Mercantil de Ciudad Real que lleva el caso, comunicó la adjudicación definitiva del aeródromo conocido como Aeropuerto Don Quijote a la firma CR International Airport.
La compañía se ha impuesto a los demás candidatos que acudieron a la subasta y se ha quedado con esta polémica infraestructura por 56,2 millones de euros… Un precio hasta ocho veces inferior al que costó construirlo.
El proyecto, que se inició en 2004 y se inauguró en 2008, ha tenido un coste de construcción directa de unos 450 millones de euros, aunque si tomamos como referencia todo el proyecto (las expropiaciones de terrenos, las subvenciones a las aerolíneas y el coste de mantenerlo abierto cuatro años), la inversión podría superar los 1.000 millones de euros. Ha sido, según recuerda el diario El País, un desastre financiero.
Recordemos que, desde el principio, el proyecto fue impulsado por las autoridades autonómicas (primero por el Gobierno de José Bono y después por el de su sucesor, José María Barreda, ambos del PSOE) y contó con la financiación al 100% de la Caja Castilla-La Mancha (CCM), controlada entonces por el Gobierno manchego.
La entidad, según el Banco de España, tuvo que asumir un riesgo crediticio de casi 340 millones de euros, seis veces más que lo que finalmente ha pagado CR International Airport por la infraestructura.
El aeropuerto, que lleva cuatro años cerrado por no tener actividad que le hiciera rentable, acaba así con un largo proceso judicial en el que se han realizado otros procesos de subastas.
El último de ellos fue el pasado verano, cuando fue adjudicado por 10.000 euros a una empresa china llamada Tzaneeen International, que aprovechó la ocasión después de que la semana anterior la subasta quedara vacía. No obstante, el juez lo declaró nulo a principios de año al considerar que se había modificado el plan, separando el aeropuerto en dos y planteando la subasta por separado de algunos terrenos sin consultar a los acreedores.
En esta ocasión, sin embargo, Ordóñez considera que el proyecto es serio y se muestra convencido de que sus planes generarán empleo e inversión.
Pero lo cierto es que, como recuerda Gurusblog, poco se sabe del comprador. Es una sociedad limitada cuyo objeto social es "el alquiler de vehículos con o sin conductor, el asesoramiento económico y contable y la gestión de infraestructuras modales de transporte aéreo y marítimo". No tiene empleados, ni ha registrado ingresos en los últimos años. Su único accionista y administrador es Eduardo Martínez Pérez y su sede social se sitúa en la madrileña calle José Abascal.
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1 Comentarios:
el PSOE pagó 998 MILLONES DE EUROS POR SU CONSTRUCCIÓN.
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