El calendario electoral autonómico ha finalizado, y tal y como han hecho en Extremadura y Aragón -y se predisponen a hacer en Andalucía-, Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para conformar el Gobierno de Castilla y León y volver a investir a Alfonso Fernández Mañueco como nuevo presidente autonómico.
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Este pacto ha traído una serie de medidas en materia de vivienda, donde prima la ‘prioridad nacional’ que ha reivindicado Vox durante la campaña y que los populares han denominado ‘arraigo’.
Uno de los puntos más destacados son las exigencias para acceder a una vivienda protegida: los candidatos para comprar un VPO deberán contar con 10 años de empadronamiento en la región como mínimo, mientras que esa cifra desciende a cinco años si la propiedad es de alquiler.
Asimismo, estarán excluidos de estas posibles adjudicaciones aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años.
Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas una resolución administrativa recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación firme que ordene la sin título de otra vivienda de titularidad, especifica el documento firmado entre ambas instituciones.
También se reforzarán los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencien la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio.
“El objetivo es garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social y permitir el retorno de miles de castellano y leoneses forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda”, han recalcado.
También se valorará, a efectos de criterios de baremación, los jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, con dependientes a cargo o personas con discapacidad.
Más medidas en materia de vivienda
Este nuevo acuerdo incluye más medidas que deberán cumplir ambos partidos durante la legislatura:
- Incrementar un 80% la inversión en políticas de vivienda.
- Aumentar las ayudas y bonificaciones fiscales hasta los 40 años.
- Ampliar los avales del programa ‘Mi primera vivienda’ hasta el 20% frente al 17,5% actual, con el objetivo de alcanzar el 100% del préstamo hipotecario.
- Descontar 30.000 euros a los jóvenes que adquieran una vivienda en el entorno rural.
- Ayudas de hasta el 50% del alquiler a jóvenes y medio rural.
- Creación de una bolsa de suelo pública.
- Creación de una unidad aceleradora de proyectos para viviendas de protección oficial
- Construir, al menos, 5.000 VPO en la legislatura.
Con este nuevo condicionante -que Vox califica de 'prioridad nacional' y el PP de 'arraigo'-, una nueva comunidad se suma a la incorporación de estas exigencias para poder acceder a las viviendas protegidas, tras Madrid, País Vasco y Cataluña.
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