Bufete de abogados

El despacho de abogados AF Legis arremete contra la medida en vivienda que analiza la Generalitat de Cataluña: prohibir o limitar la compra de viviendas que no sean la residencia habitual del adquiriente. Según Arantxa Goenaga, una de las socias del bufete, adquirir un inmueble con intención de obtener un beneficio económico "es una práctica legítima y totalmente amparada por la ley" y su potencial restricción vulnera principios constitucionales como el derecho a la propiedad. En su opinión, la puesta en marcha de tal iniciativa "sería una fuente de inseguridad jurídica" y "podría bloquear por completo el mercado inmobiliario" de Cataluña.

Arriaga Asociados y el fondo británico Pemberton han formalizado el principio de acuerdo anunciado en enero para la devolución del crédito pendiente, valorado en unos 35 millones de euros. El pacto definitivo implicará una "inminente salida" del concurso de acreedores voluntario en el que se encuentra desde principios de año el bufete de abogados especializado reclamar las cláusulas suelo o las tarjetas 'revolving', y garantiza la estabilidad y viabilidad de la compañía.

El despacho de abogados Arriaga, famoso por combatir las cláusulas abusivas de las hipotecas, ha alcanzado un principio de acuerdo con el fondo británico Pemberton sobre un crédito vencido de 35 millones de euros, que le permitiría levantar el concurso de acreedores voluntario que solicitó le bufete. El bufete explica en un comunicado que en los próximos días las negociaciones continuarán para concretar los detalles del acuerdo e insiste en que su falta de liquidez se debe principalmente a la retención de fondos por parte de la autoridad judicial.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha declarado en concurso de acreedores al despacho de abogados Arriaga Asociados, conocido por combatir las cláusulas abusivas de las hipotecas y otras condiciones financieras abusivas, tras no llegar a un acuerdo con el fondo de inversión británico Pemberton, con el que arrastra una deuda de al menos 32 millones de euros. El bufete podría presentar un recurso del auto y asegura que está en disposición de negociar con su acreedor para buscar una solución, y que está operando con normalidad en sus oficinas.

Según el Ministerio del Interior, en 2023 se contabilizaron 15.289 denuncias, un 8,8% menos que un año antes. Sin embargo, los expertos jurídicos afirman a idealista/news que la okupación ilegal sigue creciendo ya que la mayoría de los casos no se reflejan en las estadísticas oficiales al no ser delitos de allanamiento de morada ni usurpación del derecho de uso del inmueble. Coinciden en que cada vez más particulares y empresas optan por soluciones alternativas para recuperar rápidamente la posesión de sus propiedades, como negociar y pagar a los okupas o contratar a empresas especializadas en desalojos. Y estos casos no quedan reflejados en las estadísticas oficiales al no haber denuncia. Detallan igualmente que el principal foco de atención son los casos de inquiokupaciones; es decir, inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada.

‘Flashbacks’ del inmobiliario 6 años atrás. Exactamente hasta aquel octubre de 2017 que causó estragos en las relaciones institucionales y empresariales entre Cataluña y el resto de España. Pues como si de un ‘flashback’ se tratara, la ley de la amnistía ha dividido al sector inmobiliario y de la abogacía: los hay que creen que este episodio traerá “calma” para los más extremistas, ya que ven intrínseca una “estabilidad jurídica” para la inversión inmobiliaria. Otros, los más conservadores, avecinan una etapa de “caos” y de desinversiones en cadena en Cataluña. Desde idealista/news hemos hablado con expertos para que arrojen algo de luz sobre este asunto.

Con la crisis del coronavirus lastrando la economía española, los principales despachos de abogados de negocios presentaron sus cuentas del pasado 2019, que ya queda lejano después de todo lo ocurrido con el covid-19. La queja generalizara de que la incertidumbre política lastraba los mercados se ha quedado en nada, después del impacto del covid-19 en nuestras vidas.

José Baltasar Plaza Frias, abogado y socio director de Bufete Rosales, se encomienda a la nueva ley hipotecaria, cuya aprobación está prevista para el primer semestre de 2018, para frenar algunas malas prácticas del sector financiero que han llevado a miles de consumidores a reclamar ante la justicia. A pesar de que a corto plazo no confía en que sea una solución, espera que la normativa aporte más seguridad jurídica y protección al cliente bancario.

Tras acumular 154,6 millones de euros de pérdidas, el grupo promotor y constructor pedralbes ha presentado concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).