Defensor del pueblo vivienda

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, defiende que las viviendas públicas protegidas deben destinarse al alquiler frente a la compra y se sujeten a un régimen de protección permanente para hacer frente al problema de acceso a la vivienda en España y al sobreesfuerzo en el pago de la renta del alquiler, así como mejorar la emancipación juvenil. Además de aumentar el parque público, ve conveniente pide tomar medidas a corto y medio plazo tanto a nivel estatal como autonómico, como por ejemplo mejoras los programas de ayuda para pagar el arrendamiento o dotar de más recursos al Bono Alquiler Joven.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha calificado de "insuficiente" la gestión del Bono del Alquiler Joven en algunas consejerías autonómicas, como en Andalucía, Madrid, Galicia y Murcia, y ha advertido de un "grave incumplimiento" del plazo máximo previsto para dictar y notificar la resolución de las solicitudes. Según el informe anual que ha presentado la institución en el Congreso, un "elevado" número de jóvenes presentaron quejas en 2023 por no haber recibido el abono de los 250 euros mensuales que contempla la subvención meses después de haberla solicitado.

La oficina del Defensor del Pueblo ha publicado su Informe Anual 2022, donde la vivienda ocupa un lugar destacado. El acceso a un hogar sigue siendo el principal problema de los jóvenes y las personas con menos recursos, por lo que las reclamaciones por las solicitudes de VPO en venta o la falta de oferta de alquiler social han sido las principales quejas. La institución insta a los poderes públicos a impulsar "medidas estructurales a corto y medio plazo" para facilitar una oferta de vivienda asequible y afirma seguir con interés la tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fdez. Marugán, ha advertido que la vivienda pública protegida está en “peligro de extinción”. Fdez. Marugán aboga por construir nueva vivienda pública destinada a alquiler social, en un mercado con una fuerte demanda y una oferta insuficiente. “Cuando existe un problema de oferta, las políticas públicas deben incentivarla y no desalentarla”, concretó.

La defensora del pueblo, soledad becerril, ha remitido una carta la asociación española de banca (aeb) y a la confederación española de cajas de ahorros (ceca) para recordarles que se siguen produciendo actuaciones “no acordes con la legalidad ni con el código de buenas prácticas”.

Las quejas individuales al defensor del pueblo durante 2012 crecieron un 20% respecto al año anterior. El descontento de los ciudadanos se centran en temas relacionados con la vivienda como los desahucios o las hipotecas.