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Defensor del Pueblo: “La política debe incentivar la oferta de vivienda en alquiler y no desalentarla”

Autor: Redacción

El Defensor del Pueblo, Francisco Fdez. Marugán, ha advertido que la vivienda pública protegida está en “peligro de extinción” tras los ajustes de los últimos años. Fdez. Marugán aboga por construir nueva vivienda pública destinada al alquiler social, en un mercado con una fuerte demanda y una oferta insuficiente. “Cuando existe un problema de oferta, las políticas públicas deben incentivarla y no desalentarla”, concretó.

Durante el Congreso “Construyendo el derecho a la vivienda”, que se celebra en Cáceres los días 27 y 28 de marzo, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán ha destacado la escasez de vivienda pública en España. “La vivienda pública protegida se encuentra en mínimos históricos y corre el peligro de desaparecer por completo si no se produce un cambio rápido e intenso de las políticas públicas”, ha advertido.

Lejos quedan los años donde se entregaban entre 50.000 y 70.000 viviendas protegidas (VPO) anuales entre 2004 y 2009. La crisis económica y las políticas presupuestarias hundieron la construcción de VPO, que ha quedado en apenas 5.000 viviendas públicas en 2018, según los datos aportados por el Defensor del Pueblo.

España está entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como la vivienda”, ha remarcado.  Para el Defensor es necesario crear más viviendas públicas en alquiler social dada la situación económica, la inestabilidad laboral, los bajos sueldos o la imposibilidad de acceder a la financiación para la compra.

El alquiler es una verdadera necesidad. Lo que vemos en la calle es una fuerte demanda y una oferta con insuficiente capacidad de respuesta y, sin embargo, hoy se carece de un parque de vivienda social en alquiler”, agregó Fernández Marugán.

Para el Defensor, el ajuste entre oferta y demanda en el mercado del arrendamiento podría suavizarse a través de la vivienda pública de alquiler. “Las nuevas viviendas públicas que se construyan deberían ser todas de alquiler social. Cuando existe un problema de oferta de vivienda de alquiler, las políticas públicas deben incentivar la oferta y no desalentarla”, concretó

El Defensor del Pueblo concluyó que el esfuerzo económico para acceder a una vivienda en España es excesivo y ha pedido a que se establezcan políticas públicas que se centren en reducir el coste de acceso a la vivienda, sobre todo a familias con bajo nivel de renta y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes

Para ello, cree necesario establecer tres ámbitos de actuación:

  • mayor provisión de vivienda pública y social.
  • aumento de las transferencias a las familias para hacer frente al pago de la vivienda, incluyendo también desgravaciones en la obtención de los suministros de estas (energía eléctrica, gas, etc.).
  • controlar los precios por medio de políticas urbanísticas.